Trump, el Proyecto 2025 y las políticas de inmigración (parte II)

Nuestro aliado FactCheck.org, como parte de su serie sobre el Proyecto 2025, examinó algunas de las muchas acciones que el gobierno de Donald Trump ha tomado en materia de inmigración y que fueron propuestas en el documento conservador.

En esta segunda entrega que publicamos en elDetector, enfocada en las políticas migratorias, se detallan específicamente algunos temas como la derogación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos de algunos países, el aumento de las camas en centros de reclusión de inmigrantes y la situación de las visas para estudiantes extranjeros.

Estatus de Protección Temporal

El TPS, que fue creado por la Ley de Inmigración de 1990, extiende la autorización de trabajo y la protección contra la deportación a ciudadanos de países que sufren conflictos armados, desastres naturales u otras “condiciones extraordinarias y temporales”, como explica el DHS.

Al 31 de marzo de 2025, aproximadamente 1,3 millones de extranjeros residían en Estados Unidos, procedentes de 17 países, que habían sido designados para el TPS por el secretario del DHS, según un informe del Servicio de Investigación del Congreso (CRS) del 28 de agosto. Casi la mitad de ellos (605.015) provenían de Venezuela y se encontraban bajo dos designaciones de TPS distintas, según el informe.

Sin entrar en detalles, el Proyecto 2025 instó al Congreso a “derogar” las designaciones del TPS. Solo el Congreso puede “derogar” un programa de inmigración creado por ley. Sin embargo, la administración Trump lleva meses intentando cancelar el estatus de protección de cientos de miles de migrantes de varios países.

El Departamento de Seguridad Nacional canceló las designaciones de TPS para los ciudadanos de Venezuela el 5 de febrero, Afganistán el 13 de mayo, Camerún el 4 de junio, Nepal el 6 de junio y Haití el 1 de julio, así como Nicaragua y Honduras el 8 de julio. En el caso de Venezuela, el DHS dijo que buscaba cancelar la designación hecha en octubre de 2023, que no expirará hasta octubre de 2026, pero no la designación de Venezuela de 2021, que expiró el 10 de septiembre.

Se han presentado impugnaciones judiciales contra todos los avisos de rescisión, con resultados dispares.

El 1 de julio, el juez de distrito estadounidense Brian M. Cogan bloqueó temporalmente la capacidad de la administración Trump de cancelar el estatus TPS para los haitianos.

El 31 de julio, la jueza federal de distrito Trina L. Thompson pausó la entrada en vigencia de la terminación del TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal. “En total, los demandantes han presentado pruebas suficientes que demuestran la animadversión racial y discriminatoria que sustenta su solicitud de la Quinta Enmienda”, escribió Thompson en su fallo del 31 de julio. “El color no es un veneno ni un delito”.

Sin embargo, el 20 de agosto, un tribunal de apelaciones suspendió la orden de Thompson, lo que permitió al Departamento de Seguridad Nacional cancelar el TPS para los tres países mientras continuaba el proceso judicial. Las protecciones finalizaron para los nepaleses el 20 de agosto, cuando se emitió la orden judicial, y el 8 de septiembre, como estaba previsto originalmente, para los hondureños.

En los casos de Camerún y Afganistán, un tribunal federal de apelaciones permitió que las impugnaciones legales siguieran adelante, pero solo concedió a los afganos una breve prórroga de las fechas de terminación establecidas por el DHS. En cumplimiento del fallo judicial, el DHS puso fin a las protecciones temporales para los afganos el 21 de julio, en lugar del 14 de julio. La designación para los cameruneses finalizó el 4 de agosto, como estaba previsto.

Todos los fallos se produjeron después de que la administración Trump obtuviera una victoria clave en la Corte Suprema en mayo. En una orden sin firmar, los jueces permitieron a la administración Trump finalizar el programa para venezolanos, mientras el tribunal inferior decidía sobre el fondo del caso. Sin embargo, tras considerar el fondo del caso de la administración, el juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Edward Chen, concedió el 5 de septiembre la solicitud de los demandantes de un juicio sumario, lo que significa que las protecciones para haitianos y venezolanos se mantendrán vigentes.

En su fallo del 5 de septiembre, Chen escribió que las acciones de la Secretaria del DHS, Kristi Noem, “al anular las órdenes de la administración anterior y terminar el TPS excedieron la autoridad estatutaria de la Secretaria y fueron arbitrarias y caprichosas, y por lo tanto deben dejarse de lado bajo la Ley de Procedimiento Administrativo”, que supervisa el proceso de desarrollo y emisión de regulaciones.

El DHS no ha tomado medidas para cancelar las designaciones de TPS, cuya duración puede variar entre seis y 18 meses, para otros 10 países. Esta es la lista de esos países y sus fechas de vencimiento: Ucrania y Sudán (19 de octubre de 2026), El Salvador (9 de septiembre de 2026), Líbano (27 de mayo de 2026), Somalia (17 de marzo de 2026), Yemen (3 de marzo de 2026), Etiopía (12 de diciembre), Sudán del Sur (3 de noviembre), Myanmar (25 de noviembre) y Siria (30 de septiembre).

Refugiados

El Proyecto 2025 exigía “una reducción indefinida del número de admisiones de refugiados del USRAP”, en referencia al Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos. El documento atribuía la necesidad de una “reducción” como respusta a la gestión de la administración Biden en la frontera sur.

“La Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado, que administra el USRAP, debe reorientar sus recursos hacia los desafíos derivados de la actual situación migratoria hasta que se pueda contener la crisis y se pueda restablecer razonablemente la capacidad de evaluación e investigación de los refugiados”, señala el documento.

Trump, quien redujo drásticamente las admisiones de refugiados durante su primer mandato, fue más allá de simplemente recortar el programa.

En su primer día en el cargo, Trump firmó una orden ejecutiva que exige una “realineación” del programa de refugiados, incluyendo una suspensión indefinida de la admisión de refugiados hasta que el programa “se alinee con los intereses de Estados Unidos”. El programa aún no se ha reanudado, aunque Trump hizo una excepción para los refugiados de la minoría étnica blanca afrikáner de Sudáfrica.

Tres organizaciones sin fines de lucro involucradas en la admisión de refugiados en Estados Unidos —el Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (en nombre de Church World Service), HIAS y Lutheran Community Services Northwest— presentaron una solicitud de orden judicial preliminar el 10 de febrero para evitar que la prohibición entre en vigor mientras el caso avanza.

El expediente judicial indicó que el impacto de la prohibición fue “inmediato y severo”. En su sitio web, Church World Service indicó que más de 12.000 refugiados “completaron los controles de seguridad” y sus vuelos a Estados Unidos fueron cancelados debido a la prohibición. Por ejemplo, “Pacito”, el demandante principal, “tenía previsto viajar el 22 de enero con su esposa y su bebé, y había vendido todas las pertenencias de la familia y cedido la casa que arrendaba en preparación; luego se enteró de que su viaje había sido cancelado”, según la demanda, que utiliza seudónimos para proteger la identidad de todos los demandantes.

Después de meses de fallos judiciales y apelaciones, un tribunal de apelaciones dictaminó (en una opinión aclaratoria emitida el 21 de abril) que los refugiados que tenían una “solicitud de refugio aprobada” y “tenían planes de viaje organizados y confirmables” en o antes de la orden ejecutiva de Trump del 20 de enero podían ingresar al país.

Aproximadamente 70 de los 160 refugiados afectados por el fallo han sido reasentados en Estados Unidos, según informó el portavoz de IRAP, Spencer Tilger, en un correo electrónico del 8 de agosto. Esto incluye a “ Pacito“, el demandante principal, quien llegó en julio.

Camas de detención

El Proyecto 2025 exigía un “aumento significativo” de camas en los centros de detención de inmigrantes, “elevando el número diario de camas disponibles a 100,000”.

Bajo el liderazgo de Trump, ICE ha añadido “aproximadamente 18.000 camas” en menos de siete meses, lo que eleva la capacidad de detención de la agencia a aproximadamente 62,000, dijo a FactCheck.org un portavoz de ICE en una declaración.

“ICE ha trabajado con operadores de detención privados, gobiernos locales y otros socios federales para identificar y poner en funcionamiento más de 60 nuevos centros de detención y ha agregado capacidad permanente y temporal a sus instalaciones existentes para un total de aproximadamente 18,000 camas adicionales activas o pendientes de activación”, señala el comunicado.

Además, bajo la ley llamada One Big Beautiful Bill, se dispondrá de más fondos para aumentar significativamente el espacio disponible. La nueva ley otorga a ICE 45,000 millones de dólares hasta el año fiscal 2029 para aumentar la capacidad en centros de detención para adultos y centros residenciales familiares.

El Consejo Americano de Inmigración, que aboga por “ un proceso justo para los inmigrantes”, dijo que los 45,000 millones de dólares “podrían resultar en la detención diaria de al menos 116,000 no ciudadanos”.

Al 9 de septiembre, ICE tenía 58,766 personas en sus centros de detención, un aumento de aproximadamente el 57% respecto de los 37,395 detenidos del año pasado, el 8 de septiembre de 2024, según Transaction Records Access Clearinghouse, o TRAC, que ha estado recopilando y distribuyendo datos de inmigración desde 1989.

Vigilancia del proceso migratorio

El Proyecto 2025 exigió la eliminación de dos oficinas de vigilancia migratoria: la Oficina del Defensor de Inmigrantes Detenidos y la Oficina del Defensor de Servicios de Ciudadanía e Inmigración. También solicitó al DHS que cerrara su Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles, pero que mantuviera a una persona como oficial de Derechos Civiles y Libertades Civiles.

Al justificar sus recomendaciones, el Proyecto 2025 dijo:

• El defensor, u ombudsman, de los inmigrantes detenidos “fue diseñado para crear otro impedimento a la detención a través de una capa adicional de la llamada supervisión”.

• Los deberes del defensor, u ombudsman de los servicios de inmigración “pueden ser desempeñados (y a veces ya lo son)” por el Inspector General del DHS y la Oficina de Responsabilidad del Gobierno.

• La ley federal estableció únicamente un funcionario de derechos y libertades civiles, “no una oficina”.

En marzo, el New York Times informó que el DHS había “ cerrado” sus tres oficinas. El New York Times citó a Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, quien afirmó que la decisión era necesaria para “agilizar la supervisión y eliminar obstáculos a la aplicación de la ley”.

“Estas oficinas han obstaculizado la aplicación de las leyes migratorias al añadir trabas burocráticas y socavar la misión del DHS.”, declaró McLaughlin al Times. “En lugar de apoyar las iniciativas de las fuerzas del orden, a menudo funcionan como adversarios internos que ralentizan las operaciones”.

Sin embargo, las tres oficinas dicen en sus sitios web que permanecerán abiertas “y desempeñarán las funciones requeridas por ley”.

En marzo, defensores de inmigrantes y de la buena gobernanza expresaron su preocupación y solicitaron al DHS que revocara su decisión. Uno de ellos, que pidió no ser identificado, informó que las oficinas del DHS estaban “cerradas en la práctica” debido a los recortes de personal. “Actualmente, nos han informado de que las oficinas han reabierto, pero no hemos recibido información fiable sobre si cuentan con suficiente personal para llevar a cabo sus funciones”, declaró.

FactCheck.org preguntó al DHS sobre el estado de cada oficina, incluyendo el número de empleados, así como el número de quejas que han gestionado, las inspecciones que han realizado y los informes que han emitido. Un alto funcionario del DHS indicó que las oficinas permanecen abiertas, pero no respondió a las preguntas específicas.

“Todas las funciones legalmente requeridas continúan ejecutándose, pero de manera eficiente y rentable, y sin obstaculizar la misión del Departamento de proteger la patria”, dijo el funcionario del DHS. “Las oficinas de supervisión continúan recibiendo e iniciando nuevas quejas e investigaciones”.

Acuerdo Flores

Como escribió FactCheck.org durante las elecciones, el Proyecto 2025 recomendó “la revocación del Acuerdo de Transacción Flores”, también conocido como acuerdo Flores. Este acuerdo, aprobado por el tribunal en 1997, sirve como política nacional para la detención, liberación y tratamiento de menores bajo custodia migratoria, como se explicó el año pasado en un informe del Servicio de Investigación del Congreso (CRS, en inglés).

“Los menores detenidos deben permanecer en instalaciones seguras e higiénicas y no pueden ser alojados con adultos no familiares durante más de 24 horas”, indica el informe del CRS. “Según la Ley de Seguridad Familiar, en un plazo de tres a cinco días tras la aprehensión y detención de un menor, el gobierno generalmente debe (1) entregarlo a uno de sus padres, tutor legal, familiar adulto u otro adulto o entidad designados ‘capaces y dispuestos’, o (2) internarlo en una instalación sin seguridad ‘autorizada por una agencia estatal competente para brindar servicios de acogida residencial, grupal o de acogida para menores dependientes’”.

En mayo, el Departamento de Justicia presentó una moción ante la jueza federal de distrito Dolly Gee para rescindir el acuerdo Flores, argumentando que la “gestión judicial continua” interfiere con la capacidad de la administración Trump para cumplir con sus funciones. En agosto, Gee celebró una audiencia sobre la moción del Departamento de Justicia y, una semana después, dictaminó que el acuerdo debía mantenerse vigente.

“No hay nada nuevo bajo el sol en cuanto a los hechos ni a la ley”, escribió Gee. “Por lo tanto, el Tribunal podría denegar la moción de los demandados basándose únicamente en eso”.

Durante su primer mandato, Trump intentó sin éxito modificar el acuerdo, y en 2019 finalizó una norma que, según dijeron algunos defensores de la inmigración, como el Consejo Americano de Inmigración, “habría permitido al gobierno retener a niños inmigrantes y a sus padres indefinidamente en entornos similares a cárceles”. Sin embargo, Gee, quien supervisa el acuerdo Flores, impidió que la norma entrara en vigor, calificándolo de “contrato vinculante y decreto de consentimiento” que los funcionarios federales no pueden modificar unilateralmente “simplemente porque ya no están de acuerdo con su enfoque como política”.

Visas para estudiantes extranjeros

El Proyecto 2025 recomendó que ICE, en colaboración con el Departamento de Estado, “elimine o reduzca significativamente el número de visas emitidas a estudiantes extranjeros de naciones enemigas”.

La administración Trump parece haberlo logrado, y no siempre solo para estudiantes de “naciones enemigas”.

Aunque las acciones de la administración dirigidas a los estudiantes extranjeros a veces han sido rechazadas por los tribunales o rescindidas o modificadas por la propia administración, las demoras e incertidumbres causadas por la administración podrían significar una disminución del 30% al 40% en la matrícula de estudiantes extranjeros en todo el país este otoño, según el modelo de NAFSA: Asociación de Educadores Internacionales.

En un informe del 29 de julio, NAFSA atribuyó la disminución proyectada en la emisión de nuevas visas a cuatro cosas, incluida una demora en las entrevistas para visas de estudiantes y la prohibición total o parcial en la emisión de visas para estudiantes de 19 países.

La pausa en las entrevistas para visas de estudiante duró del 27 de mayo al 18 de junio, lo que la NAFSA denominó “la temporada alta de emisión para estudiantes que buscan matricularse en una institución estadounidense este otoño”. La pausa se levantó el 18 de junio, pero solo después de que el Departamento de Estado emitiera una nueva política que “ordenaba a los consulados estadounidenses implementar nuevos protocolos de verificación de redes sociales”.

La prohibición de visas, que Trump emitió el 4 de junio, cubre a los estudiantes de los 19 países: los 12 países que están cubiertos por la prohibición total (Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen) y los siete que están cubiertos por la prohibición parcial (Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela).

La NAFSA indicó que las visas F-1, destinadas a estudiantes académicos, disminuyeron un 12% entre enero y abril y un 22% si se compara mayo de 2025 con mayo de 2024, según datos del Departamento de Estado. El Departamento de Estado no ha publicado los datos mensuales de junio, julio ni agosto.

Pero los no ciudadanos deben completar un formulario I-94 para ingresar a Estados Unidos, y los datos mensuales de la Administración de Comercio Internacional muestran que la llegada de titulares de visas F y M (para estudiantes académicos y vocacionales y sus dependientes) disminuyó 25,7% en junio, 28,3% en julio y 19,1% en agosto, respecto del año pasado.

Aunque el Proyecto 2025 se refiere a China como una “influencia maligna”, una “amenaza geopolítica” y un adversario, los estudiantes chinos, por ahora, parecen ser bienvenidos en Estados Unidos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, emitió un comunicado el 28 de mayo diciendo: “Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Estado de EEUU trabajará con el Departamento de Seguridad Nacional para revocar agresivamente las visas para estudiantes chinos, incluidos aquellos con conexiones con el Partido Comunista Chino o que estudian en campos críticos”. Pero dos semanas después, Trump cambió de postura.

En una publicación en redes sociales del 11 de junio anunciando un acuerdo comercial tentativo con China, Trump dijo: “LE PROPORCIONAREMOS A CHINA LO QUE SE ACORDÓ, INCLUYENDO ESTUDIANTES CHINOS QUE UTILIZARÁN NUESTROS COLEGIOS Y UNIVERSIDADES (¡LO QUE SIEMPRE ME PARECE BIEN!)”.

Pero, bajo la administración de Trump, ningún estudiante extranjero es bienvenido en la Universidad de Harvard.

El 22 de mayo, el Departamento de Seguridad Nacional revocó la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio de Harvard. Fallos judiciales bloquearon primero temporalmente ( 23 de mayo) y luego indefinidamente ( 20 de junio) la entrada en vigencia de la orden de revocación de visas.

Entre esos fallos, Trump emitió una proclamación el 4 de junio que suspendió las visas para “cualquier nuevo estudiante de Harvard como no inmigrante bajo visas F, M o J” y ordenó a Rubio “considerar revocar las visas F, M o J existentes para los estudiantes actuales de Harvard”. La proclamación de Trump también fue bloqueada por la orden judicial del 20 de junio, pero la orden “no afecta la revisión administrativa en curso del DHS del programa de estudiantes internacionales F-1 de Harvard”, dijo la universidad.

En respuesta a la proclamación de Trump, Rubio anunció el 23 de julio una nueva investigación “sobre la elegibilidad continua de la Universidad de Harvard como patrocinador del Programa de Visitantes de Intercambio”, en referencia al programa de visitantes internacionales de intercambio J-1 de Harvard. “La investigación garantizará que los programas del Departamento de Estado no sean contrarios a los intereses de nuestra nación”, declaró Rubio.

Por ahora, Harvard continúa matriculando a estudiantes extranjeros, aunque no está claro el impacto que las políticas de la administración Trump han tenido en la matrícula de la universidad para este año académico. La universidad no ha publicado cifras de matrícula ni ha respondido a una solicitud de información.

Esta es una versión editada de este artículo publicado originalmente en FactCheck.org el 8 de octubre de 2025.

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