Deportaciones

Un polémico plan de 2005 ya propuso que los indocumentados abandonen EEUU para regularizarse como ha sugerido Trump

Hace 10 años, el proyecto de Ley Kyl-Cornyn defendía que los inmigrantes que no se marcharan de forma voluntaria en los primeros 12 meses fueran castigados con 2,000 dólares por cada año de permanencia indocumentada.
26 Ago 2016 – 2:14 PM EDT

El cambio en el discurso migratorio de Donald Trump ha disparado las especulaciones sobre la posibilidad de que el candidato republicano apoye alguna vía para la regulación de indocumentados. Hasta ahora, el magnate se ha esforzado más en desinformar que en aclarar su postura. Sin embargo, sí ha dado a entender que ya no querría deportar a los 11 millones de indocumentados que viven en EEUU, sino solo a los que hayan cometido crímenes. Y a la vez, en una entrevista con el periodista Anderson Cooper, de CNN, aseguró que “no hay un camino a la legalización salvo que la gente (los indocumentados) abandone el país”.

Como todo lo que dice Trump, esto puede considerarse su opinión hasta que defienda todo lo contrario. En cualquier caso, estas palabras hacen revivir una discusión republicana ya sostenida en el Senado en 2005, cuando se debatía la reforma migratoria y el futuro de, en ese entonces, poco más de 12 millones de indocumentados.

Mientras en la Cámara de Representantes se debatía el proyecto de ley del congresista republicano James Sensenbrenner, que al final de cuentas fue aprobado y que incluyó criminalizar la estadía indocumentada (una falta que sigue siendo de carácter civil no criminal), los senadores Jon Kyl (Arizona) y John Cornyn (Texas) patrocinaron la iniciativa ‘Ley para una mejor acción policial y reforma migratoria 2005’, que entre otros pasos proponía la repatriación de todos los indocumentados. Y que una vez fuera, los repatriados pidieran permiso a través del consulado de Estados Unidos para regresar con una visa.

El proyecto fijaba un plazo de cinco años. Y quienes se marcharan en el primer año no pagarían multas, pero los demás serían castigados con 2,000 dólares por cada año de permanencia indocumentada. Una vez fuera, el plan Kyl-Cornyn recomendaba darles a los inmigrantes repatriados una visa temporal de dos años siempre y cuando se inscribieran previamente en un programa de trabajadores temporales.

Indicaba además que el indocumentado, una vez fuera, debía esperar un mínimo de 365 días para poder gestionar la visa. Y que el gobierno de su país le proveyera de un seguro médico, o el patrono que lo empleara en Estados Unidos.


Seguridad fronteriza

Simultáneo a la salida de todos los indocumentados, el gobierno federal contrataría 10,000 nuevos agentes para la Patrulla Fronteriza y otros 10,000 agentes para investigar en todo el país la contratación de inmigrantes no autorizados.

El plan Kyl-Cornyn indicaba que una vez el inmigrante recibiera la visa en el consulado estadounidense, podría regresar y permanecer dos años, y renovar el permiso dos veces por otros dos años cada vez. Y el beneficiario podía recibir la visita de familiares pero solo por un plazo de 30 días.

Adicionalmente, el plan de abandonar el país para poder legalizarse de Kyl y Cornyn incluía: aumentar el cupo en los centros de detención de inmigrantes, aumentar la dotación de jueces en las cortes de inmigración, aumentar los castigos por permanencia sin papeles, contrabando de personas, fraude de documentos y violencia de pandillas.

La propuesta no incluía, ni la residencia legal permanente (green card o tarjeta verde), ni la ciudadanía estadounidense.


Se estanca el debate

En marzo de 2006 el Senado aprobó un proyecto de ley de reforma migratoria patrocinado por los senadores Edward Kennedy (demócrata de Massachusetts) y John McCain (republicano de Arizona) que, a diferencia del plan Kyl-Cornyn, incluyó una vía de legalización para millones de indocumentados. El proyecto contó con el respaldo de la Casa Blanca de Bush, empresarios, organizaciones hispanas y el sector religioso.

A pesar de los respaldos, en junio de ese año el liderazgo del Congreso canceló el nombramiento de un comité de conferencia que armonizaba los planes de la Cámara de Representantes y del Senado, y el debate migratorio se estancó.

Trump no ha aportado más detalles sobre qué hará con los 11.3 millones que hay en el país en caso llegue a la Casa Blanca si gana la elección de noviembre. Si la última versión de su proyecto refiere que deben irse todos, el plan Kyl-Cornyn resurge de las cenizas. Pero hasta que el candidato no aclare su proyecto, el clima de incertidumbre prevalece, sobre todo en la comunidad inmigrante.

“La mejor definición que se le puede dar a las tácticas sobre la cuestión migratoria del candidato Trump, es una total y absoluta campaña de desinformación donde nadie sabe a ciencia cierta exactamente qué esta proponiendo”, dijo Juan José Gutiérrez, director del Movimiento Latino USA en Los Angeles, California.

“Eso ya lo sabíamos desde un comienzo”, dijo Gutiérrez. “No esperábamos claridad en su discurso. Pero una cosa más”, atajó. “Si propone un plan como el del 2005, no hay que olvidar la Ley del Castigo de 1996”.

La Ley del Castigo mencionada por Gutiérrez dice que si un indocumentado permaneció más de 365 días en el país, debe estar 10 años fuera de Estados Unidos antes de pedir perdón en el consulado y esperar la autorización para regresar.

La semana pasada, tras el encuentro de Trump con el grupo de hispanos, Kallyanne Conway, jefa de campaña del empresario, dijo que los planes de deportación masiva de indocumentados propuestos por el candidato "están por determinarse".

Trump viajará la semana próxima a Phoenix, Arizona, donde se espera que entregue más detalles sobre su política migratoria y el futuro de los inmigrantes indocumentados.

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