Ángel y Jaqueline García, hijos de la primera deportada bajo las nuevas políticas migratorias, viajarán a Washington D.C. para asistir al Estado de la Unión por la invitación de representantes demócratas de Arizona.

Con la nueva política migratoria cualquier indocumentado puede ser considerado “criminal” y prioridad de deportación, aunque no haya sido acusado ni condenado de ningún delito. La ampliación del concepto de “delincuente” mantiene en vilo a miles de trabajadores, estudiantes o amas de casa. Algunas de estas personas ya están del otro lado de la frontera.

Sara Beltrán Hernández, de 26 años, está recluida en un centro de detención para inmigrantes en Alvarado desde hace 15 meses por entrar sin documentos al país. A la petición de la familia se ha unido Amnistía Internacional.

Existen 130 casas alrededor de Los Ángeles donde los inmigrantes pueden refugiarse. Los responsables hacen un llamamiento a todas las organizaciones religiosas para que cedan sus propiedad para esta buena causa.

Siguen llegando aviones cargados de indocumentados deportados desde los Estados Unidos. Todos coinciden en señalar que las nuevas leyes del presidente Trump dificultan la aprobación de las peticiones de asilo. Muchos tienen a su familia en Estados Unidos y esperan poder reunirse con ellos pronto.