Un recorte de fondos y la atención del fiscal general aplicando la ley son dos de las medidas contempladas en la nueva orden ejecutiva con la que el gobierno pretende resguardar al país de los inmigrantes indocumentados.

El mandato que busca despojar de fondos federales a las ciudades santuario también prevé la creación de un registro público de las acciones criminales cometidas por quienes no tienen papeles.

El presidente Donald Trump firmó este miércoles una orden ejecutiva para iniciar con el proyecto, una de sus promesas en su campaña electoral, desatando decepción y tristeza entre los inmigrantes.

Una vez más, hablando sin contexto, el presidente retrata a los indocumentados como violentos y peligrosos, a pesar de que todos los estudios indican lo contrario.

La abogada Jéssica Domínguez explica que los gobernantes de estas ciudades han declarado públicamente que mantienen su posición de proteger a los indocumentados. Cree que buscarán todos los caminos legales para cumplir sus compromisos.

Desde uno de los centros de detención en Texas, Pedro Rojas habla con la hermana Norma Pimentel sobre la situación de las que podrían ser las últimas familias que están a punto de salir a EEUU bajo la medida ‘catch and release’. La mujer asegura que un nuevo grupo llegará próximamente.