Chicago se convierte en la primera ciudad del país en anunciar una demanda federal contra el Departamento de Justicia, después de que el fiscal general Jeff Sessions dijo que se retendrán fondos federales a ciudades o estados santuario que no cumplan con leyes federales de inmigración, que, entre otras cosas, exige acceso ilimitado de agentes de inmigración a estación de policía locales para preguntar sobre el estatus legal de los detenidos.