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La fiscal general sigue mostrando fuerte oposición a las movidas legales del gobierno.

Fiscal de Venezuela rechaza la Constituyente y da un duro golpe a Maduro

Fiscal de Venezuela rechaza la Constituyente y da un duro golpe a Maduro

La crítica de Luisa Ortega Díaz deja en evidencia las divisiones en el seno del gobierno y sacude los cimientos del movimiento chavista en medio de la peor crisis que ha enfrentado Maduro desde su llegada al poder en abril de 2013.

La fiscal general sigue mostrando fuerte oposición a las movidas legales...
La fiscal general sigue mostrando fuerte oposición a las movidas legales del gobierno.

CARACAS, Venezuela.- La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, rechazó la propuesta del presidente Nicolás Maduro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, pues considera que esta iniciativa “aceleraría la crisis” que atraviesa Venezuela.

La crítica de Ortega Díaz deja en evidencia las divisiones en el seno del Gobierno y sacude los cimientos del movimiento chavista en medio de la peor crisis que ha enfrentado Maduro desde su llegada al poder en abril de 2013.

“La propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, lejos de coadyuvar a la ansiada reconciliación nacional, generaría un alto grado de incertidumbre, habida cuenta del riesgo y la desconfianza que se produciría en los ciudadanos ante la eventual pérdida de las conquistas logradas con la Constitución de 1999”, señala Ortega Díaz en una carta que envió al encargado de la comisión promotora de la Constituyente, Elías Jaua.

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La misiva ensancha la brecha abierta a finales de marzo por la jefa del Ministerio Público, cuando denunció que las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia contra el Parlamento representan una “ruptura del orden constitucional”. Aquellas palabras fortalecieron los argumentos de la oposición, que desde principios de abril ha encabezado una serie de protestas que ya arrojan 44 muertos, más de 900 heridos y casi 2,500 arrestos.

La posición crítica asumida por Ortega Díaz, figura claramente identificada con el oficialismo, ha significado un duro golpe para Maduro. Al perder el control sobre la Fiscalía General de la República, el mandatario se ha visto obligado a utilizar la justicia militar para perseguir y procesar a los ciudadanos que participan en las manifestaciones opositoras. Este hecho ha sido condenado por organismos defensores de Derechos Humanos y el propio secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luisa Almagro, quien indicó que el uso de los tribunales castrenses para enjuiciar a civiles es una práctica histórica de las dictaduras latinoamericanas.

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A diferencia de la oposición tradicional, la máxima responsable del Ministerio Público desmonta la idea de la Constituyente echando mano del discurso chavista que ella siempre ha suscrito. “La Constitución de 1999 es inmejorable, además de ser el mayor legado del presidente Hugo Chávez”, subraya en el documento que remitió a Jaua, donde también declina la invitación que le extendieron para participar en una reunión sobre la Constituyente que se realizaría en el palacio de Miraflores.

Cuestionamiento de peso


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Este es el primer cuestionamiento de peso que salta desde el campo revolucionario contra la Constituyente, que Maduro pretende vender como la panacea para todos los males que sufre la República y el único camino a la paz. El diputado del Polo Patriótico –alianza chavista- Eustoquio Contreras ha objetado el planteamiento presidencial y el embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Rafael Ramírez, lo definió como “un paso arriesgado”.

Antiguos ministros y generales retirados que estuvieron bajo las órdenes de Chávez, han respaldado la opinión de Ortega Díaz. Marea Socialista, escisión del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), expresó que su declaración sobre la ruptura del orden constitucional sacó a la luz pública “una fractura política en el chavismo oficial” y reforzó el malestar que dicen existe en las bases oficialistas.

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En una entrevista que concedió a The Wall Street Journal, la fiscal general censuró la represión contra los manifestantes que reclaman a Maduro respetar la Constitución y adelantar la convocatoria a elecciones presidenciales, originalmente pautadas para 2018. “No podemos exigir un comportamiento pacífico y legal de los ciudadanos si el Estado toma decisiones que no están de acuerdo con la ley”, aclaró al diario norteamericano.

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El gobierno de Venezuela recurre a la justicia castrense para encarcelar a opositores, ante la negativa del Ministerio Público de imputar a manifestantes detenidos en forma arbitraria o sometidos a torturas.

Mientras el PSUV guarda prudente silencio y Maduro evita atacarla directamente, la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en el pasado víctima de sus imputaciones y averiguaciones, ahora reconoce el denuedo de Ortega Díaz. “Ha dado una muestra de valor, coraje y compromiso con el rescate de la democracia y de todas las libertades”, enfatizó el alcalde David Smolansky, dirigente de Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, quien cumple una condena de casi 14 años de prisión luego de que el Ministerio Público lo acusara de promover la violencia que se desató en el marco de las protestas que se registraron en 2014.

La MUD ha reiterado que no participará en la Constituyente y que mantiene en la calle su agenda de cuatro puntos: elecciones generales, reconocimiento a la Asamblea Nacional, liberación de presos políticos y el establecimiento de un canal humanitario para mitigar la escasez de alimentos y medicinas que afecta al país. Para alcanzar sus objetivos, la oposición admite que es necesario que se produzca un quiebre dentro de la revolución y, al parecer, ya la fisura se está abriendo.

En fotos: Aumentan las muertes en la represión contra las protestas en Venezuela
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