Noticias 23 habló con un abogado de inmigración del sur de Florida, quien explica cuál es la situación de quienes entraron a EEUU con el parole humanitario y el plazo para legalizar su situación se está agotando. Esto deben hacer para no ser deportados.

Se cumplen dos años desde que entró en vigor el parole humanitario, programa con el cual se han beneficiado un poco más de 500,000 personas. Sin embargo, hay preocupación entre los migrantes, pues los que no estén regularizados en el país corren el riesgo de ser deportados. El abogado José Guerrero explica el panorama para los cubanos, venezolanos y nicaragüenses.

Inmigrantes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua que ingresaron a EEUU bajo el programa conocido como 'parole humanitario' tenían dos años para cambiar su estado de permanencia, plazo que ya se está acabando. José Guerrero, abogado de inmigración, explica que se deben tomar medidas inmediatas, además de buscar una asesoría legal, con el fin de utilizar otros recursos y evitar procesos de deportación. Mira también: Administración Trump haría uso de la inteligencia artificial para las deportaciones masivas: te explicamos.

El Departamento de Seguridad Nacional reiteró que aquellos a quienes no se les conceda asilo u otros beneficios de inmigración, deberán abandonar Estados Unidos al vencimiento de su período autorizado de dos años o serán "colocados en procedimientos de deportación".

El ‘parole’ humanitario para ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití está en sus últimas semanas de vigencia y expertos creen que es muy posible que el programa sea suspendido tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Un abogado de inmigración explica qué pasa con quienes estén en el proceso o tengan planeado iniciarlo. Te recomendamos: Nueva regla hará más flexible el acceso a la visa de trabajo: algunos jóvenes con DACA se podrán beneficiar.

El Parole In Place (PIP) era un programa que permitía a ciertos inmigrantes ajustar su estatus legal sin salir de Estados Unidos, beneficiando principalmente a cónyuges e hijos de ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, en noviembre de 2024, un juez federal anuló el programa, argumentando que el gobierno no tenía la autoridad para implementarlo sin la aprobación del Congreso. Esta decisión ha dejado a los beneficiarios en incertidumbre, quienes ahora pueden explorar opciones como el Estatus de Protección Temporal (TPS) para regularizar su situación migratoria.