Un grupo de personas burló la barrera policial en el puesto fronterizo de Agua Caliente y, sin hacer el trámite migratorio, avanzó con el objetivo de seguir hacia el norte. Para Conor Walsh, director en Honduras de Catholic Relief Services, las caravanas continuarán hasta que Estados Unidos no ataque las verdaderas razones que podrían frenar la migración centroamericana.

Unas 500 personas conforman el grupo que insiste en llegar a Estados Unidos a como dé lugar, a pesar de las estrictas políticas del gobierno de Trump y de los miles de centroamericanos que todavía esperan en México. Al menos 50 menores de edad viajaban solos y sin autorización de sus padres.

La decisión del juez Dana Sabraw se origina por una demanda colectiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) a nombre de una familia guatemalteca que solicitó permanecer en Estados Unidos por miedo a ser enviada a México bajo el programa Protocolos de Protección de Migrantes (MPP).

Leandro Cordovés, de 18 años, es desertor del servicio militar de Cuba y está en Ciudad Juárez desde hace ocho meses. Hace poco le negaron el beneficio de asilo por no demostrar que había "sufrido una suficiente persecución". Sus padres están en Miami, igual que su única hermana. "Si mi hijo vuelve, va a ser detenido. Yo estoy destruida", dice entre lágrimas Yaquelín Barrios.

En dos caravanas, al menos 1,500 hondureños, en su mayoría jóvenes entre los 17 y los 30 años de edad, partieron con rumbo a Guatemala, donde esperan continuar su paso hacia su destino final: Estados Unidos.

La demanda, presentada conjuntamente con otras organizaciones de derechos humanos, pretende frenar el envío de solicitantes de asilo a esas naciones centroamericanas que no tienen las condiciones para recibirlos. "La administración Trump ha creado un juego de las sillas mortal que deja sin un lugar seguro a refugiados desesperados en violación de las leyes", dijo una portavoz de ACLU.