Trump, el Proyecto 2025 y las políticas de inmigración (parte I)

El Proyecto 2025 y el presidente Donald Trump están en gran medida sincronizados en materia de inmigración. Y no es de extrañar.

Ken Cuccinelli, quien se desempeñó como director interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) y subsecretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) durante el primer mandato de Trump, fue autor de la sección del Proyecto 2025 sobre el DHS. Tom Homan, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) durante el primer mandato de Trump y ahora su zar fronterizo, contribuyó al documento.

El Proyecto 2025 exigía, entre otras cosas: utilizar militares en servicio activo para ayudar a arrestar a personas que intentaran ingresar ilegalmente a Estados Unidos, reanudar las redadas masivas en los lugares de trabajo de inmigrantes sin autorización de trabajar, aumentar las camas en los centros de detención de inmigrantes y eliminar los grupos de vigilancia de inmigración que supuestamente obstruyen las operaciones de ICE.

El documento también pedía la “reducción indefinida” del programa de reasentamiento de refugiados y la “derogación” del Estatus de Protección Temporal, o TPS, para los migrantes que huyeron de países en guerra o que sufren otras condiciones temporales extraordinarias.

Trump está haciendo o intentando hacer todo lo anterior y más. En algunos casos, Trump, quien como candidato se comprometió a implementar un plan de deportación masiva, ha ido más allá de lo recomendado por el Proyecto 2025 o se ha desviado del documento.

En sus 920 páginas, el Proyecto 2025 no menciona la ciudadanía por nacimiento. Sin embargo, Trump intentó desde el primer día eliminar la ciudadanía por nacimiento, que según una interpretación tradicional de la Constitución estadounidense, otorga la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos, incluso si sus padres residen ilegalmente en el país. Hasta el momento, los tribunales han impedido que la orden ejecutiva de Trump entre en vigor, aunque el gobierno ha solicitado a la Corte Suprema intervenir en el asunto.

El Proyecto 2025 también exigió la eliminación de las visas para estudiantes extranjeros de “naciones enemigas”. Pero Trump ha intentado, sin éxito hasta ahora, impedir que la Universidad de Harvard admita a cualquier estudiante extranjero, a pesar de haber afirmado que emitir visas a estudiantes de China, país descrito por el Proyecto 2025 como un adversario, “ ¡me parece bien!”.

Las políticas migratorias de Trump han tenido un gran impacto en la vida de las personas y en las estadísticas de inmigración. Como detallamos a continuación, las deportaciones, detenciones y arrestos de migrantes han aumentado durante el gobierno de Trump, mientras que el número de personas que intentan cruzar la frontera sur se ha desplomado.

Nuestro aliado FactCheck.org, como parte de su serie sobre el Proyecto 2025, examinó algunas de las muchas acciones que Trump ha tomado y que fueron propuestas en el documento conservador.

En esta primera entrega que publicamos en elDetector, enfocada en las políticas migratorias, se detallan específicamente los temas del uso del ejército en labores de control migratorio, la realización de operativos en áreas “protegidas” (como los lugares de culto) y también en sitios de trabajo.

Uso del ejército estadounidense

Al abogar por “un enfoque creativo y agresivo” para patrullar la frontera, el Proyecto 2025 sugirió el posible “uso de personal militar en servicio activo y de la Guardia Nacional para ayudar en las operaciones de arresto a lo largo de la frontera, algo que aún no se ha hecho”.

Eso es precisamente lo que ha hecho la administración Trump, designando franjas de tierra a lo largo de la frontera como extensiones de bases militares, entre otras acciones.

En su primer día en el cargo, Trump declaró una emergencia nacional en la frontera sur y emitió una orden ejecutiva “aclarando” el uso de las fuerzas armadas en pos de proteger la “integridad territorial” de Estados Unidos, dándole amplios poderes para dirigir unilateralmente más fondos y recursos federales a la seguridad fronteriza.

Un día después de declararse la emergencia nacional, el secretario de Defensa interino, Robert Salesses, se reunió con altos oficiales militares para desarrollar planes para implementar la directiva de Trump, que incluía el envío de 1,500 militares en servicio activo a San Diego y El Paso, Texas. (En ese momento, había unos 2,500 miembros de la Guardia Nacional y la Reserva de Estados Unidos en la frontera, pero no había militares en servicio activo).

“Esto es solo el comienzo”, declaró Salesses en un comunicado del 22 de enero. “Próximamente, el Departamento desarrollará y ejecutará misiones adicionales en cooperación con el DHS, agencias federales y socios estatales para abordar todas las amenazas señaladas por el presidente en las fronteras de nuestro país”.

Un día después, el general Steven Nordhaus, jefe de la Oficina de la Guardia Nacional, dijo que la guardia “está aumentando su apoyo y coordinando estrechamente los requisitos emergentes con USNORTHCOM y el Comando de Transporte de EEUU para personal adicional, transporte aéreo militar, construcción de barreras y otras capacidades para cumplir con las directivas presidenciales y del Secretario de Defensa”.

Desde entonces, la administración Trump ha incrementado significativamente el uso militar para ayudar a combatir la inmigración ilegal en la frontera y en el interior de Estados Unidos, y el contrabando de drogas a través de barcos.

En marzo, el Departamento de Defensa activó un Cuerpo Especial Conjunto en la Frontera Sur para ayudar a ICE con el mantenimiento y las operaciones de transporte, incluido el apoyo aéreo y la detección y el monitoreo de “actividad sospechosa”, entre otras cosas.

El Cuerpo Especial Conjunto de la Frontera Sur estableció cuatro Áreas de Defensa Nacional en Arizona, Nuevo México y Texas “para proteger la frontera sur de Estados Unidos de la entrada ilegal”, según el Comando Norte de Estados Unidos. Las cuatro zonas abarcan aproximadamente 515 millas (825 kilómetros) a lo largo de la frontera sur, según informó a FactCheck.org un portavoz del Comando Norte en un correo electrónico.

Después de que Trump emitió un memorando en abril con directrices para el Departamento de Defensa sobre cómo “sellar” la frontera y “repeler invasiones”, el Comando Norte de Estados Unidos autorizó a los soldados en el Área de Defensa Nacional de Nuevo México a registrar y detener a los intrusos “hasta que una entidad policial apropiada pueda asumir la custodia”.

Mark Nevitt, profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad Emory, escribió en abril que convertir “una franja de tierra federal a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos en una enorme ‘Área de Defensa Nacional’”, elude efectivamente la Ley Posse Comitatus, que “prohíbe que las fuerzas militares federales se utilicen en capacidad policial”.

Existe una excepción a la Ley Posse Comitatus conocida como la “doctrina del propósito militar”, escribieron en abril Elizabeth Goitein y Joseph Nunn del Centro Brennan para la Justicia.

“La doctrina, concebida por el poder ejecutivo y respaldada por los tribunales, sostiene que una acción adoptada principalmente para promover un propósito militar no viola la Ley Posse Comitatus incluso si proporciona un beneficio incidental a las fuerzas del orden civiles”, escribieron.

El cuerpo especial fronterizo cuenta con un total de 7,600 efectivos en servicio activo, incluidos 250 que patrullan regularmente la frontera suroeste, dijo el funcionario del Departamento de Defensa.

El Departamento de Justicia ha presentado cargos por violación de la propiedad contra cientos de migrantes, pero en mayo un juez federal desestimó las causas de unos 100 acusados porque no ingresaron a sabiendas a propiedades militares. “Estados Unidos no aporta ningún hecho que permita concluir razonablemente que el acusado sabía que estaba ingresando a la NMNDA”, escribió el juez.

En julio, Trump firmó un proyecto de ley de reconciliación que proporcionó “mil millones de dólares para apoyar actividades militares en la frontera sur, incluida la detención temporal de migrantes en instalaciones del Departamento de Defensa y la operación y construcción de infraestructura en ‘áreas de defensa nacional’”, escribió Federal News Network.

En cuanto a la Guardia Nacional, existe una larga historia de despliegue de la guardia en la frontera sur, incluyendo durante los mandatos de los presidentes George W. Bush, Barack Obama, Joe Biden y Trump durante su primer gobierno.

Pero en su segundo mandato, Trump amplió el uso de la Guardia Nacional más allá de la frontera. En mayo, el Departamento de Seguridad Nacional solicitó 20.000 efectivos de la Guardia Nacional para apoyar la ofensiva presidencial contra la inmigración ilegal en el interior del país, no en la frontera sur, para cumplir con el “mandato” de Trump de “arrestar y deportar a los inmigrantes ilegales delincuentes”.

En respuesta, el Departamento de Defensa ha pedido a 20 estados, todos dirigidos por gobernadores republicanos, que activen tropas de la Guardia Nacional para apoyar las operaciones de ICE, según varios informes de prensa.

El Christian Science Monitor escribió que los expertos “no tienen conocimiento de ningún uso previo de la Guardia Nacional bajo lo que se denomina estatus Título 32 para ayudar a ICE en el interior del país”.

Chris Mirasola, profesor adjunto de derecho en el Centro de Derecho de la Universidad de Houston, dijo al Christian Science Monitor que la decisión es una “grave escalada” en el uso de tropas de la Guardia Nacional para la aplicación de las leyes de inmigración.

La represión de Trump en la frontera sur parece haber reducido significativamente el número de personas que intentan cruzarla ilegalmente. La Patrulla Fronteriza, responsable de las entradas ilegales entre los puertos de entrada, reportó 49,620 incidentes de control en la frontera suroeste entre febrero y agosto de 2015, un 93% menos que en el mismo período de siete meses de 2024.

El ejército también ha sido utilizado para trabajar con la Guardia Costera de Estados Unidos en misiones de interdicción de drogas en el Golfo y para llevar a cabo ataques aéreos letales contra barcos venezolanos en el Caribe que, según la administración, transportaban drogas.

“Zonas sensibles” o “áreas protegidas”

Bajo la administración de Biden, a los agentes de inmigración generalmente se les impidió realizar acciones de cumplimiento de la ley en o cerca de “áreas protegidas”, como refugios, iglesias y juzgados.

“Este principio es fundamental”, escribió el entonces secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en un memorando del 27 de octubre de 2021 dirigido a altos funcionarios del ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. “Podemos cumplir nuestra misión de cumplimiento de la ley sin negar ni limitar el acceso de las personas a la atención médica necesaria, el acceso de los niños a sus escuelas, el acceso de las personas desplazadas a alimento y refugio, el acceso de las personas religiosas a sus lugares de culto, y más”.

El Proyecto 2025 exigía la rescisión de “todos los memorandos del ICE que identificaban ‘zonas sensibles’ donde el personal de ICE tenía prohibido operar. En cambio, el documento establecía que ICE debería confiar en el buen juicio de los oficiales en terreno para evitar situaciones inapropiadas”.

El día que Trump asumió el cargo, el DHS anuló las pautas de la era Biden para la aplicación de la ley migratoria en o cerca de áreas protegidas, haciéndose eco del lenguaje del Proyecto 2025 sobre confiar en los agentes del ICE.

“Los delincuentes ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar ser arrestados”, declaró el DHS en un comunicado de prensa. “La administración Trump no les atará las manos a nuestras valientes fuerzas del orden, sino que confía en que usen el sentido común”.

Como resultado, se han producido incidentes en los que migrantes han sido arrestados en o cerca de juzgados, iglesias, refugios y escuelas.

El 16 de julio, defensores de la inmigración presentaron una demanda colectiva para impedir que el gobierno arrestara y deportara a quienes se presentaron en los tribunales para audiencias de inmigración programadas. La demanda, aún pendiente, alega que se les está negando el debido proceso a los migrantes.

Julia Gelatt, directora asociada del programa de política migratoria del Migration Policy Institute, dijo en una entrevista telefónica a FactCheck.org que la administración Trump está “tratando de enviar el mensaje a las personas que están en el país sin autorización de que no es seguro estar aquí” y que “deberían considerar salir” de Estados Unidos.

Arrestos masivos en lugares de trabajo

En octubre de 2021, Mayorkas, secretario del DHS, emitió un memorando que ordenaba a los altos funcionarios de inmigración “cesar las operaciones masivas en centros de trabajo” que a veces resultan en el arresto simultáneo de cientos de trabajadores. En cambio, deberían centrar sus esfuerzos de control “en los empleadores sin escrúpulos que se aprovechan de la vulnerabilidad de los trabajadores indocumentados”, decía el memorando.

El Proyecto 2025 exigía un enfoque diferente, que la administración Trump ha adoptado. El documento instaba al ICE a utilizar “órdenes judiciales de inspección civiles” en los lugares de trabajo para arrestar a “inmigrantes ilegales”.

“El uso de las Blackies Warrants debería implementarse en el ICE. Estas órdenes de inspección civiles se utilizan comúnmente para el control de infracciones en lugares de trabajo cuando los agentes tienen causa probable de que inmigrantes indocumentados trabajan en una empresa”, señaló el Proyecto 2025.

Las órdenes judiciales de inspección suelen ser selladas, por lo que desconocemos cuántas veces el ICE ha ejecutado órdenes Blackie en lugares de trabajo. Pero sabemos que sí lo ha hecho, porque un magistrado federal de Texas rechazó la solicitud del gobierno para una orden Blackie porque, según él, violaba la Constitución de Estados Unidos.

Una orden judicial Blackie, llamada así por el fallo de 1981 Blackie’s House of Beef Inc. v. Castillo, es una herramienta policial controvertida porque permite a los agentes de ICE obtener una orden de inspección proporcionando únicamente “los lugares que se inspeccionarán y la hora y el alcance de la inspección”, según el Manual de búsqueda e incautación de ICE, que describe una orden de Blackie como una “orden civil/administrativa”.

“La principal ventaja de la orden judicial Blackie es que no es necesario identificar específicamente a los extranjeros buscados”, dice el manual. “Más bien, la orden Blackie y la declaración jurada adjunta solo deben establecer una base plausible para creer que hay extranjeros ilegales anónimos presentes en el lugar que se va a inspeccionar”.

Gelatt, del Instituto de Política Migratoria, explicó que una vez que el ICE entra a un lugar de trabajo, “puede interrogar a cualquier persona sobre su estatus migratorio. Y si alguien intenta abandonar el lugar de trabajo, eso daría una causa probable para entrevistarlo… o, potencialmente, para arrestarlo”.

Pero los defensores de los derechos civiles dicen que las órdenes Blackie violan la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege a los individuos de “inspecciones e incautaciones irrazonables” y prohíbe la ejecución de una orden a menos que nombre “el lugar que será inspeccionado y las personas o cosas que serán incautadas”.

Jessica Hahn, abogada principal del Centro Nacional de Derecho Migratorio, declaró al Washington Post que el ICE está utilizando las órdenes Blackie “para evadir los requisitos legales que obligan a las fuerzas del orden”. En un correo electrónico, Hahn explicó a FactCheck.org que solo podía confirmar la solicitud de una orden Blackie en Texas, “porque el gobierno archiva estas solicitudes bajo secreto”.

En Texas, el magistrado estadounidense Andrew M. Edison rechazó la solicitud del gobierno de una orden de inspección civil/administrativa, en parte, porque dicha búsqueda sería “inherentemente criminal”.

En su orden, Edison citó una ley de 1986 que convertía en delito contratar a sabiendas a trabajadores que viven ilegalmente en Estados Unidos y una norma federal que “exige ‘causa probable para buscar y detener a una persona’”.

“Aunque el Gobierno considera esta inspección como civil, es inherentemente penal, ya que el/los propietario(s) del negocio objetivo se enfrentan a sanciones penales por emplear a extranjeros sin autorización de trabajo”, escribió. “Además, el mecanismo para obtener una orden para inspeccionar a una persona —un extranjero es una persona— es la Regla Federal de Procedimiento Penal 41(d)(1), no una orden administrativa”.

Edison emitió su opinión el 27 de mayo. Incluso después de ese fallo, ICE continuó con sus esfuerzos de control masivo en los lugares de trabajo, en su búsqueda por cumplir la promesa de Trump de “ deportación masiva”.

En una semana de junio, ICE anunció el arresto de más de 70 trabajadores en una planta empacadora de carne en Nebraska y más de 80 trabajadores en un hipódromo en Luisiana.

En septiembre, el ICE y otras agencias del orden público detuvieron a 475 trabajadores en una planta de baterías de Hyundai en Georgia. Según CNN, la orden de inspección ejecutada en Georgia identificó a “cuatro personas que debían ser inspeccionadas específicamente, pero las autoridades llegaron con una cantidad considerable de personal y equipo, lo que sugiere la intención de realizar una redada más amplia”. La redada resultó en la detención de 317 surcoreanos, aunque el gobierno de ese país afirmó que los trabajadores se encontraban en Estados Unidos para capacitar a estadounidenses para trabajar en la planta. Trump posteriormente ofreció permitirles permanecer en Estados Unidos para completar la capacitación, pero solo uno se quedó, según Reuters.

El ICE afirmó haber llevado a cabo docenas de operativos de control migratorio en centros de trabajo que, hasta abril, han resultado en el arresto de más de 1.000 trabajadores. (ICE no ha respondido a la solicitud de FactCheck.org de cifras actualizadas de arrestos).

El número total de arrestos por parte de ICE bajo el gobierno de Trump ha aumentado significativamente. En los primeros siete meses completos de Trump, de febrero a agosto, ICE ha realizado 158,766 arrestos, un aumento con respecto a los 55.383 arrestos durante ese mismo período del año pasado bajo el gobierno de Biden, según las estadísticas de detención de ICE para “los registros iniciales por agencia que realizó el arresto” en los años fiscales 2025 y 2024. Sin embargo, los arrestos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU han disminuido significativamente, por lo que el total de arrestos por parte de ambas agencias solo ha aumentado un 9,3%.

En cuanto a las deportaciones, al menos 180,000 personas han sido deportadas por el ICE durante el gobierno de Trump, según informó el New York Times, citando datos hasta el 29 de julio del Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California, Berkeley. El artículo señalaba que ICE “está en camino de deportar a más de 400.000 personas” durante el primer año de Trump, lo que estaría por debajo de su meta de un millón al año.

Esta es una versión editada de este artículo publicado originalmente en FactCheck.org el 8 de octubre de 2025.

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