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EEUU impone sanciones a la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo

El gobierno del presidente Trump congela todos los activos de la primera dama y un colaborador íntimo del presidente Daniel Ortega. Trump declara a Nicaragua una “amenaza para la seguridad nacional” del país. La relación entre Managua y Washington se tensa aún más en la víspera de más sanciones desde el Capitolio.
27 Nov 2018 – 6:05 PM EST

MANAGUA, Nicaragua.- El presidente Donald Trump ordenó al Departamento del Tesoro sancionar a la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, por su “responsabilidad” y “complicidad” con los “serios” abusos contra de los derechos humanos en Nicaragua ocurridos desde abril de 2018, cuando estallaron las protestas contra el gobierno de su esposo, Daniel Ortega.

Trump firmó una orden ejecutiva publicada este martes 27 de noviembre. Las sanciones también incluyen a Néstor Moncada Lau, colaborador cercano del presidente Ortega. La todapoderosa vicepresidenta y Moncada Lau fueron incluidos en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).

El mandatario republicano catalogó a Nicaragua como una “amenaza para la seguridad nacional” de Estados Unidos. La crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua ha dejado más de 357 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Otros de los números rojos de este conflicto son los más de 550 presos políticos, alrededor de 50,000 nicaragüenses refugiados en Costa Rica y una economía descalabrada, que ha perdido más de 410,000 puestos de trabajo.

“He emitido una Orden Ejecutiva que declara una emergencia nacional para hacer frente a la amenaza que representa la situación en Nicaragua, incluida la respuesta violenta del gobierno de Nicaragua a las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018 y al sistemático desmantelamiento y socavamiento de las instituciones democráticas y el imperio de la ley, el uso de la violencia indiscriminada y las tácticas represivas contra los civiles, así como su corrupción que lleva a la desestabilización de la economía de Nicaragua”, dice la orden ejecutiva de Trump.

"¡Vamos con todo!"

Las sanciones contra la vicepresidenta Rosario Murillo son un golpe político para Managua. De acuerdo a una filtración de correos electrónicos conocida por Univision Noticias, Murillo lideró los primeros días de la represión contra los manifestantes pacíficos. La primera dama comunicó a la maquinaria política del Frente Sandinista la orden “vamos con todo”. Horas después ocurrieron las primeras muertes de jóvenes y universitarios a manos de la Policía Nacional y grupos paramilitares.


La orden ejecutiva de Trump orienta al Departamento del Tesosoro bloquear todos los bienes y activos de Murillo y Moncada Lau bajo jurisdicción de Estados Unidos e impide a personas y entidades estadounidenses hacer negocios con ellos. Esta es la tercera ronda de sanciones de Washington contra el gobierno de Ortega.

Antes, la administración Trump había sancionado a cuatro funcionarios cercanos a la pareja presidencial de Nicaragua: Roberto Rivas, expresidente del Poder Electora; Fidel Moreno, fiel escudero de Murillo; Francisco Díaz, jefe de la Policía Nacional; y Francisco López Centeno, tesorero del partido sandinista.

Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, remarcó que las sanciones contra la vicepresidenta Murillo son parte del compromiso del gobierno de Trump para “responsabilizar al régimen de Ortega por las protestas violentas y la corrupción generalizada que han llevado a la muerte de cientos de nicaragüenses inocentes.

“La vicepresidenta Murillo y sus operadores políticos buscaron sistemáticamente desmantelar las instituciones democráticas y saquear la riqueza de Nicaragua para consolidar su control sobre el poder”, insistió Mnuchin.

La influencia de Murillo

El Departamento del Tesoro identificó a Murillo de ser una líder con “acceso e influencia” sobre la organización juvenil del partido sandinista, mejor conocida como la Juventud Sandinista (JS), y la Policía Nacional, dirigida por el comisionado Francisco Díaz, consuegro de Murillo y el presidente Ortega.


“La Policía Nacional ha sido parte de los ‘escuadrones de la muerte’ que han cometido ejecuciones extrajudiciales, torturas y secuestros, mientras que los paramilitares de la Juventud Sandinista, armados y pagados por el FSLN, han sido implicados en graves abusos de derechos humanos relacionados con las protestas”, refiere el Departamento de Estado.

“Además, en junio de 2018, hombres armados enmascarados, acompañados por personas identificadas por testigos como policías nicaragüenses, habrían incendiado una casa familiar en Managua, matando a seis, incluidos dos niños pequeños”, agrega, en referencia a la masacre del barrio Carlos Marx.

"Advertencia" para Ortega

El exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Mauricio Díaz, advirtió que si bien las sanciones contra Murillo son de gran preponderancia política, terminan siendo una advertencia al gobierno de su esposo. Díaz recordó que el Senado de EEUU está a punto de aprobar una fusión de leyes para castigar con mayor fuerza al gobierno de Ortega.


De acuerdo a fuentes en Washington consultadas por Univisión Noticias, el Senado se prepara para aprobar una fusión de dos iniciativas de ley antes de finalizar la actual legislatura: La Nica Act promovida en el Congreso por la republicana Ileana Ros-Lehtinen, y la “Ley para los Derechos Humanos y la Lucha contra la Corrupción” impulsada en el Senado por el demócrata Bob Menendez. De ser aprobada, la nueva ley sería un cóctel de sanciones que no solo afectaría a funcionarios específicos del gobierno de Ortega, sino que bloquearía a Nicaragua de la posibilidad de préstamos ante organismos multilaterales, de los cuales este país depende casi en un 70%.

Previo a estas sanciones, Washington ha insistido en que Ortega debe adelantar elecciones para poner fin a la crisis. Sin embargo, el gobierno sandinista ya ha descartado de plano esa negociación y ha manifestado “que el comandante Ortega se queda” en el poder hasta el año 2021. En el Capitolio, las sanciones contra la vicepresidenta Rosario Murillo han sido aplaudidas este martes.

"La Administración tiene razón al imponer sanciones contra funcionarios corruptos cercanos a Ortega, incluyendo su esposa”, dijo el senador republicano Marcos Rubio, quien ha estado trabajando en esta fusión de leyes. “Estados Unidos debe continuar presionando a Ortega y a su círculo interno para que dejen de socavar las instituciones democráticas del país y de reprimir a su pueblo”, agregó.

Estas sanciones suceden después de que, a principios de noviembre, en Miami, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, anunció más sanciones para Nicaragua, Venezuela y Cuba. El asesor de Trump describió a Managua, Caracas y La Habana como “troika de la tiranía” en América Latina.

El gobierno de Ortega reaccionó a las sanciones: "Rechazamos categóricamente la continuidad histórica de injerencia y la política intervencionista de la potencia imperial norteamericana contra Nicaragua".


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