“No solo lo estás lastimando a él, nos estás lastimando a todos nosotros”: el drama de la separación de familias con estatus migratorios mixtos

María y Alberto

Un hombre espera en el área de llegadas del aeropuerto en Villahermosa, Tabasco, al sur de México. Viste de negro, lleva un sombrero y botas. Las pantallas anuncian que el vuelo de una aerolínea estadounidense procedente de Ciudad de México acaba de aterrizar.

Las puertas se abren y sale una mujer blanca de largo cabello rubio trenzado; basta solo una mirada para que el hombre que viste de negro se acerque. Entonces las lágrimas sustituyen las palabras y un abrazo, el papeleo migratorio.

Aunque llevan 18 años casados, es la primera vez que están juntos desde que inició este 2026. Ella se llama María, es de origen estadounidense, y él, Alberto, de origen mexicano. En febrero fue deportado a México.

María Vázquez vive en Lebanon, Tennessee; llegó acalorada y cansada al aeropuerto de Villahermosa, Tabasco, para reunirse con su esposo, quien está de vuelta en México tras casi dos décadas de estar en Estados Unidos. A María le tomó casi nueve horas de vuelo llegar a Tabasco: hizo escala en Atlanta, Georgia, y luego en la capital mexicana antes de llegar hasta esta ciudad al sur de México, casi frontera con Centroamérica, pero estaba feliz de por fin ver a Alberto.

“Necesitan conocerlos, no hacer juicios sin conocerlos, vivir con ellos, estar cerca de ellos; son buenas personas”. María Vázquez, esposa de mexicano deportado.

En diciembre de 2025, Alberto Vázquez fue detenido en Tennessee por agentes de ICE por manejar sin licencia, enviado a un centro de detención en Alabama y luego al Centro Correccional de Winn en Luisiana.

Alberto fue deportado a México en febrero de 2026 tras dos intentos fallidos que María atribuye a una falta de organización y deshumanización de las autoridades migratorias en Estados Unidos. En dos ocasiones lo sacaron de Winn y lo regresaron horas después porque no había lugar suficiente en los aviones para deportarlo, todo el tiempo lo tuvieron esposado con bridas de plástico.

“Me llamó a las 2:30 de la mañana para decirme que ya se lo llevaban de Winn. Seis horas después me volvió a llamar para decirme que lo habían regresado porque no había vuelos para deportar. Todo ese tiempo estuvo sentado en un autobús y solo comió un sándwich de mortadela amarrado de las manos con bridas de plástico. “No son criminales, no le han hecho daño a nadie”, lamenta María, quien sigue sin poder creer cómo el gobierno permite que esto suceda y cada vez con más frecuencia.

Por eso, cuando finalmente fue deportado a México, para María fue un alivio, pero también el inicio de un túnel de incertidumbre del cual aún no vislumbra la salida. Incertidumbre emocional y económica, pues Alberto era el principal sustento de ella, su madre de 87 años, sus tres nietos y su hija de 16 años, a quien Alberto cuidaba como su familia, aunque no llevan su misma sangre.

“Mi esposo es quien ganaba el dinero … ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Cómo voy a lidiar con esto?” María Vázquez, esposa de mexicano deportado.

Alberto llegó a Estados Unidos en 2008 a los 16 años cruzando la frontera ilegalmente. Trabajando en Georgia, conoció a María, ciudadana estadounidense con quien se casó en 2019. Se fueron a Arkansas y luego hicieron vida en Lebanon, Tennessee, donde fundaron una pequeña empresa de remodelación, que hoy agoniza con la deportación de Alberto.

El abogado que está tratando de arreglar los papeles de migración de Alberto da un plazo de hasta dos años para terminar el papeleo: “Para entonces, no voy a tener nada. ¿Qué se supone que debo hacer? “¿Cómo voy a lidiar con esto?”, lamenta María.

Según datos de la organización American Families United y el Centro de Estudios Migratorios, los cónyuges no ciudadanos suelen ser el principal sostén económico y cuidadores de las familias con estatus migratorio mixto en Estados Unidos; cuando estos son deportados, el ingreso familiar promedio de las familias cae 48 por ciento.

Nancy y Luis

“La vida de nosotros ya estaba hecha aquí. Allá se siente fuera de lugar, como si no perteneciera”. Nancy Lozada, esposa de mexicano deportado.

En tres mensajes de voz, Nancy Lozada resume una vida y cómo se está desmoronando desde finales de 2025, cuando su marido fue detenido y deportado.

Nancy envía por celular una fotografía; se ve a unos padres con sus hijos sonreír frente a un pequeño pastel, una vela que ilumina y un gran arreglo floral que acompaña el cuadro familiar, pero lejos del calor de ese hogar, una maquinaria antiinmigrantes está en marcha y acecha la vida de la familia Lozada: una semana después de esa foto del festejo de cumpleaños número 28 de Nancy, su esposo, Luis, fue detenido por ICE durante un accidente de tránsito saliendo de un partido de fútbol.

Nancy nació en Alabama; sus padres son de Guanajuato. A Luis, un ciudadano mexicano que llegó a Estados Unidos de forma irregular, lo conoció a finales de 2016 y se casaron después de tres años de noviazgo. Nancy y Luis son una pareja joven; ella tiene 28 años y él 30. Juntos crearon un negocio de limpieza de yardas y landscaping en Luisiana y son padres de dos hijos pequeños. En noviembre de 2025, tras ser detenido por agentes de ICE, Luis fue enviado al Centro Correccional de Winn el 21 de noviembre; estuvo ahí hasta el 4 de febrero de este año. Hoy está en Guanajuato, México, lejos de Nancy, de sus hijos y de una vida que forjó durante 14 años en Estados Unidos.
"Últimamente siento que no puedo”. “No nos está quedando más que ser fuertes y confiar en Dios”. Nancy Lozada, esposa de mexicano deportado.

Según datos de 2024 de la Oficina del Censo de Estados Unidos, casi cuatro millones 700 mil hogares en Estados Unidos incluyen una mezcla de estatus migratorios, con al menos un residente viviendo en el país de forma irregular y al menos otro residente legalmente como ciudadano estadounidense. La familia de Nancy y Luis Lozada es una de estas.

Nancy reconoce que no hay más opción por ahora que llevar sola la carga del negocio que fundó con Luis, el cuidado del hogar y la crianza de dos niños pequeños. Afirma que está aprendiendo sobre la marcha sobre el negocio familiar, pero que ha sido complicado, pues los clientes preguntan por Luis: “Quieren hablar con él y, pues, él está en México y es tenerles que explicar todo”.

Una encuesta de American Families United revela que cónyuges no ciudadanos que sostienen las economías familiares trabajan en su mayoría en sectores cruciales de la economía nacional: más de 40 por ciento en la construcción y oficios, doce por ciento en la hostelería y el diez por ciento en jardinería y agricultura.
“No sabemos si sería mejor que yo me fuera para allá con él y llevarme a los niños". “No sabemos qué hacer”, Nancy Lozada, esposa de mexicano deportado.

Angela y Carlos

Cuando Ángela se casó con Carlos a los 25 años de edad, “para siempre” significó más que una promesa. Se conocieron cinco años antes, se hicieron amigos de inmediato, pero llegó el romance, después el matrimonio y un hijo que les dio raíz. Por eso “para siempre” significa para Ángela esta y todas las vidas posibles.

Desde finales de 2025, a Angela se le ha reiniciado la vida en al menos doce ocasiones, el número de veces que Carlos, su esposo de origen mexicano, ha sido trasladado de un centro de detención a otro; su delito: no tener documentos legales de residencia en Estados Unidos.

“Adondequiera que lo envíen, iré". “No hay lugar al que puedan enviarlo al que no vaya”. Ángela Della Valle, esposa de mexicano en centro de detención.

Angela Della Valle ha vivido en 21 hoteles y casas rentadas de tres estados y dos territorios estadounidenses en un periodo de seis meses. Hoy en día pasa más tiempo en trayectos carreteros o en visitas en el centro de detención que en aquellos salones de clase del distrito escolar de Upper Merion, Pensilvania, donde es maestra desde hace décadas.

Sus prioridades cambiaron drásticamente cuando, regresando de vacaciones de invierno de 2024, su esposo Carlos fue detenido en el aeropuerto de St. Thomas, en las Islas Vírgenes, por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que detectaron una antigua orden de deportación en su contra de 1997. Fue puesto en libertad bajo fianza y regresó a Pensilvania.

Pero en agosto de 2025, Carlos regresó a St. Thomas para un juicio federal por un cargo de reingreso ilegal y, aunque fue declarado inocente, al carecer de estatus legal, tuvo que entregarse a ICE. Desde ese momento, Carlos fue trasladado a al menos una docena de centros de detención, incluido Alligator Alcatraz, en algo que Angela describe como un intento de romper todo lazo con su comunidad, alejándolo e incluso desapareciéndolo por horas de los radares de búsqueda de detenidos por parte de oficiales del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos.

Desde octubre de 2025, Carlos está privado de libertad en el Centro Correccional de Winn en Luisiana, mismo lugar donde estuvieron Luis, el esposo de Nancy, y Alberto, esposo de María, actualmente deportados.

En cada visita a Winn, Angela ha hecho contacto con otras mujeres que, como ella, buscan la libertad de sus esposos, lo que ha despertado en ella un activismo social que hoy se ha vuelto parte de su día a día.

“Sabemos que nuestra experiencia nos ha traumatizado, sin duda, pero creo que ver a las familias que nos rodean sin ninguna oportunidad de elaborar estrategias es ver la vulnerabilidad a los ojos”. Ángela Della Valle, esposa de mexicano en centro de detención.

Carlos llegó de manera irregular a Estados Unidos en 1997; originario de la Ciudad de México, creció en Guerrero, en la costa del Pacífico mexicano, que dejó a los 20 años por la precaria y violenta situación que ahí se vivía. Carlos se estableció en el condado de Chester, Pensilvania, donde conoció a Angela cuando se propuso aprender inglés; ella era la maestra.

Desde que se casaron en 2002, intentaron arreglar el estatus migratorio de Carlos, con pocas opciones sobre la mesa: “Probablemente vimos a 55, 60 abogados y siempre nos daban las mismas dos opciones; daba igual si íbamos a un abogado en Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania: Carlos estaba sujeto a una prohibición de diez años, es decir, tenía que salir del país durante diez años antes de que lo readmitieran y nunca quisimos hacer eso porque nuestra vida ya estaba aquí.”

Angela se refiere a algo conocido como el “castigo de los diez años” o “10-year bar”, una penalización migratoria establecida por la ley IIRAIRA de 1996, Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de Estados Unidos, que aplica a los inmigrantes que hayan acumulado más de un año de presencia ilegal en el país e implica que, una vez que salen, se les prohíbe reingresar o intentar ajustar su estatus legal durante diez años.

¿Cuál era la segunda opción, Ángela?, le preguntó. “Tener paciencia y esperar una reforma migratoria integral. Esa ley se aprobó en 1996. Estamos en 2026. Han pasado 30 años. Y nada ha cambiado”.

Por eso Ángela insiste en que es injusto e inhumano culpar a las familias por la falta de voluntad política e inacción de los gobiernos por promover una reforma migratoria integral. Agrega que no existen verdaderas opciones para la regularización de millones de inmigrantes y menos en el actual contexto que califica de persecución y criminalización de la migración.

Junto con el golpe a su núcleo familiar vino el golpe a su bolsillo, pero gracias a fondos de miembros de la comunidad en Pensilvania y otros donantes, ha logrado continuar su lucha.

Actualmente, Carlos Della Valle sigue bajo custodia de inmigración en Winn, un centro que ha sido foco de polémica esta semana tras confirmarse la muerte de Alejandro Cabrera Clemente, de 49 años, un ciudadano mexicano que permanecía ahí privado de su libertad.

Aunque existen mecanismos para que las personas que viven ilegalmente en Estados Unidos permanezcan con sus cónyuges ciudadanos estadounidenses y obtengan la residencia, actualmente no existe una vía legal que regularice su estatus.

María, Nancy y Ángela no tenían nada en común hasta que sus vidas fueron atravesadas por la agresiva política migratoria de la administración Trump y sus destinos se unieron en el centro de detención, Winn. Sus familias, compuestas por ciudadanos estadounidenses y personas indocumentadas, se denominan de estatus mixto. Hoy en día hay miles de Marías, Nancys y Angelas padeciendo por todo el país.