El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) insiste en que 80 detenidos durante el operativo de seis días tenían orden final de deportación. Miembros de organizaciones que ofrecen ayuda legal manifiestan que los afectados se convierten en víctimas de intimidación para que acepten la salida voluntaria. Las cortes de inmigración no ofrecen abogados de oficio gratuitos para estos casos.