El grupo anunció este sábado en un comunicado conjunto su apoyo a la objeción de la certificación de resultados por el Congreso el próximo 6 de enero, cuando debería hacerse la reunión legislativa protocolar en la que se reconocerá a Biden como presidente electo.

La Oficina del Censo dijo que planea entregar las nuevas cifras a principios de 2021, lo más cerca posible de la fecha límite incumplida.

El máximo tribunal señaló que “el caso es anulado” y lo remitió a las cortes del Distrito Norte de California y el Distrito de Maryland “con instrucciones de descartar por falta de jurisdicción”.

Con una votación de 6 a 3, los jueces del Alto Tribunal tomaron la decisión de aplazar el fallo final sobre este plan propuesto por la actual administración, ya que consideran que sería “prematuro” tomar una decisión sin saber cuántas personas serían excluidas del conteo y qué modificaciones tendrían los escaños en el Congreso.

La abogada Claudia Bernal afirma que lo que ha dicho el máximo tribunal es que “es muy prematuro tomar estas medidas que se habían anunciado en un memorando del mes de julio”. Asegura que, según la Constitución, cada 10 años debe hacerse un recuento del número total de personas que vive en el país y que no se hace una distinción entre quienes son ciudadanos y quienes no lo son.

Sin embargo, en la misma decisión, los jueces parecen reconocer que la idea de excluir a los indocumentados no es aplicable.