El sábado pasado un joven de 21 años le quitó la vida a 22 personas en un Walmart de El Paso, Texas, y otro sujeto, de 24, disparó indiscriminadamente contra una multitud en una zona de bares en Dayton, Ohio, acabando con otras nueve. Entretanto, Chuck Schumer, senador demócrata, pidió presentar la legislación bipartidista, ya aprobada en la Cámara, que pide que no le sean vendidas armas a quienes tengan pasado criminal o diagnósticos por trastornos mentales.

Cualquier persona puede recibir las clases, las cuales no tienen límite de edad. Aunque el entrenamiento no evitará que ocurra una de estas tragedias, sí puede ayudar a prevenir que alguien pierda la vida. De acuerdo a personas que han recibido este tipo de talleres, el conocimiento adquirido les ha ayudado a tomar decisiones y actuar de manera correcta durante balaceras.

El representante de Illinois habló sobre las ventajas de aprobar una ley, que ha permanecido congelada en el Senado, con la que se podría ayudar a disminuir los tiroteos sin infringir a la Segunda Enmienda. Kinzinger es el primer legislador de su partido en apoyar la restricción del uso de armas luego de los tiroteos masivos del pasado fin de semana en Texas y Ohio.

Como cada martes, varias personas en Houston expresaron su oposición a las políticas del senador federal de Texas, pero en esta oportunidad fueron más los que se congregaron a las afueras de la oficina del legislador ya que ha crecido la preocupación entre la comunidad tras los hechos de violencia registrados en los últimos días. Quienes participaron en el evento le pidieron al congresista que contemple proyectos de ley que regulen las armas de fuego en el país.

Familiares y miembros de la comunidad realizaron un homenaje de cuerpo presente para la menor de 13 años que falleció abatida durante el ataque en el Festival del Ajo en el norte de California.

Por su parte, el gobernador de Ohio pidió a legisladores estatales aprobar una ley que requiera la verificación de antecedentes para la venta de casi todo tipo de armas, así como una medida de alerta roja que permita que un juez despoje de su arma temporalmente a cualquier persona que represente una amenaza a la seguridad pública.