Hace varios años, miembros de la comunidad inmigrante hablaban de manera optimista de la posibilidad de un acuerdo para una reforma migratoria, pero recientemente esa esperanza parece estarse desvaneciendo. Actualmente, hay temor entre miles de personas, beneficiarias de programas como el TPS y el ‘parole’ humanitario, quienes esperan que surjan acciones legales que los proteja. El abogado Haim Vásquez habla al respecto. Los contenidos expresados en esta pieza no son consejo legal. Por favor, consulte con un abogado para su caso particular.

El gobierno federal empezó a comunicarse directamente con los beneficiarios del programa creado durante el gobierno de Joe Biden para informarles de que deben 'autodeportarse' o enfrentar una posible detención y expulsión.

Tres organizaciones proinmigrantes entablaron una demanda en contra de la cancelación del ‘parole’ humanitario. Al respecto, Jorge Cancino, editor principal de inmigración y el abogado José Guerrero, explican qué argumenta la demanda y qué pasará con los beneficiarios de esta medida. Mira también: Cancelación del 'parole' humanitario: ¿qué pasará con los inmigrantes con trámite de ajuste de estatus?

Un grupo integrado por tres organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes demandó este jueves la cancelación del parole humanitario de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela bajo el argumento que viola el debido proceso migratorio al ordenar la expulsión de manera expedita de miles de beneficiarios sin una audiencia ante un juez de inmigración.

Manuel salió de Nicaragua y llegó hace un año y medio a EEUU buscando mejores oportunidades. Este hispano entró al país con ‘parole’ humanitario, pero ahora empaca sus pertenencias para regresarse a su nación tras el anuncio del presidente Donald Trump de cancelar el programa. “Duele un poco saber que vino este gobierno a, prácticamente, cortarnos las alas”, dijo.

Tras la publicación en el Registro Federal del fin del parole humanitario para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos, miles de afectados se preguntan que pasará con sus empleos, casas y cuentas bancarias, cuando se cumpla el plazo de 30 días para salir del país, dado por la administración Trump.