Fiscal general de Honduras pide ejecutar orden de captura internacional contra Juan Orlando Hernández

El abogado de Hernández, recientemente indultado por Trump, respondió que la orden de captura en Honduras “es claramente una jugada política del desacreditado Partido Libre para intimidar al presidente Hernández justo cuando están siendo apartados del poder”.

Video ¿Qué opinan los hondureños sobre el perdón de Trump al expresidente Juan Orlando Hernández?

El fiscal general de Honduras solicitó el lunes la ejecución de una orden de captura contra el exmandatario Juan Orlando Hernández, a quien se le atribuyen delitos de lavado de activos y fraude, y que fue puesto en libertad en Estados Unidos tras recibir un indulto del presidente Donald Trump.

“Informo al pueblo hondureño que he instruido a la ATIC (Agencia Técnica de Investigación Criminal) y también a los organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados internacionales, como ser la Interpol, a ejecutar la orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández, acusado por los delitos de lavado de activos y fraude en el caso Pandora II. Nuestra lucha es frontal", escribió en X el fiscal general Johel Antonio Zelaya Álvarez, quien ocupa el cargo con el respaldo del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre).

PUBLICIDAD

La petición del fiscal llegó un día después de que el partido Libre difundiera un comunicado repudiando el indulto concedido por Trump. La orden de captura contra Hernández en Honduras había sido emitida en 2023 por un magistrado de la Corte Suprema.

Hernández, de 57 años, cumplía una condena de 45 años por narcotráfico en EEUU, pero recuperó la libertad el 1 de diciembre tras ser indultado por Trump, quien asegura que su juicio fue politizado.

Las acusaciones contra Juan Orlando Hernández

Pandora II apunta a una estructura de corrupción integrada por exfuncionarios que, entre 2010 y 2013, facilitaron y aprobaron transferencias de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras (algo más de 11 millones de dólares) hacia diversas fundaciones, según la investigación de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO).

De acuerdo con esa unidad, Hernández, quien gobernó entre 2014 y 2022, se benefició de esos recursos al recibir para su campaña política al menos 62 millones de lempiras (más de 2.3 millones de dólares) mediante distintos mecanismos, como la creación de sociedades de papel, el uso de prestanombres y contratos simulados.

El abogado de Hernández en Estados Unidos respondió el lunes que la orden de captura en Honduras “es claramente una jugada política del desacreditado Partido Libre para intimidar al presidente Hernández justo cuando están siendo apartados del poder”.

Hernández difundió un video el viernes en el que agradeció el indulto de Trump y reiteró que es inocente de todos los señalamientos. Dijo haber sido víctima de una “conspiración” urdida por criminales a los que enfrentó durante su gestión y por sectores de izquierda, en alusión al gobierno de la actual presidenta Xiomara Castro.

PUBLICIDAD

Sostuvo que durante su juicio se ocultaron evidencias, se impidió la participación de testigos y se archivaron informes oficiales que —según él— demostraban su inocencia. Recalcó que en sus dos mandatos se aprobaron leyes contra el crimen organizado y se reforzó la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos.

Hernández fue detenido en febrero de 2022 a solicitud de Estados Unidos, pocas semanas después de la investidura de Castro. Dos años más tarde, un tribunal federal de Nueva York lo declaró culpable de aceptar sobornos de narcotraficantes para permitir el tránsito de unas 400 toneladas de cocaína por territorio hondureño rumbo a Estados Unidos.

A lo largo de todo el proceso, Hernández insistió en que no había cometido delito alguno.

Ana García, esposa de Hernández, dijo a la AFP que el exmandatario descarta regresar por ahora a Honduras porque teme por su vida.

Con información de AP.

Video Las evidencias por las que sentenciaron a Juan Orlando Hernández a 45 años de prisión en 2024