¿Cadenas como Home Depot o Lowe’s entregan información de las cámaras de seguridad de sus estacionamientos a Inmigración?

Grupos defensores de inmigrantes y activistas de libertades civiles advierten sobre la recopilación de datos personales en grandes tiendas, que luego puedan ser entregados a las autoridades federales para identificar a inmigrantes.

Video Cámaras en Home Depot y Lowe’s generan temor entre inmigrantes

Grandes cadenas como Home Depot y Lowe's están tomando nuevas medidas para evitar crímenes en sus instalaciones, reforzando su seguridad con cámaras en sus estacionamientos. Pero la medida no está siendo bien recibida por todos, pues existe el temor de que los registros con los datos sobre las placas de los autos sean entregados a las agencias del gobierno, afectando la tranquilidad de los clientes.

Ambas compañías empezaron a colocar cámaras con lectores automáticos de placas en sus estacionamientos, conocidas como ALPR por sus siglas en inglés.

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Las cámaras que están instalando pueden registrar el número de placa, la calle, la fecha, la hora y hasta una fotografía del vehículo y sus ocupantes.

Algunos clientes consideran que las cámaras ayudan a ofrecer protección y otros se quejaron porque afecta su privacidad. Y grupos de derechos civiles temen que la tecnología pueda usarse para identificar a trabajadores indocumentados.

La preocupación gira en torno a si la información capturada por estas cámaras podría terminar directa o indirectamente en manos de autoridades migratorias.

Tanto Home Depot como Lowe's reconocen en sus políticas de privacidad que pueden compartir información con autoridades, fuerzas gubernamentales o del orden cuando lo requiera la ley para apoyar investigaciones.

José Guerrero, abogado de inmigración, explica a N+ Univisoin que si se comete un crimen dentro de esta propiedad "ten la seguridad de que tanto las autoridades locales y hasta inmigración pudiera estar envuelta en la investigación y pedir la información que se ha recopilado a través de estas cámaras".

Por su parte, Francisco Moreno, director ejecutivo del Consejo de Federaciones Mexicanas, dijo que existe "el peligro [sobre] a dónde va a ir esta información de los clientes, más que nada de los jornaleros, a quienes cuidamos tanto, que van llegando sin documentos y de pronto van a estos lugares a buscar trabajo".

Amplia vigilancia

En agosto de 2025 la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) advirtió que los lectores automáticos de matrículos de vehículos "está construyendo una peligrosa infraestructura de vigilancia masiva a nivel nacional".

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La ACLU aseguró entonces que la empresa Flock, fabricante de cámaras ALPR, ha recopilado información que está siendo usada por ICE.

"Flock vende sus cámaras conectadas a la nube a departamentos de policía y clientes privados de todo el país, almacena los datos de matrículas que recopila en sus propios servidores y permite a la policía realizar búsquedas a nivel nacional en la base de datos resultante, lo que brinda incluso al jefe de policía de la localidad más pequeña acceso a una herramienta de vigilancia de conductores enormemente poderosa", indica un artículo suscrito por Jay Stanley, analista principal de políticas del Proyecto de Libertad de Expresión, Privacidad y Tecnología de la ACLU.

Destaca el artículo que "Flock también ha lanzado productos de análisis basados en inteligencia artificial que han llevado a la empresa a pasar de proporcionar herramientas para que las autoridades investiguen casos sospechosos a generar sospechas".

Y subraya que "dado que la empresa recopila los datos de matrículas de clientes de todo el país en su propia base de datos centralizada, puede realizar análisis sobre ese conjunto de datos".

Para Stanley, "las legislaturas estatales y los gobiernos locales de todo el país deben promulgar medidas de protección sólidas y significativas de nuestra privacidad y nuestro estilo de vida frente a este tipo de sistemas de vigilancia basados en la inteligencia artificial".

El incremento en el uso de este tipo de tecnologías ha provocado debates sobre si es una violación a la Cuarta Enmienda de la Constitución, que establece que "no se violará el derecho de las personas a la seguridad de sus personas, hogares, documentos y efectos contra registros e incautaciones injustificados, y no se emitirán órdenes judiciales salvo por causa probable, respaldada por juramento o afirmación, y en la que se describa específicamente el lugar que se va a registrar y las personas o cosas que se van a incautar".