La historia de Santos Daniel es un relato que se repite entre cientos de centroamericanos. Salió de la Casa del Migrante en Tijuana para acudir a una cita ante un juez de inmigración en San Diego, California. Sin embargo, su entrevista solo duró cinco minutos.

Legisladores y precandidatos a la presidencia de ese partido como Cory Booker, Elizabeth Warren y Julián Castro rechazaron la vinculación del exjefe de Gabinete de Trump a Caliburn y lo acusaron de corrupto. Por otra parte, el presidente de EEUU está ampliando la red de centros de detención privados y acaba de otorgar tres contratos para detener a 5,000 inmigrantes en Texas y Michigan.

Mientras Kelly era el máximo responsable de inmigración del presidente Trump la multinacional obtuvo licencias para abrir centros en Texas y expandir el de Florida.

Un grupo de personas se reunió en honor a quienes han intentado cruzar la frontera y han fallecido en el camino. En el evento también pidieron que paren las separaciones de familias de indocumentados.

Ahora se dirige sin obstáculos al escritorio del gobernador republicano Ron DeSantis para que lo convierta en ley, como ya ha anticipado que lo hará. La medida exigirá a las entidades estatales, locales y agencias de aplicación de la ley apoyar la legislación federal de inmigración manteniendo bajo custodia a cualquier arrestado que pudiera ser un inmigrante indocumentado. En Florida no existen ciudades santuario, por lo que expertos aseguran que la razón para aprobar esta medida es económica.

Los estudiantes del Colegio Delta en Stockton piden un centro de asistencia para proporcionar diversos servicios a sus compañeros indocumentados beneficiarios del programa DACA. Las autoridades de la escuela aseguran que siempre han mostrado su apoyo a todos los estudiantes.