El gobierno de Trump anuncia que se retira de acuerdo judicial que prohíbe la detención de menores inmigrantes
La Casa Blanca de Donald Trump elabora un plan para que el gobierno se salga del acuerdo judicial Flores vs Meese de 1997, que prohíbe la encarcelación de menores de edad en centros de detención de ICE.
El acuerdo le ata las manos al gobierno con su política de tolerancia cero en la frontera, al impedir que prive de libertad a menores de edad detenidos cuando intentaban ingresar indocumentados al país.
Según el gobierno, los menores arrestados solo pueden permanecer hasta un máximo de 20 días en un centro de detención y luego deben ser liberados en espera de una audiencia con un juez de inmigración quien decidirá sus futuros en Estados Unidos.
La restricción, ha dicho la Casa Blanca en varias ocasiones, limita al gobierno en su capacidad para implementar y hacer cumplir la ley de inmigración, y poner fin a la inmigración ilegal.
Proceso de salida
El gobierno se prepara para eludir los límites a la capacidad para retener a menores en cárceles de inmigración normados por el Acuerdo Flores de 1997, reportó este jueves el diario The Washington Post.
La publicación agrega que los cambios que proponen los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y de Salud y Recursos Humanos (HHS), garantizará que los menores serán tratados con dignidad, respeto y especial preocupación debido a su vulnerabilidad”.
El acuerdo judicial Flores, que para muchos constituye una garantía para el respeto de los derechos de los niños, para el gobierno de Trump se convirtió en un problema desde el inicio de su mandato el 20 de enero de 2017.
“Las lagunas legales obstaculizan significativamente la capacidad del departamento para detener apropiadamente y eliminar rápidamente las unidades familiares que no tienen base legal para permanecer en el país", dijo la secretaria del DHS, Kirstjen Nielsen, en un comunicado. "Esta regla aborda uno de los principales factores de atracción para la inmigración ilegal”, agregó.
La reforma de Trump
La salida del gobierno del Acuerdo Judicial Flores forma parte de una lista de tres requerimientos básicos contenidos en la dura reforma migratoria que Trump busca implementar a golpe de memorandos y órdenes ejecutivas, sin el respaldo del Congreso.
Las otras dos exigencias son:
- Eliminación de la Ley TVPRA de 2008, Ley William Wilberforce de Reautorización para la Protección de Víctimas del Tráfico de Personas. Prohíbe al gobierno deportar a menores de edad que no sean de países fronterizos (México o Canadá) detenidos en la frontera y exige que sea un juez de inmigración quien resuelta sus futuros en Estados Unidos.
- Acuerdo Zadvydas de 1997. ICE no tiene derecho a mantener a un no-ciudadano bajo custodia al que no ha podido deportar por más de seis meses a menos de que presenten claras señales de ser un riesgo para la seguridad nacional.
Fallos incumplidos
El incumplimiento del acuerdo y la incomodidad del gobierno no son nuevos. En 2015 la jueza federal Dolly Gee, de una corte de distrito de California, falló que el gobierno de Barack Obama estaba violando el Acuerdo Judicial de 1997 al privar de libertad a menores de edad, principalmente indocumentados arrestados en la frontera por ingreso indocumentado.
Gee también llegó a la determinación que los menores encarcelados deben ser liberados, y extendió el beneficio a sus padres.
En caso de que el gobierno decida cumplir el acuerdo y poner en libertad a los menores detenidos, debe otorgarles un parole (permiso) donde le indicarán una fecha para que se presenten ante un juez de inmigración quien decidirá su futuro en el país.
Pero Trump insiste en que la mayoría de los menores detenidos no tienen o no reúnen requisitos para permanecer en Estados Unidos, negando incluso toda posibilidad de que pidan asilo.
Batalla judicial
El nuevo reglamento de detención de menores que elabora el DHS presagia una nueva batalla judicial para el gobierno de Trump en su guerra contra la inmigración ilegal.
En abril el mandatario ordenó, como parte de la política de tolerancia cero, formular cargos criminales a los extranjeros que entran al país por lugares o autorizados para poder separarlos forzosamente de sus hijos y que ambos enfrentaran procesos judiciales separados, uno criminal y otro migratorio.
La medida generó una fuerte oleada de criticas dentro y fuera del país, obligando al mandatario a frenar las separaciones, pero mantuvo los arrestos y las deportaciones aceleradas.
El 26 de junio, tras una demanda entablada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), una corte federal del sur de California, en San Diego, le ordenó al gobierno de Trump en un plazo de 30 días reunificar a la totalidad de los 2,551 menores separados. Cinco semanas después del cumoplimiento del plazo, todavía unos 470 menores siguen separados en poder del gobierno.
Futuro inmediato
Los planes del gobierno a corto plazo, dijo The Washington Post, es mantener los centros de detención con licencias de operación como para centros de cuidado infantil.
También el gobierno garantiza que las nuevas instalaciones de detención cumplan con los estándares actuales, "según lo evaluado por una entidad externa contratada por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE)”, añade.
El DHS estima que el abandono del acuerdo judicial garantizará que la totalidad de las familias inmigrantes detenidas se presenten a sus audiencias en las cortes de inmigración.
El Acuerdo judicial Flores versus Meese de 1997 fue alcanzado tras una demanda colectiva sobre el tratamiento de niños migrantes bajo custodia del gobierno federal.
Se espera que el nuevo reglamento sea publicado en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) para abrir una ventana de comentario público durante 60 días antes de que entre en vigor.
Los defensores del acuerdo tendrán un plazo de 45 días para impugnar el nuevo reglamento anunciado por Nielsen.
Rechazo anterior
En julio la jueza Gee rechazó un rercurso presentado por el gobierno de Trump para que permitiera la detención de familias migrantes por tiempo indefinido. Gee dictaminó que la petición se trató de "un intento cínico" de deshacer un añejo acuerdo judicial.
La jueza dijo además que el gobierno federal no había presentado nueva evidencia para justificar la revisión de la orden judicial de 1997, que limita la detención de niños que cruzaron la frontera de manera ilegal, muchos de ellos buscando asilo.
Abogados consultados por Univision Noticias indicaron que uno de los graves problemas con esta decisión es la acumulación histórica de casos en las cortes de inmigración, que a finales de julio sobrepasaba los 740,000 casos.
Ante tal avalancha de casos, los tribunales pautan citas para dentro de dos o tres años, lo que puede agravar el tiempo de permanencia den un centro de detención a familias que huyeron de sus países en busca de asilo en Estados Unidos.
