Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrentarán el juicio por narcotráfico en Estados Unidos el 1 de junio de 2027, informó el juez Alvin Hellerstein. Ambos comparecieron este miércoles ante una corte de Manhattan tras haber sido capturados en Caracas durante un operativo realizado por fuerzas especiales estadounidenses el pasado 3 de enero.

A pesar de que el proceso legal de Nicolás Maduro en Estados Unidos continuará, incluso hasta el 2027, hoy se mostró un avance de lo que podría ser la estrategia del exmandatario venezolano de cara a la justicia en este país. Entre estos puntos, se buscaría cuestionar la jurisdicción de EEUU. Analizamos este caso con César Batiz, periodista venezolano.

La defensa de Nicolás Maduro prevé presentar una moción de inmunidad soberana en noviembre para impugnar la competencia del tribunal estadounidense en su caso. Tras acordar con la fiscalía fijar el inicio del juicio por narcotráfico para junio de 2027, el exmandatario venezolano y Cilia Flores mantendrán su postura de no culpabilidad mientras se desahogan las etapas previas al proceso judicial en Manhattan.

La administración estadounidense solicitó a una corte de Florida reconocer la inmunidad diplomática de Delcy Rodríguez frente a una demanda de casi 314 millones de dólares que tres hombres interpusieron por detención y torturas en Venezuela. El gobierno federal busca archivar el proceso judicial de forma temporal mientras la funcionaria ejerza el poder, manteniendo la opción de reabrir el caso cuando concluya su gestión.

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Nicolás Maduro compareció el 22 de julio ante el juez Alvin Hellerstein, en una audiencia que apenas duró unos 15 minutos. El juez fijó como fecha de inicio para el juicio contra el exmandatario venezolano el 1 de junio de 2027

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores asisten este miércoles 22 de julio a una nueva audiencia en una corte federal de Nueva York tras permanecer seis meses detenidos. Su equipo legal apela a cláusulas del tratado de extradición para desacreditar la jurisdicción del sistema judicial de Estados Unidos. Expertos en defensa penal señalan que la falta de respaldo formal de las autoridades venezolanas actuales complica la estrategia de la defensa para frenar el juicio.

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