La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, se reunió con algunos de los 900 miembros de la Patrulla Fronteriza en el Sector del Centro en California. El encuentro se dio tras la publicación de un video que muestra a agentes fronterizos en Calexico intentando sacar a un hombre hacia territorio mexicano, sin el debido proceso de repatriación y en contra de acuerdos internacionales.

El gobernador Jerry Brown informó que llegó a un acuerdo con la administración de Donald Trump para desplegar hasta a 400 miembros de la Guardia Nacional de California en la frontera con México. Brown aseguró que el gobierno federal accedió a financiar la misión enfocada en combatir drogas y delitos con armas, y no en el control migratorio.

El objetivo de la idea es forzar a Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, para que se haga un voto sobre inmigración enfocado en los dreamers. El grupo bipartidista intenta influir en la Cámara Baja, donde dice que tiene 237 votos, sobre cuatro propuestas que afectan a los llegados en la infancia a Estado Unidos. El líder republicano manifestó que no apoyaría ningún proyecto que el presidente Donald Trump pudiera vetar.

La querella alega que la ordenanza que promulgó el Concilio de Los Alamitos entra en conflicto con las leyes estatales, pero el alcalde de esa localidad responde que sí tienen la autoridad de emitir sus propias normas y que es su manera de enfrentar un problema de seguridad pública.

Este inmigrante, conocido también como Luis López, fue repatriado y regresó el mismo día a Estados Unidos en marzo pasado después de que su abogado interpuso un recurso. El hombre, casado con una ciudadana estadounidense y sin antecedentes criminales, fue finalmente deportado tras la decisión emitida por un juez.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) insiste en que 80 detenidos durante el operativo de seis días tenían orden final de deportación. Miembros de organizaciones que ofrecen ayuda legal manifiestan que los afectados se convierten en víctimas de intimidación para que acepten la salida voluntaria. Las cortes de inmigración no ofrecen abogados de oficio gratuitos para estos casos.