La Iglesia católica recibe millones de dólares en apoyo federal por la pandemia pese a no cumplir ciertas condiciones

La Iglesia católica utilizó una exención especial de las reglas federales para obtener al menos 1,400 millones de dólares en ayuda por la pandemia de coronavirus financiada por los contribuyentes, y buena parte de ese dinero fue a diócesis que han pagado enormes cantidades o se han declarado en bancarrota debido a acusaciones de encubrimiento de abuso sexual, de acuerdo con un trabajo de la agencia de noticias AP

Según el reportaje, la Iglesia pudo haber recibido — e incluso superado — los 3,500 millones de dólares, convirtiendo a la institución religiosa global con más de 1,000 millones de fieles en todo el mundo en uno de los máximos ganadores de las labores de ayuda contra la pandemia por parte del gobierno estadounidense, según reveló el análisis hecho con los datos federales difundidos esta semana.

Por lo general, los templos de culto y las organizaciones de fe que promueven creencias religiosas no son elegibles para fondos de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa de Estados Unidos.

Sin embargo, a medida que la economía se desplomó y se disparó el número de desempleados, el Congreso permitió que los grupos religiosos y otras organizaciones no gubernamentales ingresaran al Programa de Protección del Pago de Sueldos (PPP por sus iniciales en inglés), un fondo de 659,000 millones de dólares creado para mantener activa a la economía y los trabajos de los estadounidenses.

Así, las diócesis, parroquias, seminarios y otros ministerios católicos han recibido hasta el momento las aprobación para miles de créditos condonables, encontró AP.

La arquidiócesis de Nueva York, por ejemplo, recibió 15 créditos por un valor de al menos 28 millones de dólares sólo para sus principales oficinas ejecutivas. La Catedral de San Patricio, sobre la Quinta Avenida de la ciudad, recibió aprobación para al menos 1 millón de dólares.

Un crédito de al menos 2 millones de dólares fue a la diócesis de Wheeling-Charleston, en Virginia Occidental, en donde una investigación de la iglesia reveló el año pasado que el entonces obispo Michael Bransfield desfalcó fondos y realizó insinuaciones sexuales a jóvenes sacerdotes.

Golpes de suerte

El simple hecho de ser elegibles para créditos a bajos intereses era una nueva oportunidad. Pero la Iglesia no habría recibido aprobación para tantos préstamos -que el gobierno condonará en caso de que se utilicen para el pago de salarios, alquileres y servicios públicos- sin haber tenido un segundo golpe de suerte.

Los grupos religiosos persuadieron al gobierno de Trump de eximirlos de una regla que, por lo general, descalifica a cualquier solicitante con más de 500 empleados. Sin este trato preferencial, muchas diócesis no habrían sido elegibles debido a que, entre oficinas, parroquias y demás, exceden dicho límite.

“Dicho favoritismo valió miles de millones de dólares”, dijo Micah Schwartzman, profesor de derecho de la Universidad de Virginia especializado en asuntos constitucionales y religión y que ha analizado el PPP.

El conteo de AP sobre cuánto recibió la Iglesia -entre 1,400 y 3,500 millones de dólares- podrían estar por debajo de la cifra real, a juzgar que la Conferencia de Manejo Fiscal Diocesana sondeó a sus miembros y reportó que alrededor de 9,000 entidades católicas recibieron créditos. Esa es un número casi tres veces superior a la de beneficiarios católicos que la AP pudo identificar.

La AP no pudo encontrar a más beneficiarios católicos debido a que los datos del gobierno, difundidos bajo presión del Congreso y de una demanda presentada por varias organizaciones noticiosas, no identifica a los beneficiarios de préstamos menores a 150,000 dólares — una categoría en la que encajarían muchas de las iglesias más pequeñas.

Además, no se pudo dar una cantidad más precisa debido a que el gobierno únicamente difundió los rangos de los préstamos.

Incluso sin una contabilidad completa, el análisis de AP coloca a la Iglesia católica entre los principales beneficiarios del Programa de Protección de Cheques, que también ha ayudado a compañías respaldadas por celebridades, multimillonarios, gobernadores estatales y miembros del Congreso.

El programa estaba abierto a todos los grupos religiosos, y muchos se aprovecharon. Los asesores evangélicos del presidente Donald Trump, incluido su zar espiritual de la Casa Blanca, Paula White-Cain, también recibieron préstamos.

"Realmente Necesario"

No hay duda de que las órdenes estatales de confinamiento para evitar la propagación del coronavirus interrumpieron las actividades de las casas de culto y las empresas por igual.

Las misas fueron canceladas, incluso durante la Semana Santa y las vacaciones de Pascua, privando a las parroquias de los ingresos esperados y contribuyendo al despido en algunas diócesis. Algunas familias de estudiantes de escuelas católicas tienen dificultades para pagar la matrícula y el gasto de desinfectar las aulas una vez que se reanuden las clases ejercerá una presión adicional sobre los presupuestos.

Pero otros problemas fueron autoinfligidos. Mucho antes de la pandemia, decenas de diócesis enfrentaron una creciente presión financiera debido a un aumento dramático en los recientes reclamos de abuso sexual por parte del clero.

Los escándalos que estallaron en 2018 resonaron en todo el mundo. El Papa Francisco ordenó al ex arzobispo de Washington, el cardenal Theodore McCarrick, a una vida de "oración y penitencia" después de las acusaciones de que abusó de menores y seminaristas adultos. Y un informe condenatorio del gran jurado sobre el abuso en seis diócesis de Pensilvania reveló que los obispos habían cubierto durante mucho tiempo a los sacerdotes depredadores, lo que provocó investigaciones en más de otros 20 estados.

A medida que avanzaban las investigaciones, los informes de abuso se triplicaron durante el año que terminó en junio de 2019 a un total de casi 4,500 a nivel nacional. Mientras tanto, las diócesis y las órdenes religiosas desembolsaron 282 millones de dóalres ese año, en comparación con los 106 millones solo cinco años antes. La mayor parte se destinó a acuerdos, además de honorarios legales y apoyo para el clero ofensor.

Los beneficiarios de préstamos incluyeron alrededor de 40 diócesis que han gastado cientos de millones de dólares en los últimos años pagando a las víctimas a través de fondos de compensación o procedimientos de bancarrota. La revisión de AP encontró que estas diócesis fueron aprobadas por alrededor de 200 millones de dólares, aunque el valor es probablemente mucho mayor.

Uno era la Arquidiócesis de Nueva York. Como un intento para levantar su estatus luego de la presentación de las demandas por abuso sexual infantil, el cardenal Timothy Dolan estableció un fondo de compensación para víctimas en 2016. Desde entonces, otras diócesis han establecido fondos similares, que ofrecen a las víctimas acuerdos relativamente rápidos mientras las disuaden de presentar demandas.

El portavoz Joseph Zwilling dijo que la arquidiócesis simplemente quería ser "tratada de manera equitativa y justa bajo la ley". Cuando se le preguntó sobre la exención del límite de 500 empleados que recibieron las organizaciones religiosas, Zwilling remitió a la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.

Un portavoz de la conferencia de obispos reconoció que sus funcionarios presionaron por el programa de cheques de pago, pero dijo que la organización no estaba rastreando lo que recibieron las diócesis y las agencias católicas.

"Estos préstamos son un salvavidas esencial para ayudar a las organizaciones religiosas a mantenerse a flote y continuar atendiendo a los necesitados durante esta crisis", dijo el portavoz Chieko Noguchi en una declaración escrita. Según el análisis de datos de AP, la Iglesia y todas sus organizaciones informaron que retuvieron al menos 407,900 empleos con el dinero que se les otorgó.

Noguchi también escribió que la conferencia consideró firmemente que "la administración implementa este alivio de emergencia de manera justa para todos los solicitantes".

No todas las instituciones católicas buscaron préstamos del gobierno. La Eparquía católica ucraniana con sede en Stamford, Connecticut, dijo a AP que, aunque sus parroquias experimentaron una disminución en las donaciones, ninguna de las organizaciones en su territorio de cinco estados presentó solicitudes.

El diácono Steve Wisnowski, un oficial financiero de la eparquía, dijo que los pastores y los administradores de la iglesia usaron sus ahorros y que los feligreses respondieron generosamente con donaciones. Como resultado, las parroquias "no experimentaron una crisis financiera severa".

Wisnowski dijo que sus superiores entendieron que el programa era para "organizaciones y negocios que realmente necesitan asistencia".

Cabildeo para préstamo

La ley que creó el Programa de Protección de Cheques de Pago permitía la participación de organizaciones sin fines de lucro, siempre y cuando respetaran la "regla de afiliación" de la SBA. La regla generalmente dice que solo las empresas con menos de 500 empleados, incluidas todas las subsidiarias, son elegibles.

El cabildeo de la Iglesia ayudó a las organizaciones religiosas a obtener una excepción.

El Servicio de Noticias Católicas informó que la conferencia de los obispos y varias agencias católicas sin fines de lucro trabajaron durante la semana del 30 de marzo para garantizar que la "naturaleza única de las entidades no los haría no elegibles para el programa" debido a cómo la SBA define un "pequeño" negocio. Esas conversaciones se produjeron pocos días después de que el presidente Trump firmara la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica Coronavirus por valor de 2 billones de dólares, que incluía el Programa de Protección de Cheques de Pago.

Además, los registros federales muestran que la arquidiócesis de Los Ángeles, cuyo líder encabeza la conferencia de los obispos, pagó 20,000 dólares para presionar al Senado y la Cámara de los Estados Unidos sobre la "elegibilidad para organizaciones sin fines de lucro" bajo la Ley CARES. Los registros también muestran que Catholic Charities USA, un brazo de servicio social de la iglesia con agencias miembros en las diócesis de todo el país, pagó otros 30,000 dólares para cabildear en el acto y otros asuntos.

A fines de abril, después de que miles de instituciones católicas obtuvieron préstamos, varios cientos de líderes católicos solicitaron ayuda adicional en una llamada con el presidente Trump. Durante la llamada, Trump subrayó las próximas elecciones presidenciales y se promocionó como el candidato mejor alineado con los conservadores religiosos, jactándose de que era el "mejor (presidente) que la iglesia católica ha visto", según Crux, una publicación en línea que cubre la iglesia.

Catholic Charities USA y sus agencias miembro fueron aprobadas para unos 110 préstamos por un valor de entre 90 y 220 millones de dólares por lo menos, según los datos.

En una declaración, Caridades Católicas dijo: “Cada organización es una entidad legal separada bajo los auspicios del obispo en la diócesis en la que se encuentra la agencia. CCUSA apoya a las agencias que eligen convertirse en miembros, pero no desempeña ningún papel en sus operaciones diarias o gobierno”.

La arquidiócesis de Los Ángeles dijo a AP en una encuesta enviada antes del lanzamiento de datos federales, que 247 de sus 288 parroquias, y todas menos una de sus 232 escuelas, recibieron préstamos. La encuesta abarcó más de 180 diócesis y eparquías.

Como la mayoría de las diócesis, la de Los Ángeles no revelaría su monto total en dólares. Si bien los datos federales no vinculan a los receptores católicos con las diócesis de sus hogares, AP encontró 37 préstamos para la arquidiócesis y sus afiliados por un valor de entre 9 y 23 millones de dólares, incluido uno para su catedral del centro.

En 2007, la arquidiócesis pagó un récord de 660 millones de dólares para resolver los reclamos de abuso sexual de más de 500 víctimas. Los portavoces del arzobispo de Los Ángeles, José M. Gómez, no respondieron a preguntas adicionales sobre las finanzas y el cabildeo de la arquidiócesis.

En los materiales del programa, los funcionarios de la SBA dijeron que proporcionaron la exención de afiliación a los grupos religiosos en deferencia a su estructura organizativa única, y porque la respuesta de salud pública para frenar la propagación del coronavirus interrumpió las iglesias al igual que lo hicieron las empresas.

Un alto funcionario del Departamento del Tesoro, que trabajó con la SBA para administrar el programa, reconoció en un comunicado la mayor disponibilidad de préstamos para organizaciones religiosas. "La Ley CARES amplió la elegibilidad para incluir organizaciones sin fines de lucro en el PPP, y las regulaciones de la SBA aseguraron que ninguna organización religiosa sin fines de lucro elegible fuera excluida de la participación debido a sus creencias o denominación", dijo el comunicado.

Mientras tanto, algunos expertos legales dicen que la consideración especial que el gobierno le dio a los grupos religiosos en el programa de préstamos ha erosionado aún más el muro entre la Iglesia y el estado previsto en la Primera Enmienda. Con esa erosión, los grupos religiosos que no pagan impuestos han obtenido más acceso al dinero público, dijo Marci Hamilton, profesora y abogada de la Universidad de Pensilvania que ha representado a las víctimas de abusos del clero en asuntos constitucionales durante los procedimientos de quiebra.

"En este punto, el argumento es que eres antirreligioso si dices que la Iglesia Católica no debería estar recibiendo financiación del gobierno", dijo Hamilton.

Efectivo rápido

Después de su campaña de cabildeo, la Iglesia Católica trabajó con parroquias y escuelas para acceder al dinero.

Muchas diócesis, desde las grandes como la Arquidiócesis de Boston hasta las más pequeñas, como la Diócesis de La Crosse, Wisconsin, reunieron guías prácticas para ayudar a sus afiliados a presentar una solicitud. La conferencia fiscal nacional católica también organizó múltiples seminarios web con expertos legales y financieros para ayudar a capacitar a los líderes locales.

Los datos federales muestran que la mayor parte del dinero de la iglesia fue aprobada durante las primeras dos semanas del programa de préstamos. Fue entonces cuando la demanda de asistencia por orden de llegada fue tan alta que los 349 mil millones de dólares iniciales se agotaron rápidamente, excluyendo a muchas empresas locales.

En general, casi 500 préstamos aprobados a entidades católicas excedieron 1 millón de dólares para cada una. La AP descubrió que al menos ocho alcanzaron el rango máximo de 5 a 10 millones. Muchos de los destinatarios mencionados eran las oficinas de los obispos, la sede de las principales órdenes religiosas, las principales iglesias, escuelas y capítulos de Caridades Católicas.

También entre los destinatarios estaba el Instituto Saint Luke. El centro de tratamiento católico para sacerdotes acusados de abuso sexual y personas que padecen otros trastornos recibió un préstamo que oscila entre 350,000 y 1 millón de dólares. Con sede en Silver Spring, Maryland, el instituto ha sido a veces una estación de paso para sacerdotes acusados de abuso sexual que regresaron al ministerio activo solo para volver a abusar.

Quizás nada ilustra la búsqueda agresiva de fondos de la iglesia mejor que cuatro diócesis que demandaron al gobierno federal para recibir préstamos, a pesar de que entraron en procedimientos de bancarrota debido a las crecientes demandas de abuso sexual por parte del clero. Las normas de la Administración de Pequeñas Empresas prohíben los préstamos a los solicitantes en quiebra.

La Arquidiócesis de Santa Fe, Nuevo México, que alguna vez fue el hogar de un centro de tratamiento para sacerdotes depredadores ahora cerrado, prevaleció en los tribunales, allanando el camino para que sus oficinas administrativas pudiran recibir casi 1 millón de dólares. Acusó a la SBA de extralimitarse al bloquear las solicitudes de bancarrota cuando el Congreso no lo explicó en detalle.

Sin embargo, incluso cuando una diócesis ha perdido en un tribunal de quiebras, o su caso está pendiente, sus parroquias, escuelas y otras organizaciones afiliadas siguen siendo elegibles para préstamos.

En el territorio estadounidense de Guam, más de 200 demandas por abuso del clero llevaron a los líderes de la iglesia en la pequeña Arquidiócesis de Agana a buscar protección por bancarrota, ya que estimaron al menos 45 millonesde dólares en pasivos. Aun así, las parroquias, las escuelas y otras organizaciones de la arquidiócesis han recibido al menos 1.7 millones, ya que demandó a la SBA para que apruebe un préstamo para su sede, según los documentos de bancarrota.

La iglesia de Estados Unidos puede tener un historial preocupante sobre abuso sexual, pero el obispo Lawrence Persico de Erie, Pensilvania, rechazó la idea de que las diócesis deberían ser excluidas del paquete de rescate del gobierno. Aproximadamente 80 organizaciones dentro de su diócesis recibieron préstamos por un valor de 10.3 millones de dólares, dijo la diócesis, y la mayor parte del dinero se destinó a parroquias y escuelas.

Persico señaló que las entidades eclesiásticas ayudan a alimentar, vestir y proteger a los pobres, y al hacerlo mantienen a las personas empleadas.

"Sé que algunas personas pueden reaccionar con sorpresa porque los fondos del gobierno ayudaron a apoyar a las escuelas religiosas, parroquias y diócesis", dijo. "La separación de la iglesia y el estado no significa que aquellos motivados por su fe no tengan lugar en la plaza pública".