Deportaciones

Senadores piden al gobierno que se mantenga dentro del pacto judicial que prohíbe la reclusión de menores

"La política de detención familiar es moralmente incorrecta, perjudicial para los niños y sus padres, e incompatible con nuestros valores más fundamentales como nación”, se lee en la misiva. Y urgen al gobierno a que respete el Acuerdo Judicial Flores y libere a los menores detenidos en cárceles de ICE.
1 Oct 2018 – 1:01 PM EDT

Un grupo de 29 senadores (28 demócratas y 1 independiente) pidió al gobierno de Donald Trump que cancele los planes de un nuevo reglamento que le permitiría al gobierno abandonar unilateralmente el Acuerdo Judicial Flores de 1997, que prohíbe encarcelar a menores de edad.

Por medio de una carta enviada el 26 de septiembre a los secretarios de Salud y Recursos Humanos, Alex M. Azar II, y de Seguridad Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, el grupo de legisladores cuestiona la decisión anunciada el pasado 7 de septiembre, la que considera “aún peor que la crisis de separación familiar” creada hace unos meses en la frontera como parte de la política de ‘tolerancia cero’.

"La política de detención familiar es moralmente incorrecta, perjudicial para los niños y sus padres, e incompatible con nuestros valores más fundamentales como nación”, se lee en la misiva. “Por lo tanto, le pedimos que rescinda su propuesta de reglamento (…) para evitar cumplir con las obligaciones legales vinculantes establecidas por el Acuerdo de Flores y facilitar la detención indefinida de menores en instalaciones de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) financiadas por los contribuyentes”.


Las preocupaciones

Los senadores precisan que la detención prolongada e innecesaria de menores en centros de detención de ICE “viola las protecciones fundamentales para los niños que requiere el Acuerdo Flores”, y advierten que si el gobierno abandona unilateralmente el compromiso judicial “colocará a cada menor detenido en el entorno menos restrictivo adecuado a su edad y sus necesidades especiales, siempre que dicho ajuste sea coherente con sus intereses para asegurar la presencia oportuna del menor ante [DHS] y los tribunales de inmigración y para proteger el bienestar del menor y el de los demás".

Según el gobierno, los menores indocumentados arrestados solo pueden permanecer hasta un máximo de 20 días en un centro de detención y luego deben ser liberados en espera de una audiencia con un juez de inmigración quien decidirá sus futuros en Estados Unidos. La restricción, ha dicho la Casa Blanca en varias ocasiones, limita al gobierno en su capacidad para implementar y hacer cumplir la ley de inmigración, y poner fin a la inmigración ilegal.

Pero los senadores enfatizan que el Acuerdo Judicial de 1997 ordena que, “a menos que el DHS determine que se requiere detención para asegurar la presencia oportuna de un menor para procedimientos de la agencia o el tribunal de inmigración o para garantizar la seguridad del menor o la de otros, debe liberar a un menor de su custodia sin demoras innecesarias".

El nuevo reglamento anunciado “reemplazaría la política de separación familiar inhumana y forzosa del gobierno de Trump con detenciones indefinidas en instalaciones que los expertos en desarrollo infantil y atención médica han descubierto que son perjudiciales para los niños y las familias”, añade la carta.


Comentario desatinado

En la carta los senadores también criticaron recientes declaraciones hechas por el director asociado de ICE, Matthew Albence, ante el comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, donde se refirió a los centros de detención de menores controlados por ICE como “campamentos de verano”.

Albence también le pidió al legislativo eliminar el Acuerdo Flores de 1997 y un par de leyes que atan las manos a la fuerza nacional de deportaciones prometida por Trump durante su campaña presidencial.

“Los expertos en desarrollo infantil y atención médica brindan una perspectiva más creíble” a la brindada por Albernce en el Senado, indican los senadores. “La Academia Estadounidense de Pediatría ha descubierto que las instalaciones del DHS ‘no cumplen con los estándares básicos para el cuidado de niños en entornos residenciales’”, precisan.

Indican además que “la American Medical Association se opone a la detención familiar de inmigrantes, la separación de niños de sus padres detenidos y cualquier plan para expandir estos centros de detención debido a las consecuencias negativas para la salud que tiene la detención de niños y sus padres".

“Además, el Congreso recibió en julio una carta de dos de los consultores médicos del DHS que investigaron los centros de detención familiar de ICE durante varios años y concluyeron que estos centros suponen un alto riesgo de daño para los niños y sus familias", agregaron los senadores.


Fallo incumplido

Los senadores también señalan en la carta que, de acuerdo con una reciente orden emitida por la jueza federal Dolly Gee, el gobierno no puede intentar socavar sus obligaciones con el Acuerdo Flores. "Absolutamente nada impide al gobierno reconsiderar su actual política general de detención familiar y restablecer la discreción procesal", dijo Gee en su dictamen a una petición presentada por el fiscal general Jeff Sessions para que el tribunal permitiera anular el acuerdo.

Además de las preocupaciones humanitarias, recuerdan que “la detención de niños y familias es un costo extraordinario para los contribuyentes” y citan que el DHS ha reconocido haber gastado más de $866 millones en los últimos tres años en mantener espacio para detener un poco más de 3,000 unidades familiares por año.

El anuncio de cambiar la regla de detención bajo el Acuerdo Flores “reconoce que podría resultar en la detención de más personas por períodos de tiempo más largos. Sin embargo, no ha proporcionado una estimación del aumento previsto de los costos de detención familiar, por lo que el Congreso y el pueblo estadounidense no pueden ver cuán derrochador podría ser realmente su plan”, escribieron.

El grupo sugiere usar “alternativas sólidas a la detención disponibles” que son “más humanas, usan mucho menos dinero de los contribuyentes y, sin embargo, son efectivas para garantizar” que las personas cumplan con sus citas migratorias”, indican.

Entre ellas, mencionan el Programa de Administración de Casos Familiares de ICE, que fue cancelado el año pasado y que “mostró una asistencia del 100 por ciento en los procesos judiciales para los inscritos y un costo aproximado de $36 por persona por día, en comparación con aproximadamente $319 por día para una cama de detención familiar de ICE”.

La carta fue firmada por los senadores a Senators Patrick Leahy (Vermont), Ron Wyden (Oregon), Jack Reed (Rhode Island), Robert Menendez (Nueva Jersey), Ben Cardin (Maryland), Bernie Sanders (Vermont), Sherrod Brown (Ohio), Bob Casey (Philadelphia), Sheldon Whitehouse (Rhode Island), Tom Udall (Nuevo México), Jeff Merkley (Oregon), Michael Bennet (Colorado), Kirsten Gillibrand (Nueva York), Chris Coons (Delawere), Richard Blumenthal (Connecticut), Brian Schatz (Hawai), Tammy Baldwin (Wisconsin), Mazie Hirono (Hawai), Martin Heinrich (Nuevo México), Elizabeth Warren (Massachiusetts), Ed Markey (Massachusetts), Cory Booker (Nueva Jersey), Chris Van Hollen (Maryland), Tammy Duckworth (Illinois), Kamala Harris (California) y Catherine Cortez Masto (Nevada).


La reforma de Trump

La salida del gobierno del Acuerdo Judicial Flores forma parte de una lista de tres requerimientos básicos contenidos en la dura reforma migratoria que Trump busca implementar a golpe de memorandos y órdenes ejecutivas, sin el respaldo del Congreso.

Las otras dos exigencias son:


  • Eliminación de la Ley TVPRA de 2008, Ley William Wilberforce de Reautorización para la Protección de Víctimas del Tráfico de Personas. Prohíbe al gobierno deportar a menores de edad que no sean de países fronterizos (México o Canadá) detenidos en la frontera y exige que sea un juez de inmigración quien resuelta sus futuros en Estados Unidos.
  • Acuerdo Zadvydas de 1997. ICE no tiene derecho a mantener a un no-ciudadano bajo custodia al que no ha podido deportar por más de seis meses a menos de que presenten claras señales de ser un riesgo para la seguridad nacional.

El incumplimiento del acuerdo y la incomodidad del gobierno no son nuevos. En 2015 la jueza Gee falló que el gobierno de Barack Obama estaba violando el Acuerdo Judicial de 1997 al privar de libertad a menores de edad, principalmente indocumentados arrestados en la frontera por ingreso indocumentado.
Gee también llegó a la determinación que los menores encarcelados deben ser liberados, y extendió el beneficio a sus padres. En caso de que el gobierno decida cumplir el acuerdo y poner en libertad a los menores detenidos, debe otorgarles un parole (permiso) donde le indicarán una fecha para que se presenten ante un juez de inmigración quien decidirá su futuro en el país.

Trump insiste en que la mayoría de los menores detenidos no tienen o no reúnen requisitos para permanecer en Estados Unidos, negando incluso la posibilidad de que pidan asilo.

Vea también:

La política migratoria de 'tolerancia cero' de Trump en 15 fotos

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