Empleados del Seguro Social se unieron a la convocatoria nacional para pedir que se reponga el personal faltante tras los más de 70,000 despidos federales y por la atención para millones de beneficiarios. Elaine Serrano, vocera de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE), dijo que “no vamos a permitir” que la atención de la agencia “se rompa”.

Tras casi una semana del rompimiento de una tubería, algunos vecindarios han ido recuperando el servicio del agua. Sin embargo, autoridades indican que no es para su consumo. Selena Romero, una hispana afectada, cuenta lo difícil que ha sido, pero asegura que ha podido ayudar a sus vecinos. “Les hemos ofrecido el agua de la piscina”, dijo.

Un nicaragüense asistió a su cita en corte por su proceso de asilo, pero fue arrestado y llevado a un centro de detención en el que duró cinco días. El hispano dice haber vivido una “pesadilla” e incluso asegura que por el encierro se logra tener “un gran trastorno mental”. Sin embargo, el ‘habeas corpus’ lo salvó de una deportación. El abogado Julio Ramos explica cómo le funcionó.

Este 18 de agosto inicia el nuevo ciclo escolar para unos 70,000 estudiantes y Carlos Castillo, director académico del Distrito Escolar Unificado de Fresno, explicó que cuentan con más recursos tecnológicos para la seguridad de los alumnos. Además, se refirió al tema migratorio que preocupa a las familias e indicó los protocolos ante un posible operativo de agentes federales.

Una empresa privada compró la prisión estatal de Marana, la cual tenía vacante desde el 2023, por $15 millones. La compra ha causado especulaciones sobre si habrá un nuevo centro de detenciones de inmigrantes en el estado. Emily Lawhead, directora de comunicaciones de la cárcel, se pronunció al respecto.

La administración de Donald Trump solicitó a la Corte Suprema una orden que divide la restricción de arrestar inmigrantes basándose en idioma, lugar de trabajo o raza. La propuesta ha causado indignación, por lo que preparan una demanda contra el gobierno alegando que la medida es inconstitucional. “Es una violación de los derechos humanos”, dijo Domingo García, presidente de LULAC.