Siete asambleístas opositores apaleados en Venezuela por fuerzas afines a Maduro

El régimen de Nicolás Maduro ha incrementado la represión, con arrestos y violencia contra los manifestantes y opositores, que advierten que el "autogolpe" sigue en marcha.

Golpe contra la democracia y golpes contra los diputados en Venezuela. Soldados, policías y miembros de bandas armadas que apoyan al régimen chavista han agredido al menos a siete asambleístas de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en el marco de las manifestaciones realizadas desde el viernes 31 de marzo, para denunciar el “autogolpe” ejecutado por el presidente Nicolás Maduro.

El legislador Juan Requesens terminó con el rostro bañado en sangre, la frente rota y la nariz fracturada, luego de encabezar una protesta este lunes a las puertas de la Defensoría del Pueblo, ubicada en el centro de Caracas.

El suceso, en el que también salió con una costilla lesionada el parlamentario José Brito, fue condenado por el defensor del pueblo, Tareck William Saab, quien a través de su cuenta en Twitter exhortó a las autoridades a sancionar a los responsables.

Por medio de dos sentencias dictadas la semana pasada, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) –controlado por el oficialismo- asumió las competencias de la Asamblea Nacional (AN) y eliminó la inmunidad parlamentaria. En la práctica, fulminó al Poder Legislativo.

Sin embargo, la madrugada del sábado los magistrados “suprimieron” los puntos más controvertidos de los fallos, en respuesta a las críticas de la comunidad internacional, la oposición y la propia fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, ficha del chavismo, que alertó sobre la “ruptura del orden constitucional”.

A pesar de que la cúpula del Poder Judicial corrigió parcialmente sus decisiones, la MUD advierte que el “autogolpe” sigue en marcha. ¿La razón? El TSJ ha firmado 56 resoluciones en 14 meses contra la AN y la declaró en “desacato”, impidiéndole ejercer sus atribuciones y funciones.

Pasando por encima de los diputados, los magistrados aprobaron la Ley de Presupuesto de 2017 y han permitido a Maduro gobernar con un decreto de emergencia económica desde enero de 2016.

Los parlamentarios tomaron las calles para rechazar la ofensiva de Maduro, pero rápido sufrieron en sus carnes los efectos de la represión. Requesens y sus colegas Carlos Paparoni y Marcos Bozo fueron pateados por militares el viernes en las inmediaciones del TSJ, en el centro de la capital, donde igualmente resultó agredida la periodista de Univision Elyangélica González.

Ese mismo día, al frente del Ministerio Público, la legisladora Dinorah Figuera fue atacada por un hombre vestido de negro y con el rostro cubierto.

“Hemos sido agredidos por grupos paramilitares financiados por el Gobierno”, señaló Figuera. El sábado, en una marcha convocada por la oposición en Caracas, los parlamentarios José Guerra y Miguel Pizarro sufrieron problemas respiratorios a causa de las bombas lacrimógenas disparadas por integrantes de los cuerpos de seguridad.

Contra todo



El abogado Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, indica que el régimen chavista ha sumado en las últimas horas otros cuatro presos políticos: los oficiales Ricardo Somascal y Angelo Heredia, y los dirigentes del partido socialcristiano Copei Roberto Henríquez y Eduardo Vetencourt De Lima, todos acusados ante los tribunales militares por traición a la patria e instigación a la rebelión. De acuerdo con las cifras de esta asociación civil, en estos momentos existen 117 presos políticos en Venezuela.

“Hay un incremento de la ola represiva del Gobierno de Maduro”, afirma Romero. El experto legal sostiene que el uso de la jurisdicción militar y del delito de traición a la patria –el más grave de carácter político, que implica 30 años de cárcel – sirve para “amenazar e intimidar” a la disidencia. “Esto deja en evidencia un esquema represivo que, además, siempre echa mano de la narrativa que gira alrededor de una supuesta rebelión”, subraya el vocero de Foro Penal.

El Jefe de Estado activó en enero un “comando nacional antigolpe” para desmontar los supuestos planes conspirativos de la oposición. La instancia está a cargo del vicepresidente Tareck El Aissami, sancionado en febrero por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con capos del narcotráfico.

En menos de 48 horas después de su instalación, el “comando nacional antigolpe” detuvo al diputado Gilber Caro y su novia Stacy Escalona, los concejales José Luis González Villasmil y Romer Ángel Rubio Flores, y el exministro de la Defensa, Raúl Isaías Baduel.

Aunque cuenta con inmunidad parlamentaria, Caro permanece recluido en una prisión con delincuentes comunes y su defensa ha dicho que pretenden procesarlo ante la justicia militar por porte de armas de guerra y planificación de actos terroristas.

Insistiendo en la tesis de la “traición a la patria”, e l chavismo trata de impedir que los legisladores de la oposición continúen con sus esfuerzos diplomáticos ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y otros foros internacionales. El Gobierno anuló los pasaportes de los parlamentarios Luis Florido y Eudoro González, presidente de la Comisión de Política Exterior y jefe de la delegación de Venezuela ante el Parlamento del Mercado Común del Sur (Parlasur), respectivamente.

La exmagistrada del TSJ, Blanca Rosa Mármol de León, considera que los diputados y los ciudadanos en general enfrentan la arremetida del “terrorismo judicial”.

“Con las últimas decisiones de la Sala Constitucional buscaban quitarle la inmunidad a los parlamentarios para meterlos presos por ‘traición a la patria’, que es su delito favorito porque impone 30 años de prisión. El objetivo es claro, convertir a la Justicia en un instrumento de persecución contra los diputados para que la Asamblea no pueda actuar”, concluye Mármol de León.

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