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Juicio Político

En español: la carta con la que la Trump declara 'la guerra' al Congreso al negarse a cooperar con la investigación del 'impeachment'

El equipo legal del presidente Donald Trump asegura que la Cámara de Representantes está tratando de "anular" el resultado de las elecciones de 2016 mediante un procedimiento que considera incostitucional. El Congreso aseguran que el mandatario "tendrá que rendir de cuentas". Lee aquí los argumentos de la Casa Blanca.
9 Oct 2019 – 9:16 AM EDT

La Casa Blanca ha decidido no cooperar con el Congreso en la investigación para abrir un posible juicio político al presidente Donald Trump y está planteando un desafío sin precedentes al poder que le consagra la Constitución al legislativo de supervisar la rama ejecutiva.

En una carta enviada la tarde del martes, el consejero legal del presidente, Pat A. Cipollone, explic´´o que la presidencia considera ilegal el procedimiento puesto en marcha hace tres semanas por la presidenta de la Cámara de Representantes. Nancy Pelosi, quien decidió lanzar la investigación luego de qque se supiera que el presidente Trump tuvo una conversación telefónica con su par de Ucrania, Volodymyr Zelenky, en la que le pidió investigar al expresidente Joe Biden, algo que ha sido interpretado como un potencial abuso de poder para beneficio propio y posible violación de las normas de campaña.

Cipollone afirma en su carta que la investigación está ´"legalmente injustificada" y que va "en contra de la Constitución de Estados Unidos y todo el precedente bipartidista", para pedir a Pelosi, en un tono que algunos han calificado como irrespetuoso de la indendencia de poderes, que se cierre el proceso.

Este es el texto completo de la carta en español:

LA CASA BLANCA
WASHINGTON

8 de octubre de 2019

Honorable Nancy Pelosi
Presidenta Cámara de Representantes, Washington, DC 20515

Honorable Eliot L. Engel
Presidente Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, Washington, DC 20515

Honorable Adam B. Schiff
Presidente Comité Permanente sobre Inteligencia de la Cámara de Representantes, Washington, DC 20515

Honorable Elijah E. Cummings
Presidente Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, Washington, DC 20515

Estimada Señora Presidenta y Sres. Presidentes:

Escribo en nombre del presidente Donald J. Trump en respuesta a sus numerosas demandas, legalmente injustificadas, hechas como parte de lo que ustedes han catalogado como — en contra de la Constitución de Estados Unidos y todo el precedente bipartidista previo — una "investigación de juicio político". Como saben, han diseñado e implementado su consulta de una manera que viola la justicia fundamental y el debido proceso constitucional.

Por ejemplo, ustedes le han negado al Presidente el derecho de interrogar a los testigos, llamar a testigos, recibir transcripciones de testimonios, tener acceso a evidencia, tener un abogado presente y muchos otros derechos básicos garantizados para todos los estadounidenses. Han realizado sus procedimientos en secreto. Han violado las libertades civiles y la separación de poderes al amenazar a los funcionarios del Poder Ejecutivo, alegando que intentarán castigar a quienes ejercen derechos y prerrogativas constitucionales fundamentales. Todo esto viola la Constitución, el estado de derecho y todos los precedentes anteriores. Nunca antes en nuestra historia la Cámara de Representantes, bajo el control de cualquiera de los partidos políticos, ha llevado al pueblo estadounidense por el peligroso camino que ustedes parecen dispuestos a seguir.

En pocas palabras, buscan anular los resultados de las elecciones de 2016 y privar al pueblo estadounidense del presidente que han elegido libremente. Al parecer, muchos demócratas ahora ven el juicio político no sólo como un medio para deshacer los resultados democráticos de las últimas elecciones, sino como una estrategia para influir en las próximas elecciones, que se celebrarán en poco más de un año. Como explicó un miembro del Congreso, a él "le preocupa que, si no acusamos al Presidente, será reelegido" (1) . Su esfuerzo altamente partidista e inconstitucional amenaza con provocar daños graves y duraderos a nuestras instituciones democráticas, a nuestro sistema de elecciones libres, y al pueblo estadounidense.

Por su parte, el presidente Trump dio el paso sin precedentes de brindar transparencia pública al desclasificar y publicar el registro de su llamada al presidente Zelenskyy de Ucrania. El registro establece claramente que la llamada fue completamente apropiada y que no hay base para su investigación. El hecho de que no hubo nada malo con la llamada también fue confirmado poderosamente por la decisión del presidente Schiff de crear una versión falsa de la llamada y leérsela al pueblo estadounidense en una audiencia en el Congreso, sin revelar que simplemente estaba inventando todo.

Además, recientemente salió a la luz la información de que el denunciante tuvo contacto con la oficina del presidente Schiff antes de presentar la queja. Su negación inicial de dicho contacto hizo que The Washington Post concluyera que el presidente Schiff "claramente hizo una declaración falsa". (2) En cualquier caso, el pueblo estadounidense comprende que el presidente Schiff no puede ayudar de manera encubierta a presentar una queja, engañar al público sobre su participación, leer una versión falsa de la llamada al pueblo estadounidense y luego pretender presentarse a juicio como un "investigador" neutral.

Por estas razones, el presidente Trump y su administración rechazan sus esfuerzos infundados e inconstitucionales para anular el proceso democrático. Sus acciones sin precedentes han dejado al Presidente sin opción. Para cumplir con sus deberes con el pueblo estadounidense, la Constitución, el Poder Ejecutivo y todos los futuros ocupantes de la Oficina de la Presidencia, el presidente Trump y su administración no pueden participar en su investigación partidista e inconstitucional en estas circunstancias.

I. Su "Investigación" es constitucionalmente inválida y viola los derechos básicos del debido proceso y la separación de poderes.

Su investigación es constitucionalmente inválida y representa una violación del debido proceso. En la historia de nuestra nación, la Cámara de Representantes nunca ha intentado iniciar una investigación de juicio político contra el Presidente sin que una mayoría de la Cámara asuma la responsabilidad política de esa decisión votando para autorizar una medida constitucional tan drástica. Aquí, los líderes de la Cámara afirman haber iniciado el conflicto interprofesional más grave contemplado en nuestra Constitución mediante nada más que una conferencia de prensa en la que la Presidenta de la Cámara simplemente anunció una "investigación oficial de juicio político". (3) Su proceso artificial no tiene precedentes en la historia de la Nación, (4) y carece de la autorización necesaria para un procedimiento de juicio político válido.

(5) La investigación de los Comités también sufre un defecto fatal independiente. A pesar del compromiso de la presidenta Pelosi de "tratar al Presidente con justicia" (6), los Comités no han establecido ningún procedimiento que le brinde al Presidente siquiera las protecciones más básicas exigidas por el debido proceso de conformidad con la Constitución y por equidad fundamental. El presidente Nadler del Comité Judicial de la Cámara de Representantes ha reconocido expresamente, al menos cuando el presidente era miembro de su propio partido, que "el poder del juicio político ... exige un nivel riguroso de debido proceso" y que en este contexto "debido proceso" significa ... el derecho a ser informado de la ley, de los cargos en su contra, el derecho a confrontar a los testigos en su contra, a llamar a sus propios testigos y contar con la asistencia de un abogado". (7) Todos esos procedimientos se han abandonado en este caso.

Estos derechos de debido proceso no son una cuestión de discreción de la cual los Comités pueden prescindir a voluntad. Por el contrario, son requisitos constitucionales. La Corte Suprema ha reconocido que las protecciones del debido proceso se aplican a todas las investigaciones del Congreso. (8) De hecho, se ha reconocido que la Cláusula del Debido Proceso se aplica a los procedimientos de juicio político. (9) Y el precedente de los derechos de interrogar a los testigos, llamar a testigos y presentar pruebas se remonta a casi 150 años. (10) Sin embargo, los Comités han decidido negarle al Presidente estos derechos y protecciones elementales que forman la base del sistema de justicia estadounidense y están protegidos por la Constitución. A ningún ciudadano, incluyendo el Presidente, se le debe tratar de manera injusta.

Para cumplir con las exigencias de la Constitución, los procedimientos apropiados incluirían, como mínimo, el derecho a ver todas las pruebas, presentar pruebas, llamar a testigos, tener un abogado presente en todas las audiencias, interrogar a todos los testigos, hacer objeciones relacionadas al examen de testigos o la admisibilidad de testimonios y pruebas, y responder a pruebas y testimonios. Asimismo, los Comités deben prever la divulgación de todas las pruebas favorables para el Presidente y todas las pruebas relacionadas con la credibilidad de los testigos llamados a declarar en la investigación. Los procedimientos actuales de los Comités no proporcionan ninguno de estos derechos constitucionales básicos.

Además, la Cámara no les ha otorgado a los miembros de alto rango de los comités la autoridad para emitir citaciones. El derecho de la minoría a emitir citaciones — sujeto a las mismas reglas que la mayoría — ha sido la práctica estándar y bipartidista en todas las resoluciones recientes que autorizan las investigaciones de juicio político presidencial. (11) El hecho de que la Cámara no proporcione poder de citación co-igual en este caso garantiza que cualquier investigación no será más que un esfuerzo unilateral por parte de los demócratas de la Cámara para reunir información favorable a sus puntos de vista y publicarla selectivamente como sólo ellos lo decidan. El desprecio absoluto de la Cámara hacia las garantías procesales establecidas seguidas en las investigaciones de juicio político anteriores muestra que los procedimientos actuales no son más que un ejercicio inconstitucional de teatro político.

Como si negarle al Presidente las protecciones procesales básicas no fuera suficiente, los Comités también han recurrido a amenazas e intimidación contra posibles testigos del Poder Ejecutivo. Las amenazas de los Comités contra testigos del Poder Ejecutivo que invocan derechos comunes y de larga data destruyen la integridad del proceso y violan descaradamente el debido proceso fundamental. En cartas a los empleados del Departamento de Estado, los Comités han amenazado de forma inquietante — sin ningún fundamento legal y antes de que los Comités emitieran una citación — que "cualquier falta de comparecencia" en respuesta a una simple carta de solicitud de declaración constituirá evidencia de obstrucción". (12) Peor aún, los Comités han amenazado en términos generales que si los funcionarios del Departamento de Estado intentan insistir en el derecho del Departamento de tener un abogado de la agencia presente en las declaraciones para proteger los intereses legítimos de confidencialidad del Poder Ejecutivo — o aparentemente si hacen algún esfuerzo para proteger esos intereses de confidencialidad en lo absoluto — se les retendrán sus salarios. (13)

La sugerencia de que de alguna manera sería problemático para cualquiera plantear intereses y privilegios de confidencialidad de larga data del Poder Ejecutivo en respuesta a una solicitud de deposición carece de fundamento legal. No resulta sorprendente que la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia haya dejado en claro en múltiples ocasiones que los empleados del Poder Ejecutivo que han recibido instrucciones de no comparecer o no dar testimonio particular ante el Congreso basándose en los privilegios o inmunidades del Poder Ejecutivo no pueden ser castigado por seguir tales instrucciones.

(14) Los funcionarios actuales y anteriores del Departamento de Estado tienen el deber de proteger los intereses de confidencialidad del Poder Ejecutivo, y la Oficina de Asesoría Jurídica también ha reconocido que es inconstitucional impedir que abogados de la agencia participen en las declaraciones del Congreso. (15) Además, cualquier intento de retener el salario de un funcionario por la reivindicación de tales intereses no tendría precedentes y sería inconstitucional. (16) Las afirmaciones de los Comités sobre estos puntos no equivalen a nada más que tácticas intimidatorias diseñadas para acelerar los procedimientos sin tener en cuenta el debido proceso y los derechos de las personas y del Poder Ejecutivo. Las amenazas destinadas a intimidar a las personas que reivindican estos derechos básicos son ataques a las libertades civiles que deberían preocuparles profundamente a todos los estadounidenses.

II. La "Investigación de juicio político" inválida busca claramente revertir el resultado de las elecciones de 2016 e influir en las elecciones de 2020.

El esfuerzo por acusar al presidente Trump ----- sin tener en cuenta ninguna evidencia de sus acciones en el cargo es una estrategia política manifiesta que comenzó el día en que tomó posesión, y tal vez incluso antes. (17) De hecho, su obvia prisa por un juicio, la falta de una autorización democráticamente responsable y la violación de los derechos básicos en los procedimientos actuales dejan en claro el propósito ilegítimo y partidista de esta supuesta "investigación de juicio político". Sin embargo, los Fundadores no crearon el mecanismo extraordinario de juicio político para que lo utilizara un partido político al que le preocupan sus perspectivas ante el Presidente en funciones en las próximas elecciones. La decisión sobre quién será elegido presidente en 2020 debe recaer sobre el pueblo de Estados Unidos, exactamente donde la coloca la Constitución.

Los propios demócratas solían reconocer las graves implicaciones del juicio político para la nación. Por ejemplo, anteriormente, el presidente Nadler ha explicado: "El efecto del juicio político es anular la voluntad popular de los votantes. No debemos revocar una elección y destituir a un presidente de su cargo, excepto para defender nuestro sistema de gobierno o nuestras libertades constitucionales contra una amenaza grave, y no debemos hacerlo sin un consenso abrumador del pueblo estadounidense. Nunca debe haber un juicio político por una votación por estrecho margen o un juicio político que cuente con el respaldo de uno de nuestros principales partidos políticos y la oposición del otro. Dicho juicio político producirá división y amargura en nuestra política en los años venideros, y cuestionará la legitimidad de nuestras instituciones políticas". (18)

Desafortunadamente, los opositores políticos del presidente ahora parecen ansiosos por transformar el juicio político de un recurso extraordinario que rara vez debería contemplarse en un arma política convencional para desplegarla con fines partidistas. Estas acciones están muy lejos de lo que nuestros Fundadores imaginaron cuando le otorgaron al Congreso la "importante confianza" de considerar el juicio político. (19) Precisamente porque anula el resultado del proceso democrático, el juicio político al presidente conlleva el riesgo de profundizar las divisiones en el país y crear divisiones duraderas en el cuerpo político. (20) Desafortunadamente, ahora ustedes son partícipes de los juicios precipitados partidistas sobre los que los Fundadores nos alertaron. El pueblo estadounidense merece algo mucho mejor que esto.

III. No hay base legítima para su "investigación de juicio político"; en cambio, las acciones de los Comités plantean serias dudas.

Es obvio que ustedes han recurrido a dichos procedimientos inconstitucionales y sin precedentes porque saben que un proceso justo expondría la falta de cualquier base para su investigación. Su esfuerzo actual se basa en una llamada completamente apropiada el 25 de julio de 2019, entre el presidente Trump y el presidente Zelenskyy de Ucrania. Sin esperar a ver lo que realmente se dijo en la llamada, se realizó una conferencia de prensa anunciando una "investigación de juicio político" basada en falsedades y desinformación sobre la llamada. (21) Para refutar esas falsedades y proporcionar transparencia al pueblo estadounidense, el presidente Trump procuró el acuerdo del Gobierno de Ucrania y tomó la extraordinaria medida de desclasificar y publicar el registro de la llamada. Ese registro establece claramente que la llamada fue completamente apropiada, que el Presidente no hizo nada malo, y que no hay base para su investigación de juicio político. En una conferencia de prensa conjunta poco después de la publicación de la llamada, el presidente Zelenskyy coincidió con la opinión de que la llamada era apropiada. (22) Además, el Departamento de Justicia anunció que los funcionarios presentes habían revisado la llamada después de una remisión por una supuesta violación de la ley de financiamiento de campañas y no encontraron tal violación. (23)

Quizás la mejor evidencia de que no hubo irregularidades en la llamada es el hecho de que, después de que se publicó el registro real de la llamada, el presidente Schiff decidió inventar una versión falsa de la llamada y leer su transcripción inventada al pueblo estadounidense en una audiencia pública (24) Esto confirma rotundamente que no hay problema con la llamada real. De lo contrario, ¿por qué el presidente Schiff sentiría la necesidad de inventar su propia versión?.


La acción del presidente sólo socava aún más la confianza del público en la imparcialidad de cualquier investigación ante su Comité.

El verdadero problema, como ahora sabemos, es que la oficina del presidente Schiff, y quizás otras — a pesar de las negativas iniciales — estuvieron involucradas en asesorar al denunciante antes de que presentara la queja. Inicialmente, cuando se le preguntó en televisión nacional sobre las interacciones con el denunciante, el presidente Schiff declaró inequívocamente que "[no] hemos hablado directamente con el denunciante. Nos gustaría". (25)

Ahora, sin embargo, se ha informado que el denunciante se acercó al Comité de Inteligencia de la Cámara con información, y recibió orientación del Comité — antes de presentar una queja ante el Inspector General. (26) Como resultado, el Washington Post concluyó que el Presidente Schiff "claramente hizo una declaración que era falsa". (27) Cualquiera que haya estado involucrado en la preparación o presentación de la denuncia del denunciante no puede actuar como juez justo e imparcial en el mismo asunto — particularmente después de engañar al pueblo estadounidense sobre su participación.

Todo esto plantea serias dudas que deben investigarse. Sin embargo, los Comités impiden que cualquiera, incluyendo la minoría, investigue estos asuntos de importancia crítica. Como mínimo, el presidente Schiff debe poner a disposición de inmediato todos los documentos relacionados con estos temas. Después de todo, el pueblo estadounidense tiene derecho a conocer las propias acciones de los Comités con respecto a estos asuntos.

***

Dado que su investigación carece de una base constitucional legítima, de cualquier pretensión de justicia o incluso de las protecciones de debido proceso más elementales, no se puede esperar que el Poder Ejecutivo participe en ella. Debido a que participar en esta investigación bajo la actual postura inconstitucional infligiría un daño institucional duradero en el Poder Ejecutivo y un daño duradero a la separación de poderes, no le han dejado al Presidente otra opción. De acuerdo con los deberes del Presidente de Estados Unidos, y en particular su obligación de preservar los derechos de los futuros ocupantes de su cargo, el Presidente Trump no puede permitir que su Administración participe en esta investigación partidista en estas circunstancias.

Su reciente carta al Jefe de Gabinete Interino de la Casa Blanca alega que "incluso si no estuviera en curso una investigación de juicio político", el Comité de Supervisión puede buscar esta información como una cuestión del proceso de supervisión establecido. (28) Respetuosamente, los Comités no pueden optar por ambas cosas. La carta proviene de los Presidentes de tres Comités diferentes, transmite una citación "de conformidad con la investigación de juicio político de la Cámara de Representantes", relata que los documentos serán "recopilados como parte de la investigación de juicio político de la Cámara", y afirma que el los documentos serán "compartidos entre los Comités, así como con el Comité del Poder Judicial, según corresponda". 29 La carta no está dirigida de ninguna manera a recopilar información en ayuda de la legislación, y simplemente no puede esperar depender de la autoridad de supervisión para reunir información para una investigación de juicio político no autorizada que entra en conflicto con todos los precedentes históricos y no tiene la menor consideración por el debido proceso y la separación de poderes. Si los Comités desean volver al orden regular de las solicitudes de supervisión, estamos listos para participar en ese proceso como lo hemos hecho en el pasado, de manera consistente con protecciones constitucionales bipartidistas bien establecidas y respeto por la separación de poderes consagrados en nuestra Constitución.

Por las razones anteriores, el Presidente no puede permitir que sus procedimientos constitucionalmente ilegítimos lo distraigan ni a él y ni a los miembros del Poder Ejecutivo de su trabajo en nombre del pueblo estadounidense. El presidente tiene que liderar el país. El pueblo estadounidense lo eligió para hacer este trabajo, y él sigue enfocado en cumplir sus promesas al pueblo estadounidense. Tiene un trabajo importante que debe continuar en su nombre, tanto en el país como en todo el mundo, incluyendo el continuo crecimiento económico, la prolongación de los niveles históricamente bajos de desempleo, la negociación de acuerdos comerciales, la reparación de nuestro maltrecho sistema de inmigración, la reducción de los precios de los medicamentos recetados y las medidas contra los tiroteos masivos. Esperamos que, a la luz de las muchas deficiencias que hemos identificado en sus procedimientos, ustedes abandonen los esfuerzos inválidos actuales para realizar una investigación de juicio político y se unan al Presidente para enfocarse en los muchos objetivos importantes que les resultan de interés el pueblo estadounidense.

Sinceramente,

Pat A. Cipollone (firmado)

Consejero del Presidente

cc: Honorable Kevin McCarthy, Líder de la Minoría, Cámara de Representantes
Honorable Michael McCaul, Miembro de Alto Rango, Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, Honorable Devin Nunes, Miembro de Alto Rango, Comité Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes
Honorable Jim Jordan, Miembro de Alto Rango, Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara

Estos son los protagonistas del 'impeachment' que acecha a Trump (fotos)

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Notas de referencia:


1. Entrevista con el representante Al Green, MSNBC (5 de mayo de 2019).
2. Glenn Kessler, Declaración falsa de Schiff de que su comité no había hablado con el denunciante, Washington. Post (4 de octubre de 2019).
3. Comunicado de prensa, Nancy Pelosi, Comentarios de Pelosi que anuncian la investigación de juicio político (24 de septiembre de 2019).
4. Desde la fundación de la República, bajo una práctica ininterrumpida, la Cámara nunca ha asumido la solemne responsabilidad de una investigación de juicio político dirigida al Presidente sin primero adoptar una resolución que autorice a un comité a comenzar la investigación. Las investigaciones sobre los juicios políticos a los presidentes Andrew Johnson y Bill Clinton procedieron en múltiples fases, cada una autorizada por una resolución independiente de la Cámara. Ver, por ejemplo, H.R. Res. 581, I 05th Cong. (1998); H.R. Res. 525, I 05th Cong. (1998); III Antecedentes de Hinds §§ 2400-02, 2408, 2412. Y antes de que el Comité Judicial iniciara una investigación de juicio político sobre el presidente Richard Nixon, el presidente del Comité reconoció legítimamente que "una resolución [de investigación] siempre ha sido aprobada por la Cámara" y "es un paso necesario". III Precedentes de Deschler cap. 14, § 15.2. La Cámara cumplió ese requisito al adoptar H.R. Res. 803, 93er Cong. (1974),
5. El presidente Nadler ha reconocido la importancia de la votación en la Cámara antes de comenzar una investigación de juicio político presidencial. Al comienzo de la investigación de juicio político a Clinton — donde se celebró una votación en el plenario — alegó que incluso limitar el tiempo de debate antes de esa votación era inapropiado y que "una hora de debate sobre esta decisión trascendental es un insulto para el pueblo estadounidense y otro indicio de que esto no va a ser justo". 144 Cong. Rec. HI 0018 (edición diaria, 8 de octubre de 1998) (declaración del Rep. Jerrold Nadler). Aquí, la Cámara ha prescindido de todo voto y debate.
6. Comunicado de prensa, Nancy Pelosi, Transcripción de la Conferencia de prensa semanal de Pelosi hoy (2 de octubre de 2019).
7. Análisis de las acusaciones de conducta impropia contra el comisionado del IRS John Koskinen (Parte II): Audiencia ante el Comité de Asuntos Jurídicos, 114 ° Cong. 3 (2016) (declaración del representante Jerrold Nadler); Antecedentes e historia de la acusación: Audiencia ante el Subcomité sobre la Constitución del Comité de Asuntos Jurírdicos, 105 ° Cong. 17 (1998) (declaración del representante Jerrold Nadler).
8. Ver, por ejemplo, Watkins vs. Estados Unidos, 354 US 178,188 (1957); Quinn vs. Estados Unidos, 349 US 155,161 (1955).
9. Ver Hastings vs. Estados Unidos, 802 F. Supp. 490, 504 (D.D.C. 1992), anulado por otros motivos por Hastings vs. Estados Unidos, 988 F.2d 1280 (DC Cir. 1993).
10. Ver, por ejemplo, III Precedentes de Hinds § 2445.


11. H.R. Res. 581, 105º Cong. (1998); H.R. Res. 803, 93er Cong. (1974).
12. Carta de Eliot L. Engel, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, et al., a George P. Kent, subsecretario adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos I (27 de septiembre de 2019).
13. 13 Ver Carta de Eliot L. Engel, Presidente, Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, et al., a John J. Sullivan, Subsecretario de Estado 2-3 (1 de octubre de 2019).
14. Véase, por ejemplo, Inmunidad testimonial ante el Congreso del ex abogado del presidente, 43 op. O.L.C. _, * 19 (20 de mayo de 2019); Enjuiciamiento por desacato al Congreso de un funcionario del Poder Ejecutivo que ha presentado un reclamo de privilegio ejecutivo, 8 Op. O.L.C. IO I, I 02, 140 (l 984) ("El Poder Ejecutivo, sin embargo, debe estar libre de la amenaza de enjuiciamiento penal para que su derecho a ejercer el privilegio ejecutivo tenga algún enfoque práctico")
15. Intento de exclusión del abogado de la agencia de las declaraciones en el Congreso de empleados de la agencia, 43 Op. O.L.C. _, * 1-2 (23 de mayo de 2019).
16. Ver Presidente Donald J. Trump, Declaración del Presidente sobre la firma de la Ley de Gastos, 2019 (15 de febrero de 2019); Autoridad de los funcionarios de la agencia para prohibir que los empleados proporcionen información al Congreso, 28 Op, OLC 79, 80 (2004).
17. Ver Matea Gold, La campaña para enjuiciar al presidente Trump ha comenzado, Washington. Post (21 de enero de 2017) ("En el momento en que el nuevo comandante en jefe tomó posesión, se lanzó una campaña para generar apoyo público para su juicio político. .. ").


18. 144 Cong. Rec. HI 1786 (edición diaria, 8 de octubre de 1998) (declaración del Rep. Jerrold Nadler).
19. The Federalist Nº 65 (Alexander Hamilton).
20. Ver id.
21. Comunicado de prensa, Nancy Pelosi, Comentarios de Pelosi que anuncian la investigación de juicio político (24 de septiembre de 2019).
22. Reunión del presidente Trump con el presidente ucraniano, C-SPAN (25 de septiembre de 2019).
23. Declaración de Kerri Kupec, Director, Oficina de Asuntos Públicos, Departamento de Justicia (25 de septiembre de 2019) ("[L]a División Criminal del Departamento revisó el registro oficial de la llamada y determinó, basándose en los hechos y la ley aplicable, que no hubo violación del financiamiento de la campaña y que no se justificaba ninguna otra medida").
24. Ver Divulgación de Denunciante: Audiencia ante el Comité Permanente sobre Inteligencia 011 I 16º Cong. (26 de septiembre de 2019) (declaración del representante Adam Schiff).


25. Entrevista con el presidente Adam Schiff, MSNBC (7 de septiembre de 2019).
26. Julian Barnes, et al., Schiff recibió un informe adelantado de las acusaciones conforme crecían las preocupaciones del denunciante, NY Times (2 de octubre de 2019).
27. Glenn Kessler, Declaración falsa de Schiff de que su comité no había hablado con el denunciante, Washington. Post (4 de octubre de 2019).
28. Carta de Elijah E. Cummings, Presidente, Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, et al., a John Michael Mulvaney, Jefe de Gabinete Interino del Presidente 3 (4 de octubre de 2019).
29. Id. al 1

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