¿Existe un vínculo de la inteligencia de EEUU con el asesinato del presidente de Haití?
En un nuevo y curioso giro, el Departamento de Justicia ha pedido a un tribunal de Miami que imponga medidas de seguridad especiales para proteger la información clasificada que pueda convertirse en prueba en el caso de uno de los acusados de participar en el supuesto complot de asesinato del presidente de Haití el pasado mes de julio.
En una presentación judicial, la fiscalía en Miami han pedido al juez que designe a un "oficial de seguridad de la información clasificada" en el caso contra Mario Palacios, el exsoldado colombiano que supuestamente participó en el complot.
La solicitud, que fue concedida por un juez, parece confirmar las sospechas sobre algún vínculo aún poco claro entre el asesinato del presidente Jovenel Moise y las acciones de agentes de inteligencia o informantes del gobierno estadounidense. Los documentos judiciales no explican en detalle por qué es necesaria la medida cautelar, ni a qué tipo de pruebas podría referirse.
"El gobierno está telegrafiando la participación de la CIA", dijo Mike Vigil, ex jefe de operaciones de la DEA en el Caribe.
"La solicitud [del gobierno] plantea una vez más preguntas sobre qué, precisamente, ha estado haciendo Estados Unidos en Haití, y qué información puede tener en relación con el complot para asesinar al presidente", dijo Jake Johnston, un observador de Haití con el Centro de Política e Investigación Económica (CEPR) en Washington DC.
"Desgraciadamente, parece que el público no obtendrá respuestas en breve. Con la investigación en Haití sin llegar a ninguna parte, muchos esperaban respuestas de la investigación del FBI; el archivo indica que nadie debería contener la respiración", añadió.
El supuesto papel de Palacios en el magnicidio en Haití
Palacios era uno de los veinte exsoldados colombianos que están acusados de montar un asalto a la residencia de Moise en la noche del 7 de julio, lo que provocó su muerte. Tres colombianos murieron tras el asalto y el resto fueron detenidos, excepto Palacios, que escapó. Fue detenido meses después por las autoridades estadounidenses en Panamá en un vuelo de escala de Jamaica a Colombia. Su juicio estaba fijado para el 9 de mayo y ahora es probable que se retrase varios meses.
El caso implica a un empresario haitiano que también está bajo custodia estadounidense, Rodolphe Jaar, un antiguo informante de la DEA que pasó por la cárcel por contrabando de cocaína. Un segundo informante de la DEA, Joseph Vincent, es uno de los tres haitianos-estadounidenses que fueron detenidos con los colombianos en Haití.
La estrecha cooperación entre la CIA, la DEA y las fuerzas colombianas
Otro sospechoso nombrado en una investigación de la policía haitiana sobre el asesinato, Arcángel Pretel, es un antiguo entrenador militar colombiano que trabajó con las operaciones antinarcóticos en la década de 1990, una época de la estrecha cooperación entre la CIA, la DEA y las fuerzas colombianas para acabar con los carteles de la cocaína de Medellín y Cali.
Aunque no es del todo extraordinario en los casos del sur de Florida o de Washington DC, la orden de protección de pruebas es " indicativa de una fuente que tiene vínculos con los servicios de inteligencia o de un acusado que tiene vínculos con información de inteligencia que podría ser exculpatoria o inculpatoria", dijo David Weinstein, exfiscal federal que ahora trabaja en la práctica privada en Miami.
Debido a la naturaleza "inusual y compleja" de la investigación en curso, el gobierno también ha solicitado un retraso en el juicio de Palacios, en parte debido a "la necesidad de que las partes participen en ciertos procesos relacionados con la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA)", según los documentos judiciales.
Cómo proteger la información clasificada
Normalmente, la orden de protección se dicta para garantizar que las pruebas clasificadas compartidas con la defensa no se hagan públicas en el tribunal. Los abogados de la defensa pueden recibir autorizaciones de seguridad para ver las pruebas, o pueden recibir resúmenes de las mismas. Las normas de la CIPA suelen surgir en casos de terrorismo, o cuando los informantes del gobierno estadounidense son sorprendidos infringiendo la ley.
"Significa que hay pruebas que incluyen información clasificada", dijo Richard Gregorie, un exfiscal federal de Miami que dirigió varios casos de drogas de alto perfil que involucran a informantes del gobierno, como el ex hombre fuerte de Panamá, el general Manuel Antonio Noriega, un exactivo de la CIA que fue condenado por tráfico de drogas en Miami 1991.
"Se supone que los fiscales no deben tratar directamente con la CIA, pero cuando una acusación debe revelar información clasificada que proviene de la CIA o que implica directamente a la CIA, debe haber protocolos que impliquen la CIPA, ley de procedimientos de información clasificada", dijo.
