Fiscales presentan nuevas acusaciones de narcotráfico contra el presidente de Honduras
Un documento presentado el viernes por fiscales federales en Nueva York revela nuevas acusaciones de tráfico de drogas contra el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien supuestamente le dijo a un co-conspirador que iba a "meter las drogas por las narices de los gringos".
El documento de 49 páginas se publicó en relación con el próximo juicio a Geovanny Fuentes, quien fue arrestado en Miami en marzo de 2020 por cargos de tráfico de drogas y armas y está acusado de trabajar “con otros narcotraficantes violentos y a gran escala para ingresar miles de kilogramos de cocaína a Estados Unidos".
El arresto de Fuentes siguió a la condena en octubre de 2019 del hermano del presidente, Tony Hernández, quien también figura como co-conspirador y que, según los fiscales, "dirigía actividades de narcotráfico en Honduras".
Las más recientes revelaciones se producen justo antes de que el presidente electo Joe Biden asuma el cargo el 20 de enero, quien según los analistas tomará una línea más dura contra su homólogo hondureño que el presidente Donald Trump, quien en gran medida ha hecho la vista gorda ante las acusaciones mientras que Honduras se ha torcido a la voluntad de la agenda de inmigración de su administración.
El presidente Hernández, quien según los fiscales recibió millones en sobornos de narcotraficantes, incluido del exjefe del Cartel de Sinaloa, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, ha negado con vehemencia todas las acusaciones de participación en el tráfico de drogas.
“La versión que [el presidente Hernández] supuestamente aceptó dinero de drogas de Geovanny Daniel Fuentes Ramírez, o dio protección o coordinación a narcotraficantes, es 100% falso y parece estar basado en mentiras de criminales confesos que buscan venganza,” dijo en Twitter una cuenta oficial del gobierno hondureño en respuesta a las más recientes acusaciones.
En el documento se identifica al presidente Hernández como 'CC-4', o co-conspirador 4, pero el contexto claramente indica que él es la persona a la que se hace referencia.
Según los fiscales, en 2013, Juan Orlando Hernández, quien en ese momento estaba haciendo campaña para su primer mandato como presidente, se reunió al menos dos veces con Fuentes en la oficina de un empresario local y principal donante de campaña, Fuad Jarufe. Hernández presuntamente frecuentó la oficina de Jarufe, incluso en una ocasión en la que se le cita como regodeándose por "malversar el dinero de la ayuda proporcionada por Estados Unidos a través de organizaciones no gubernamentales fraudulentas y robo de dinero de la seguridad social de Honduras."
“Estamos robando mejor que en los tiempos de Callejas”, dijo Hernández durante esa reunión, según una fuente con conocimiento directo del caso y que habló en exclusiva con Univisión Noticias bajo la condición de anonimato. La supuesta referencia de Hernández es al expresidente Rafael Callejas, quien es considerado por muchos como uno de los presidentes hondureños más corruptos.
Una investigación previa de Univisión detalla cómo los políticos han malversado a millones de dólares a través de organizaciones sin fines de lucro.
Durante las reuniones con Fuentes, Hernández supuestamente le dijo que estaba interesado en acceder a un laboratorio de cocaína presuntamente operado por ese narcotraficante debido a su proximidad a Puerto Cortés, un puerto de envío clave en la costa norte de Honduras.
Se alega que Fuentes ha operado un laboratorio desde al menos 2010 con otro narcotraficante llamado Melvin Sanders, quien se identifica en el documento como CC-1, o co-conspirador 1, produciendo aproximadamente 200 a 300 kilogramos de cocaína por mes. Sanders presentó a Fuentes a los líderes de la notoria familia criminal de los Cachiros, incluido Devis Rivera Maradiaga, quien ahora testifica contra Fuentes.
A cambio de presuntos sobornos por un total de aproximadamente $25,000 y acceso al laboratorio, Hernández acordó brindar protección a Fuentes y sus actividades de narcotráfico a través del ejército y el Fiscal General de la nación, y le ordenó que “reportara directamente a Tony Hernández con respecto al narcotráfico".
Luego de las reuniones, Fuentes comenzó a recibir apoyo de militares de alto rango, incluidos regalos de una ametralladora, uniformes militares, chalecos antibalas e insignias de policía. El oficial que coordinó el apoyo fue René Orlando Ponce Fonseca, quien en ese momento era comandante de la poderosa 105 Brigada Militar y quien está identificado en el documento como CC-13, o co-conspirador 13, según una fuente con conocimiento directo del caso y que habló en exclusiva con Univisión Noticias bajo la condición de anonimato.
Ponce Fonseca fue designado más tarde por el presidente Hernández como jefe del estado mayor conjunto de las fuerzas armadas hondureñas en 2017. Ponce Fonseca también protegió a Fuentes del arresto en Honduras, según la fuente.
Fuentes supuestamente recibió protección de miembros de alto rango de la policía nacional, incluido Leonel Sauceda, uno de los principales policías del país que fue acusado de lavado de dinero el año pasado y está identificado en el documento como CC-9, o co-conspirador 9, según a la fuente.
Después de su arresto, en una entrevista con funcionarios de la DEA, Fuentes admitió varias cosas que podrían usarse en su contra en el juicio. Entre otras cosas, admitió tener una relación con varios narcotraficantes, ser dueño de la propiedad donde se encontró el laboratorio de drogas y tener una relación con el empresario Jarufe, quien dijo que era un colaborador de las campañas de Hernández.
Mientras estaba en la cárcel, Fuentes supuestamente le dijo a uno de los líderes de la pandilla Cachiros, Devis Rivera Maradiaga, que culpaba a Hernández por su detención. Dijo que antes de su arresto, el presidente había enviado a un oficial militar a reunirse con él y otro cómplice, para que una de las empresas de Fuentes lavara millones de dólares.
El juicio de Fuentes está programado para comenzar el 8 de marzo. Mientras tanto, el hermano del presidente Hernández, Tony, será sentenciado a finales de este mes después de un retraso de un año debido principalmente a la pandemia.
