Líderes sociales decidieron organizar la actividad en Morningside Heights con el fin de evitar que quienes se puedan ver afectados por la medida tomen decisiones equivocadas y no hagan uso de los beneficios en caso de que lo necesiten. Expertos piden a las personas buscar asesoría legal para despejar cualquier duda.

Han pasado dos años desde que el presidente Trump canceló el programa y aún no hay una decisión definitiva sobre su futuro. El abogado Víctor Nieblas habla sobre el proceso que se ha seguido durante este tiempo y dice que la mayor preocupación es que los jóvenes no están renovando DACA, por lo que recomienda hacerlo lo antes posible.

Un reporte interno del Departamento de Salud y Servicios Humanos, publicado inicialmente por la agencia AP, señala que los menores de edad que resultaron apartados de sus familias en la llamada política de 'tolerancia cero' de Trump presentaron señales de estrés postraumático y otros problemas mentales. Y el informe añade que el proceso de reunificación, debido a lo desorganizado, también dejó consecuencias en los menores.

Tras cuatro días del tiroteo en Odessa y en medio de una conferencia de prensa, los políticos asistentes le hicieron un llamado al gobernador Greg Abbott para que programe una sesión especial y urgente en la que se trate este flagelo sobre la violencia con armas que anualmente cobra miles de vidas.

La administración Trump había ordenado que los inmigrantes indocumentados que están en EEUU para tratarse de una enfermedad grave deberían irse en 33 días, pero reconsideró la situación. El cambio consiste en que la decisión de si se pueden quedar o no ya no depende del Servicio de Ciudadanía sino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Nada garantiza que ICE apruebe la petición, pero al menos se revierte la orden de salida automática.

El cálculo fue realizado por la Autoridad de Vivienda de Houston, precisando que los posibles afectados tendrán que decidir si reciben ayudas o no. El 14 de agosto pasado, el Departamento de Seguridad Nacional impuso este nuevo estatuto que hace que sea más probable que un inmigrante legal que utiliza beneficios de salud, cupones de alimentos y asistencia para vivienda durante más de 12 meses en cualquier periodo de 36 meses sea identificado como una carga pública.