La notificación se realiza cuando los interesados acuden a sus entrevistas con Inmigración. Con la nueva disposición se da cumplimiento al memorando que expidió hace aproximadamente un mes la Casa Blanca y con el cual se busca proteger a los contribuyentes del gasto del sistema de inmigración, haciendo cumplir una ley que desde hace 12 años permaneció como letra muerta.

Carolina Duarte llegó al país en 2016 con una visa de turismo, a los dos meses hizo una solicitud de asilo político y después presentó una certificación laboral al obtener una oferta de trabajo permanente. Sin embargo, Inmigración le comunicó que le negaba la residencia porque estaba ilegal en el país. Ella es una de los cientos de venezolanos que atraviesa por esta situación.

La estrategia de acción de la agencia de inmigración consiste en transferir casos a oficinas locales con un menor número de solicitudes. Actualmente, los centros en la ciudad encargados de estas gestiones son considerados entre los peores. El abogado Raed González asegura que el proceso de ciudadanía promedio se está tomando prácticamente 18 meses, cuando antes solo tomaba cuatro meses.

La agencia anunció que para mejorar los tiempos de espera en los procedimientos migratorios como la solicitud de ciudadanía o de residencia otorgará más recursos para la contratación de personal adicional al que tienen actualmente. Además, indicó que las demoras se deben al aumento de peticiones y no a la dinámica de los procesos.

La agencia explicó que esta medida será para las solicitudes de residencia permanente y naturalización, cuyos procesos han ido aumentando el periodo de espera. De hecho, algunas organizaciones han señalado que la ciudadanía, que antes tomaba entre cuatro y seis meses para aprobarse, ahora puede tardar hasta 30 meses. Documentos como la autorización de trabajo o para viajar, también serán priorizadas.

Noemí Ramírez, experta en inmigración, explica las causas por las que alguien que ha recibido la ciudadanía puede perder este estatus.