El caso del 'policía rebelde' en helicóptero acentúa el caos en Venezuela

La crisis y la tensión política del país sigue escalando, a un mes de las elecciones convocadas por Maduro para elegir la Asamblea Constituyente que gobernaría en forma interina.
29 Jun 2017 – 9:50 PM EDT

El gobierno calificó el hecho del helicóptero como un “ataque terrorista”. El titular de Interior, Néstor Reverol, enfatizó que el presunto atentado perseguía “elevar la escalada golpista y su ofensiva insurreccional y la espiral de violencia que en reiteradas oportunidades ha convocado la derecha antidemocrática”.

El vicepresidente Tareck El Aissami informó la tarde de este miércoles que la aeronave fue hallada en un pueblo del estado Vargas, a 54 millas (87 kilómetros) de la capital, y que aún no han detenido al “autor material” de la agresión, el inspector Óscar Alberto López Pérez.


La versión oficial no ha podido contrarrestar los rumores que especulan sobre un “falso positivo” o montaje del propio gobierno para incrementar la represión. Las dudas abundan. ¿Cómo es posible que un régimen que dice estar preparado para derrotar golpes de Estado, planes magnicidas y la intervención del “imperio” estadounidense, no haya tenido la capacidad de evitar este atentado perpetrado a escasos metros del palacio de Miraflores? Si el chavismo culpa a la CIA de Estados Unidos, los opositores sospechan que detrás de este incidente están las manos del G2 cubano para engañar a la población.

Reverol precisó que López Pérez, de 36 años, tiene “relación directa con agencias de inteligencia de Estados Unidos”. Pero más allá de su presunto enlace con espías extranjeros, en las redes sociales lo que más se destaca de este piloto con más de 16 años de carrera en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), es su actuación en la película venezolana Muerte Suspendida de 2015 y su atractiva apariencia física. Algunas tuiteras hasta llegan a compararlo con La Roca y Vin Diesel.


Mientras todos buscaban en el cielo el helicóptero, en la tierra efectivos de la Guardia Nacional golpeaban y ofendían a los diputados dentro del Palacio Federal Legislativo. El enfrentamiento comenzó cuando –sin el consentimiento de las autoridades civiles- los militares trataron de guardar en el puesto de comando que tienen en el Parlamento el material que se utilizará para las elecciones de la Constituyente. Los parlamentarios opositores que han llamado a boicotear esos comicios, pidieron explicaciones a los soldados y en lugar de argumentos recibieron puñetazos e insultos.

El coronel Vladimir Lugo, jefe del destacamento, se encargó de grabar y difundir un video en el que grita, manotea y empuja por la espalda al presidente de la Cámara, Julio Borges, quien a pesar de las provocaciones evitó reaccionar violentamente. “¡Usted puede ser presidente de lo que sea, pero le agradezco se retire!”, vociferó Lugo antes de echar fuera de su oficina a Borges con un empujón.


El jefe de la Asamblea Nacional reveló en un tuit que publicó posteriormente que el oficial al que la Guardia Nacional confió el resguardo de la Asamblea Nacional, ha agredido a periodistas y a la madre del preso político Leopoldo López, y habría estado involucrado en el secuestro de tres hermanos menores de edad que aparecieron muertos en 2006.

Antejuicio contra la Fiscal

A medida que se acerca la fecha de las elecciones de la Asamblea Constituyente, previstas para el domingo de 30 de julio, aumenta el caos y la tensión política en Venezuela. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció este miércoles que desconocerá las decisiones del “ilegítimo” Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), luego de que el máximo juzgado dictara el martes dos fallos que vulneran sus competencias y autonomía.


En un breve discurso en el que citó tres veces al difunto comandante Hugo Chávez y se erigió en defensora de su “legado”, la jefa del Ministerio Público señaló que los magistrados “están derogando la Constitución” y afirmó que “continuamos en presencia de la ruptura del orden constitucional”.

En respuesta al desafío planteado, la cúpula del Poder Judicial fijó para el próximo martes la audiencia de antejuicio contra la fiscal general y, como si se tratara de una delincuente de máxima peligrosidad, le prohibió la salida del país y congeló sus cuentas bancarias.

Hace exactamente una semana, la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) llamó a la desobediencia civil frente al gobierno del presidente Nicolás Maduro, con el objetivo de organizar una “gran protesta nacional permanente” para “lograr la sustitución del régimen dictatorial”. Invocando uno de los artículos constitucionales referidos por la MUD, Ortega Díaz también convocó a los venezolanos a luchar por la plena vigencia de la Carta Magna. “Defenderé la Constitución y la democracia hasta con mi vida, lo juro”, espetó la funcionaria, que hasta finales de marzo respaldó todas las ejecutorias de Maduro.


Figura emblemática del chavismo desde 2007, cuando asumió el cargo, Ortega Díaz se ha convertido en una piedra en el zapato de la revolución, condenando la instalación de la Constituyente y denunciando la represión contra las manifestaciones opositoras, que ya arrojan un saldo de 76 muertes. Las resoluciones del TSJ buscan facilitar el enjuiciamiento de la responsable del Ministerio Público y, además, limitar el monopolio que ejerce sobre la investigación penal, transfiriendo parte de sus atribuciones a la Defensoría del Pueblo.

“Alguien quiere investigaciones penales a su medida y la represión ahora irá en aumento. Esta sentencia es para que muertes como la del joven Pernalete sean ‘causadas’ por una pistola de perno cautivo y no por una bomba lacrimógena de la Guardia Nacional como realmente sucedió”, apuntó la fiscal general. El gobierno afirmó que Juan Pablo Pernalete Llovera, de 20 años, había sido asesinado por un supuesto militante de la oposición en medio de una marcha que se realizó el 26 de abril en Caracas; sin embargo, el Ministerio Público determinó que el autor del crimen fue un militar que le disparó al pecho.

La declaración de Ortega Díaz es la gota que desbordó el vaso de una crisis política donde las principales instituciones se desconocen mutuamente. Valiéndose del control que mantiene en el TSJ, Maduro en la práctica ha inhabilitado a la Asamblea Nacional y al Ministerio Público, al tiempo que impulsa una Constituyente para reescribir la Carta Magna y diseñar un Estado a su medida. Ante esta ofensiva, la MUD y la fiscal promueven un levantamiento popular para frenar el plan del chavismo y rescatar la democracia.


En fotos: Aumentan las muertes en la represión contra las protestas en Venezuela

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