El caso más emblemático en la lucha contra los operativos de ICE en Los Ángeles se benefició de una nueva ley que permite a los inmigrantes en California que les cancelen o reduzcan las sentencias si estos no fueron asesorados para su declaración de culpabilidad.

Los indocumentados con TPS pagan impuestos, contribuyen con el Seguro Social, trabajan, estudian, tienen familias establecidas y muestran altos niveles de integración social.

Martín Martínez, quien lleva 30 años en Estados Unidos, había sido detenido el martes pasado en cita que tuvo en una oficina de ICE en Nueva York. Ahora tendrá que cumplir el 1 de julio con una orden de deportación que data del 2004.

Raúl Ortiz, de ocho años, se desplazó desde Illinois hasta Washington con el fin de hacer llegar una carta al presidente en la que le cuenta que sus padres se vieron obligados a enviarlo a Estados Unidos tras ser secuestrado en su país cuando apenas tenía cinco años.

La abogada experta en inmigración, Noemí Botero, explica que el presidente de Estados Unidos está buscando crear un mecanismo donde se impida el ingreso de personas al país y se realicen deportaciones a un nivel mucho más alto que cualquier otra administración. Por esta razón pretende extender los centros de detención, aumentar los agentes de ICE y fronterizos e involucrar al Departamento de Justicia para que las personas que son detenidas en la frontera sean penalizadas, entre otras cosas.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) y American Immigration Council, las organizaciones de inmigración más reconocidas en Estados Unidos, realizan capacitaciones para profesionales que ejercen en otras ramas legales con el fin de enfrentar la demanda en el país de estos expertos por el súbito incremento del 40% en el número de arrestos.