Millones de inmigrantes se han visto afectados a la hora de enfrentar batallas jurídicas por la labor realizada por intérpretes que, según abogados de inmigración, no están calificados y no cuentan con la experiencia suficiente. El Departamento de Justicia emplea directamente 65 de estos funcionarios, pero con el objetivo de reducir costos, cerca de 700 más son contratados por medio de una compañía externa.