Con este reporte, la organización Latino Justice envía un fuerte llamado a municipios y gobiernos locales para proteger los derechos civiles de los indocumentados. Según el documento, los gobiernos locales pueden no verse obligados a implementar una ley federal. Es decir, no pueden obligarlos a deportar a las personas indocumentadas.

Los representantes de diversas organizaciones como Fiel han estado abogando ante congresistas estatales y federales para que la acción diferida se convierta en una ley.

El gobierno prepara programas de asistencia a repatriados y políticas para defender el peso, mientras el Senado discutirá cómo renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Los legisladores demócratas y republicanos que apoyan la propuesta no tienen por ahora los votos suficientes para sacarla adelante, pero consideran que la fórmula más viable de conseguirlo es hacerlo a través del Congreso.

Este sábado 14 de enero se movilizarán en cerca de 25 estados para rechazar las deportaciones masivas, y promover la protección a los inmigrantes y al programa DACA.

Una semana antes de tomar posesión del cargo, el presidente electo enfrenta la primera protesta en la que le pedirán que ponga marcha atrás a su agresiva política migratoria.