El objetivo del exalguacil es tener un juicio conjurado luego de ser señalado por irrespetar el fallo judicial de 2011 que le prohibía continuar sus redadas contra inmigrantes sobre la base del enfoque racial.

Según familiares, los oficiales no iban por sus seres queridos sino por un vecino que sí tenían identificado. Denuncian, además, que este es un claro ejemplo de la mano dura de Trump contra la comunidad inmigrante.

Más del 75% de los abogados que participaron de la consulta del Centro de Justicia Tahiri aseguran que sus clientes prefieren callar las denuncias por miedo a la deportación. Inclusive, un 45% de los letrados cuestionados dicen que los indocumentados prefieren abandonar los casos.

Un grupo de sheriffs anunció este lunes que firmaron un convenio con el programa 287(g), el cual permite la cooperación de autoridades locales con agentes de inmigración. El condado de Montgomery es uno de los de la lista.

Durante una cita comunitaria en Brighton Park, un grupo de jóvenes cuestionó al regidor sobre el tema y este se limitó a guardar silencio.

Los sheriffs de estos condados anunciaron que se sumarán al programa 287 (g), el cual entrena a oficiales locales como agentes de inmigración.