El gobierno decidió poner fin al programa que ampara a los inmigrantes de Nicaragua y lo extendió seis meses para los hondureños. Sin embargo, no tomó una decisión sobre las personas de El Salvador.

Una mansión valorada en tres millones de dólares y coches de lujo, eran algunos lujos que se dio el empresario Joe Albert, dueño de una compañía de grúas en un suburbio de Los Ángeles que vio sus mejores ganancias durante la época en que la Policía decomisaba a granel los autos de los indocumentados.

La organización Grassroots Leadership dio a conocer una carta de una mujer que asegura que fue víctima de amenazas y acoso sexual por parte de una guardia.

“Luchar en contra de la SB4”, es la consigna de los manifestantes inmigrantes que buscan que la polémica ley sea derogada mientras continúa el proceso judicial que se adelanta. Por ahora crece la expectativa sobre la decisión que pueda tomar la Corte de Apelación del Quinto Circuito.

Muchos inmigrantes amparados por TPS ven con preocupación su futuro tras el anuncio de la cancelación del permiso a partir de enero de 2019. Representantes de organizaciones sociales aseguran que el regreso de miles de inmigrantes a su país podría provocar un efecto dominó en la economía de los Estados Unidos, pues muchos de ellos tienen créditos de vivienda y negocios propios.

El proyecto artístico llama a solidarizarse con los beneficiarios del programa y exige a los legisladores que aprueben una nueva protección para los jóvenes indocumentados vulnerables a la deportación tras la cancelación de DACA.