Pablo Gato

Nancy Pelosi dice que el próximo paso es conseguir la versión sin editar del informe, todo el material que lo apoya y llamar a testificar al fiscal especial Robert Mueller. Algunos abogados enfatizan en que hay suficiente evidencia para un juicio político contra el mandatario, pero varios republicanos aseguran que no es así. Sin embargo, la palabra final la tendrá la Cámara Baja, la cual es de mayoría demócrata.

Las sugerencias iban a ser dadas a conocer en mayo, pero el panel asegura que la crisis humanitaria en el límite con México no puede esperar. Entre las propuestas está establecer tres o cuatro centros de detención en la frontera para procesar a las familias arrestadas, que estos lugares no sean administrados por la Patrulla Fronteriza y cancelar el llamado Acuerdo Flores, entre otros. Activistas advierten que varias de estas medidas serán desafiadas en la corte.

Aseguran que antes podían realizar el procedimiento con el pasaporte, pero ahora el plantel educativo –ubicado en Fredericksburg– exige una licencia de conducir, la cual no es expedida a indocumentados en ese estado. Por otro lado, dos madres aseguran que el policía del condado de Spotsylvania, asignado a proteger la escuela, les exigió que le dijeran su estatus migratorio y luego les puso una multa de tráfico a pesar de que no estaban conduciendo en ese momento.

La secretaria de prensa Sarah Huckabee Sanders aseguró este domingo que la propuesta del presidente Donald Trump busca liberar a las localidades fronterizas de la carga que supone el influjo de migrantes ilegales que llegan a diario a la frontera con México.

Se trata de un acuerdo entre la actual administración y los abogados de varias familias de menores centroamericanos. El programa Estatus de Protección Temporal (TPS), que comenzó bajo el gobierno de Barack Obama, fue cancelado por Trump dejando en el limbo a estos pequeños cuyo proceso de reunificación ya había comenzado.

La decisión fue tomada por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, pero escuchará más argumentos la próxima semana para tomar una decisión definitiva. El gobierno argumentó que hay una crisis humanitaria y de seguridad en la frontera sur y que necesita realizar el procedimiento para poder controlar el número creciente de refugiados.