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Deportaciones

Estudio dice que abandonar el Acuerdo Flores costaría a los contribuyentes hasta $12,900 millones

Trump quiere eliminar el acuerdo que prohíbe al gobierno la privación de libertad de menores de edad en recintos federales y a cambio encarcelar indefinidamente a jóvenes y niños mientras duren sus procesos de deportación.
19 Oct 2018 – 2:12 AM EDT

Los planes del gobierno de Donald Trump, de abandonar unilateralmente el Acuerdo Judicial Flores de 1997, costaría a los contribuyentes entre $2,000 y $12,900 millones en una década, revela un informe publicado este viernes.

El análisis, elaborado por el Center for American Progress (Centro para el Progreso Americano -CAP), señala además que, “incluso bajo la estimación más conservadora, la regla propuesta por el gobierno superaría con creces el umbral de $100 millones por el cual una regulación se consideraría económicamente significativa y, como tal, estará sujeta a un mayor control y análisis”.

El plan de salida del acuerdo fue fechado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el 7 de septiembre y publicado el 8 de octubre en el Registro Federal (diario oficial estadounidense), abriendo un período de 60 días para el comentario público.

El acuerdo prohíbe al gobierno la privación de libertad de menores de edad en recintos federales, como ocurre con miles de indocumentados adultos en proceso de deportación de Estados Unidos.

El gobierno ha señalado que el Acuerdo Flores frena la implementación de la política migratoria de Trump, que además de la construcción del muro a todo lo largo de la frontera con México persigue, entre otras medidas, ubicar y encarcelar indocumentados y deportarlos de manera acelerada, sobre todo aquellos que han cometido crímenes tal como ingresar ilegalmente al país.


El informe

El CAP precisa que el gobierno de Trump “se negó a estimar los costos potenciales de la propuesta, a pesar de que se requiere en virtud de una orden ejecutiva de larga data”.

"El alto costo definitivamente es algo que nos preocupa, especialmente dado que DHS y el Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) se negaron a proporcionar estimaciones de sus costos y los daños potenciales para los niños y las familias", dijo a Univision Noticias Philip E. Wolgin, autor del informe.

Según la nueva regla propuesta por DHS, el cambio permitiría al gobierno “una manera de eludir la protección” otorgada por el acuerdo, que según una interpretación de los tribunales un menos de edad no puede permanecer detenido por más de 20 días en instalaciones o centros seguras sin licencia.

“El nuevo reglamento permitiría al DHS obtener un permiso de operación alternativo, además de tener sus propios auditores y establecer sus propios estándares, allanando el camino para que se detenga a un mayor número de familias por más tiempo que el actualmente permitido”, añade.

“Las inspecciones y el monitoreo de los centros de detención por parte de ICE no llevan a un cumplimiento sostenido ni a mejoras sistémicas”, se lee en el informe. “Y dados los abusos generalizados que ya se producen en los centros familiares de detención familiar, al DHS no se le debería otorgar una nueva autoridad para certificar las condiciones para la protección de los niños en sus propias instalaciones”.

En la regla propuesta, la administración aclara que el “proceso alternativo de concesión de licencias” del DHS puede extender la detención de algunos niños, junto con sus padres, en instalaciones de encarcelamiento familiar.

El CAP tiene además que el nuevo reglamento le permita al gobierno mantener indefinidamente detenidos a los inmigrantes menores de edad. "También hace que sea mucho más difícil para los padres hacer lo que hacen los padres: demostrarles a los niños que pueden mantenerlos seguros", indicó Wolgin. "Y las condiciones en las instalaciones de detención familiar ya existentes son increíblemente peligrosas para los menores".


Argumento erróneo

El reporte indica también que el argumento del gobierno, “de que deshacerse del Acuerdo Flores desalentaría la migración familiar, es erróneo”. Explica que “un análisis reciente de los datos sobre el número mensual de detenciones de familias en la frontera suroeste, que toma en cuenta las tendencias temporales, muestra que no hubo un aumento significativo en las detenciones familiares después de la decisión de 2015”.

“Las estimaciones de costos se basan en los propios datos del gobierno”, precisa. “Primero, el autor considera los costos anuales de las camas de detención adicionales que serían necesarias para encarcelar a más familias si el DHS pudiera superar el límite de 20 días para mantener a los niños en instalaciones seguras y sin licencia. En segundo lugar, el autor considera los costos iniciales de una sola vez para que el DHS adquiera centros familiares de detención (FRC) adicionales para encarcelar a estos niños y padres durante más tiempo bajo la nueva regla”.

Wolgin también dijo que "los inmigrantes detenidos tienen muchas menos probabilidades de tener asesoría legal y, como tal, tienen muchas menos probabilidades de ganar sus casos".

El CAP dice que por ahora el gobierno “no ha proporcionado suficiente información para calcular los costos que incurrirá el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), ministerio que por ley se encarga del cuidado de inmigrantes menores de edad aprehendidos por las autoridades de inmigración cuando cruzan indocumentados la frontera.

El informe indica además que “los costos estimados incluyen dos partes: primero, los costos anuales de las camas de detención adicionales que serían necesarias según el nuevo reglamento, ya que más niños y padres están detenidos juntos por más tiempo; en segundo lugar, los costos iniciales de una sola vez para que el DHS adquiera centros residenciales familiares adicionales para encarcelar a estos niños y padres por más tiempo. Estos cálculos no tienen en cuenta ningún costo para HHS según la regla, que fácilmente podría costar otros millones de dólares adicionales”.

El costo diario por cama en un centro de detención familiar de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), de acuerdo con documentos entregados por la agencia al Congreso para el año fiscal 2019, es de $318.79.

Wolgin dijo que lo que más molesta del plan del gobierno "es que pretende encarcelar indefinidamente a niños y padres". Y que el gobierno ha demostrado alternativas a la detención que permiten que las familias no sean encarceladas, "mientras se aseguran de que cumplan con sus audiencias judiciales, con órdenes de deportación, etc. Irónicamente, una de las más exitosas (el Programa de Administración de Casos Familiares), diseñado específicamente para ser una alternativa a la detención para las familias, tuvo una tasa de éxito del 99% para las personas que asisten a sus audiencias judiciales y similares, y solo cuesta $ 36 por familia por día".

Además del Acuerdo Flores

A finales de septiembre ICE le pidió al Congreso, además de eliminar el Acuerdo Flores, cancelar otras tres medidas que protegen a los inmigrantes de la deportación acelerada:


  1. Enmendar la Ley TVPRA, que previene el tráfico humano, prohíbe la deportación acelerada de niños y exige que sea un juez de inmigración el que decida el futuro de los menores arrestados en la frontera que no provengan de países vecinos (México y Canadá).
  2. Modificar la definición de "joven inmigrante especial" (Programa SIJ), para impedir que el solicitante de asilo, aunque haya probado no pueda ser reunificado con sus padres por situación de violencia o abandono, permanezca en Estados Unidos.
  3. Modificar el estándar de miedo creíble. Endurecer los requisitos de asilo, aumentar el poder de los agentes fronterizos para rechazar solicitudes de refugio y acelerar las deportaciones.

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