Los objetivos de la más reciente operación migratoria en el sur de California incluyeron personas con órdenes finales de deportación, que regresaron al país luego de ser expulsados, que fueron liberados de cárceles locales sin avisar a ICE o que violaron las leyes federales de inmigración. Activistas creen que esa región es el blanco de las duras políticas migratorias de Trump.

Según The Washington Post, un memorando interno pide perseguir legalmente a los padres que sean interceptados cruzando de manera clandestina, pero no aquellos que piden asilo en puertos de entrada oficiales.

El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, confirmó la reanudación de este programa que había sido suspendido el pasado 11 de abril. En Texas, 30,000 inmigrantes indocumentados dependen de este programa para entender sus derechos mientras permanecen detenidos.

Se estima que al menos 11,800 militares activos tienen familiares en proceso de deportación, mientras el presidente Donald Trump dice que los apoyará y también a sus seres queridos. La mexicana Alejandra Juárez, esposa de un estadounidense veterano de guerra, tiene hasta el 21 de junio para irse de Estados Unidos.

Los integrantes de la familia hondureña, constituida por 18 adultos y 7 menores, se dividieron durante el recorrido por México que comenzó hace un mes. Uno decidió contratar a un coyote porque no tenía posibilidades para pedir asilo en Estados Unidos, otros prefirieron no subirse en el tren ‘La Bestia’, algunos ya llegaron a Nueva York y los demás esperan en Tijuana con la esperanza de cruzar.

Christian Ramírez, candidato a concejal en San Diego, California, aseguró que si no hay preparación con atención médica, alimentos y vivienda necesaria para los migrantes puede repetirse una crisis como la que ocurrió hace dos años por el arribo de centenares de haitianos que también pedían asilo en EEUU.