Seis meses de Trump: verificamos lo que llama “promesas cumplidas” en economía (II)

La administración de Donald Trump presentó un documento que recopila las promesas hechas por el presidente durante su campaña, señalando los supuestos avances alcanzados en el primer semestre de su mandato.

En esta segunda entrega, examinamos las afirmaciones relacionadas con la economía del país, incluyendo temas como el Seguro Social, Medicare, recortes de impuestos y manufactura.

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“El mayor recorte de impuestos de la historia para los trabajadores y la clase media de EEUU, que incluye la eliminación del impuesto sobre las propinas, el impuesto sobre las horas extraordinarias y el impuesto sobre la Seguridad Social”. ENGAÑOSO.

Aunque es cierto que la “ley grande y hermosa” ofrece un nuevo alivio fiscal para algunas personas, es engañoso afirmar que la medida elimina los impuestos y que representa “el mayor recorte de impuestos en la historia” —una narrativa repetida por el presidente desde su primer mandato.

La legislación, promovida por Donald Trump y firmada el 4 de julio de 2025 bajo el nombre La Ley Grande y Hermosa contempla medidas como “no impuestos a las propinas”, “no impuesto al tiempo extra” y la supuesta eliminación de impuestos al Seguro Social. Sin embargo, organizaciones sin fines de lucro y expertos revelan que se trata de exenciones parciales, temporales y que no necesariamente benefician a la mayoría de los usuarios.

Si bien la ley incluyó exenciones del impuesto federal sobre propinas y horas extra, medidas que obtuvieron respaldo bipartidista, estas no representan una eliminación total, sino deducciones temporales y limitadas.

Según The Tax Foundation —organización no partidista especializada en política fiscal—, estas deducciones estarán vigentes “hasta 2028”, mientras que solo el 2.5% del total de la fuerza laboral y el 5% de los trabajadores con ingresos en el 25% más bajo trabaja en ocupaciones donde se reciben propinas. “Por lo tanto, esta política dejaría fuera a la gran mayoría de los trabajadores de ingresos bajos y medios”.

La deducción sobre horas extra, señala la misma organización, también será temporal: “Las nuevas deducciones del impuesto sobre la renta por horas extra […] estarán vigentes temporalmente desde 2025 hasta 2028”.

“La nueva ley no beneficia a la mayoría de los adultos mayores de bajos y medianos ingresos”, señaló, por su parte, el instituto de investigación y políticas públicas no partidista Center on Budget and Policy Priorities (CBPP) en una nota publicada el 28 de julio de 2025.

Aunque “la legislación incluyó una nueva deducción temporal para personas de 65 años o más”, no eliminó expresamente los impuestos sobre esos beneficios clave para millones de jubilados, informó Univision Noticias en un artículo publicado el 8 de julio de 2025.

En el mismo explican, además, que la nueva deducción de 6,000 dólares no aplica a quienes se jubilaron antes de los 65 años, como personas con discapacidad y que los jubilados de bajos ingresos ya estaban exentos de impuestos sobre sus beneficios, por lo que la medida no representa un cambio significativo para ellos.

De acuerdo con Tax Foundation, el beneficio fiscal comenzaría a reducirse para quienes ganan más de $175,000 si declaran de forma individual, y de $250,000 en el caso de declaraciones conjuntas.

En una publicación previa, elDetector señaló que la exención de impuestos sobre los beneficios del Seguro Social para personas mayores de 65 años podría beneficiar a 14.2 millones de personas. Esto aumentaría el porcentaje de beneficiarios del 64% al 88%, pero no al 100%, según estimaciones del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, una agencia que asesora al presidente en temas de política económica.

Heidi Shierholz, presidenta del Economic Policy Institute, un centro de estudios sin fines de lucro no partidista, señaló en un blog de la organización que “la ley está diseñada para provocar una impactante redistribución de ingresos hacia los más ricos”, y no para beneficiar a la clase trabajadora, como sostiene la administración de Trump.

Esta narrativa del presidente, en la que afirma haber implementado el mayor recorte de impuestos en la historia, también fue difundida durante su primer mandato, pero ya entonces fue desmentida por verificadores y organizaciones sin fines de lucro.

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“El presidente Trump no ha tocado la Seguridad Social, y ha instado sistemáticamente a erradicar el despilfarro, el fraude y el abuso para salvaguardar la solvencia de los programas para las generaciones futuras, cumpliendo así su férreo compromiso con las personas mayores de Estados Unidos”. ENGAÑOSO.

Si bien algunos beneficiarios del Seguro Social recibirán un alivio en los impuestos con la implementación de la “ley grande y hermosa”, expertos en la materia señalan que la misma legislación podría tener un efecto contrario a la sostenibilidad del Seguro Social y, además, debilita programas destinados a quienes reciben cobertura de Medicare.

Según una publicación de NPR, los impuestos pagados sobre los beneficios del Seguro Social contribuyen directamente a los fondos fiduciarios de ese programa y de Medicare Parte A. “Recortar estos impuestos acelera el momento en que esos fondos fiduciarios se volverán insolventes”. En la misma nota se lee que el Comité por un Presupuesto Federal Responsable estima que, de no tomarse medidas, el fondo del Seguro Social se agotaría en ocho años, lo que provocaría recortes automáticos del 24% en los beneficios.

The Center for American Progress, una organización sin fines de lucro y apartidista, dijo que la implementación de la “ley grande y hermosa” prohíbe normas que “habrían facilitado que personas inscritas en Medicare con ingresos muy bajos accedieran a los Programas de Ahorros de Medicare (MSPs, por sus siglas en inglés), que ayudan a cubrir primas”. Señaló, además, que la misma “afectará de manera desproporcionada a las personas con discapacidad”

“Aproximadamente el 40% de los beneficiarios de Medicare reciben subsidios para personas de bajos ingresos, un programa de costos compartidos dentro de la Parte D de Medicare que facilita el acceso a los medicamentos recetados”, indicó Gerard Anderson, PhD, profesor en Políticas y Gestión de la Salud en la Universidad Johns Hopkins en una entrevista publicada en el portal de la misma universidad.

Anderson añadió que la nueva ley reduce el monto del apoyo para las primas que reciben estos beneficiarios, lo que “significa que los beneficiarios de LIS (Low-Income Subsidy) pagarán más por sus medicamentos recetados”.

Además, esta ley también impacta a ciertos inmigrantes con estatus legal que actualmente reciben Medicare. “La nueva legislación restringe la elegibilidad únicamente a ciudadanos estadounidenses, titulares de tarjetas de residencia permanente e inmigrantes legales de ciertos lugares”, señaló Anderson, pero advirtió que “refugiados, personas con asilo, personas con estatus de protección temporal e incluso residentes permanentes— perderán la cobertura”.

William Dow, profesor de política y gestión de la salud en la Escuela de Salud Pública de UC Berkeley, explicó en una entrevista publicada por la universidad Berkeley que las tasas de reembolso a los proveedores de Medicare podrían reducirse “significativamente”, a menos que el Congreso decida hacer una “excepción a sus propias reglas”.

“Decenas de empresas han anunciado billones de dólares en nuevas inversiones a medida que deslocalizan trabajadores de países extranjeros y crean decenas de miles de nuevos empleos estadounidenses”. VERDAD.

Es cierto que algunas empresas han anunciado inversiones multimillonarias para ampliar su presencia manufacturera en Estados Unidos durante la administración de Donald Trump, pero no existen datos concretos sobre la creación de empleos, más allá de estimaciones, dado que se trata de proyectos que se desarrollarán a lo largo de varios años.

Johnson & Johnson, por ejemplo, anunció en marzo de 2025 una inversión de “55,000 millones” de dólares. La iniciativa no solo contempla la construcción de una nueva planta biofarmacéutica en Carolina del Norte, sino también el desarrollo de capacidades tecnológicas e infraestructura de investigación y desarrollo. Según la empresa, el proyecto generará “aproximadamente 5,000 empleos” durante la etapa de construcción y poco más de 500 puestos permanentes una vez que la instalación entre en funcionamiento.

“Ya tiene más manufactura en Estados Unidos que en cualquier otro país”, afirmó la compañía en un artículo publicado por Axios.

Apple reportó en febrero de 2025 una inversión de 500,000 millones de dólares a lo largo de los próximos cuatro años. El plan contempla la expansión de instalaciones en varios estados del país, la construcción de una nueva fábrica en Texas y la duplicación de su Fondo de Manufactura Avanzada en Estados Unidos.

Aproximadamente 80% de sus celulares se fabrican en China actualmente, según una publicación de Reuters, pero “Apple ya ha incrementado la producción en India para sortear los aranceles” impuestos por Trump.

Por su parte, la empresa farmacéutica AstraZeneca “planea invertir 50,000 millones de dólares para expandir sus capacidades de manufactura e investigación en Estados Unidos para el año 2030”, según informó Reuters en julio de 2025. A diferencia de otras compañías, esta inversión se atribuye directamente a la política arancelaria del presidente Donald Trump.

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