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Deportaciones

¿Tienen los padres responsabilidad criminal cuando envían a sus hijos solos a cruzar la frontera sur de EEUU?

El hallazgo por parte de autoridades mexicanas de tres niñas de 9, 6 y 1 año en un islote en el río Bravo pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre la responsabilidad criminal de los padres de arriesgar la vida de sus hijos en la frontera para entrar a EEUU en busca de asilo.
Publicado 17 Ene 2023 – 01:03 PM EST | Actualizado 18 Ene 2023 – 01:34 PM EST
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El rescate la semana pasada de tres niñas inmigrantes de origen salvadoreño de un islote ubicado en el lado mexicano de la frontera, entre las ciudades de Piedras Negras (Coahuila) e Eagle Pass (Texas), vuelve a generar preguntas respecto a si los padres o tutores legales pueden ser demandados por abandono.

Julia Aquino, madre de las pequeñas de 9, 6 y 1 año, ha contado que las niñas fueron abandonadas en ese lugar por un “coyote”, al parecer para de esa manera garantizar sus entradas a Estados Unidos y ser procesados como menores no acompañados.

Bajo el Acuerdo Judicial Flores de 1997, los niños no acompañados no pueden ser deportados inmediatamente a sus países de origen, el gobierno debe garantizar su seguridad y bienestar, procesarlos ante la Corte de Inmigración (EOIR) y un juez debe decidir sus futuros en Estados Unidos.

Pero en México opera otro sistema y el gobierno ha dicho que deportará a El Salvador a la mujer y sus tres hijas. Aquino, por su parte, asegura que si son regresadas a su país su vida y la de sus hijas corren peligro ya que una de niñas fue abusada por un miembro de su familia que está en prisión, pero que pronto saldrá libre.

“Tengo temor que esa persona salga y tenga represalias contra ella, contra mí o mis otras hijas… que vean que no puedo estar en mi país”, dijo la apesadumbrada mujer durante una reciente entrevista.

La madre contó que había adelantado $2,000 de los $9,000 que le pidió el coyote (traficante de personas) por entregar a sus hijas a las autoridades estadounidenses mientras ella también entraba al país por separado. Le habían dicho que lo mejor era que hacerlo de esa manera.

Debate que no termina

La inmigración de niños solos es un tema que ha estado en el centro del debate en la última década debido a un notable incremento en el número detenciones de menores no acompañados en la frontera sur. En el año fiscal 2014, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) registró más de 66,000 hallazgos y a partir de entonces las cifras se mantienen altas.

En 2015, el número de menores no acompañados detenidos fue de 39,399; en 2016, se registraron 58,819 arrestos; en 2017, la cantidad fue de 40,631; en 2018, fueron 48,335; en 2019, alcanzó 73,235; en 2020, fueron hallados 29,392; y en 2021, el número de arrestos fue de 45,861, entre niños procedentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP).

La baja contabilizada en el año fiscal 2020 se debió al cierre de la frontera por la pandemia del COVID-19.

Si bien el hallazgo fue hecho en territorio mexicano y el caso está siendo manejado por las autoridades migratorias de ese país, el destino de Aquino y sus tres hijas no era otro que Estados Unidos.

¿Qué hubiese sucedido si las pequeñas hubiesen sido encontradas abandonadas por elementos de la Patrulla Fronteriza (Border Patrol) estadounidense?

El caso de Margarita

En 2021, pocas semanas después de la toma de posesión de Joe Biden y el comienzo del desarme de la política migratoria de ‘tolerancia cero’ del gobierno anterior, se registró el caso de Margarita, una niña de 9 años que cruzó sola la frontera sur y fue detenida por un agente federal de inmigración. La pequeña llegó sana y salva bajo la custodia de un coyote que la trajo desde Guatemala, el mismo sistema que iba a ser utilizado con las hijas de Aquino, pero nada salió como lo tenía planeado el coyote.

El viaje de Margarita costó $10,000 y lo pagó su madre, quien en ese momento vivía indocumentada en Estados Unidos desde hacía poco más de ocho años. La pequeña fue liberada tras su detención en espera de su audiencia en un tribunal de inmigración donde tendrá el derecho de pedir asilo.

Debido a la acumulación que se registra en la Corte de Inmigración, con más de 2 millones de casos, el juicio de Margarita “demorará unos dos años en llevarse a cabo”, desde la fecha en que fue liberada, según dijo en aquel entonces Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.

Una semana antes del hallazgo de Margarita, Brian, un inmigrante mexicano que cruzó el muro por un área de Texas cayó desde una altura de 12 pies y se fracturó la columna vertebral y un tobillo. “No volverá a caminar”, dijo Gálvez. “Se encuentra internado en un hospital de El Paso”.

En ambos casos muchos se preguntaron cuánta responsabilidad recae sobre los padres o tutores que los envían en busca de asilo, si existen mecanismos legales para protegerlos y qué están haciendo los gobiernos implicados en el éxodo para evitar tragedias como la de Brian, o peor aún, perder la vida en el fallido intento por escapar de la muerte.

De quién es la culpa

¿Se puede demandar a un padre que empuja a un hijo a abandonar su país? “La pregunta tiene que ver con la ley de agravios, no con la ley de inmigración estadounidense”, advierte Stephen Yale-Loher, profesor de la práctica de inmigración de la escuela de leyes de la Universidad de Cornell, Nueva York. “La cuestión es si los padres pueden ser demandados por negligencia al permitir que sus hijos viajen solos desde su país de origen a Estados Unidos”.

En la práctica, añade, estos juicios son muy raros, por varias razones. "Primero, el niño (o alguien en nombre del niño) tendría que demandar. Y es poco probable que los niños conozcan la ley de responsabilidad civil de Estados Unidos”.

“Y probablemente no estén dispuestos a demandar a sus padres”, precisa. “Además, incluso si quisieran demandar no podrían pagar un abogado que los represente”.

Yale-Loher dice además que “incluso si un niño gana una demanda por agravio, muchos padres no tendrían dinero para pagar los daños”.

Una segunda pregunta asoma entonces. ¿Es legal permitir que un niño viaje solo y cruce la frontera solo? “Nada en la ley de inmigración de Estados Unidos evita esto”, indica Yale-Loher. “La ley de inmigración dice que cualquier persona que tenga un temor fundado de persecución puede solicitar asilo. No existe un requisito de edad mínima para solicitar asilo en la frontera”.

Asunto de jurisdicción

Para Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego, el problema de permitir que haya niños inmigrantes solos cruzando la frontera es de jurisdicción. "Y también sobre quién sería la persona o la entidad que va a demandar a esos padres” que los dejan o envían solos.

“Si viene de Guatemala, por ejemplo, es muy difícil que las autoridades de ese país (o de El Salvador o de Honduras) que vayan a procesar a los padres por abandono siendo que tampoco han sido capaces de evitar que huyan hacia Estados Unidos”, explica.

Y ante el hecho de que no son procesados en sus países de origen por negligencia, “no hay voluntad política para demandar a los padres y en Estados Unidos no lo pueden hacer porque, en muchos casos, los padres no están aquí”.

Velásquez dice que también se debe considerar “la situación tan desesperada en que se encuentran estas personas en sus países". "No creo que los padres vayan a sufrir consecuencias por enviarlos solos en busca de asilo cuando vienen huyendo para salvar sus vidas”.

“Esa condición penal no es tan importante para ellos. Los padres toman decisiones desesperadas porque las vidas de sus pequeños están en juego. La prioridad es protegerlos. Y es inútil hacer algo en contra de los padres porque no va a cambiar en nada la situación que genera el éxodo”, precisa.

El viaje no es ilegal

Antes de hallar culpables hay que analizar las causas del éxodo de migrantes hacia Estados Unidos. En 2013, un informe de la Universidad de California advirtió al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que, debido a la pobreza, violencia, falta de oportunidades, efectos del cambio climático y corrupción de los gobiernos del Triángulo Norte, miles de personas estaban huyendo en busca de asilo en Estados Unidos.

Diez años más tarde la situación ha empeorado. Pero internamente, “los republicanos culpan a la nueva administración del presidente Biden por el aumento del flujo en la frontera, y los demócratas señalan que el aumento comenzó a crecer durante la presidencia de Trump, basado en un gran repunte en el verano de 2019”, dice Rebeca Sánchez-Roig, una exfiscal de inmigración y abogada que ejerce en Miami, Florida.

Agregó que los factores que generaron el éxodo en 2013 se agravaron y que muchos padres toman un gran riesgo en enviar a sus hijos a sabiendas de los peligros que existen en el cruce. “¿Qué responsabilidad tienen los padres de estos niños en arriesgarlos a una travesía tan peligrosa?”, se pregunta. Ella misma responde. “Los padres somos legal y moralmente responsables, en última instancia, de la salud, el bienestar y la seguridad de los hijos menores. Y el gobierno puede presentar cargos penales contra los padres o tutores legales si un niño es designado como un Menor No Acompañado”.

Pero advierte que en más del 80% de los casos de niños no acompañados registrados por el gobierno de Estados Unidos, los menores llegan a la frontera entre México y Estados Unidos con traficantes (de personas o coyotes), como el caso de las tres hermanas salvadoreñas.

Respecto a la legalidad o no del viaje, Sánchez-Roig dice que “no es ilegal permitir que un menor viaje solo. De hecho, hay muchas razones por las que un menor de edad puede viajar solo, incluso para cumplir con las órdenes judiciales relativas a la custodia de los padres o las visitas. Los países tienen leyes y requisitos legales para los viajes de UAC. En general, la ley exige que los niños y adolescentes que viajan solos o con terceros deben contar con la autorización de sus padres o tutores legales”.

Qué ha dicho la Casa Blanca

Hasta ahora el gobierno de Biden no habla de juicios ni de responsables por la inmigración de menores no acompañados, sino de encontrar soluciones para reparar un problema serio que se generó hace ya algunos años.

“Nuestro mensaje ha sido muy claro y esperamos que las personas de verdad tomen en cuenta lo que estamos tratando de explicar, que ahora no es el momento de venir, que es un camino muy peligroso”, dijo recientemente a Univision Noticias un funcionario de la Administración.

“Estamos tratando de ayudar a los países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) y México, para que apliquen desde allá las peticiones de asilo y no hagan el viaje hasta la frontera. Obviamente, estamos tratando de ayudar y al mismo tiempo reconocemos las necesidades que motivan la huida, entre ellas la pandemia y los graves estragos causados el año pasado tras el paso de dos huracanes”, agregó.

La semana pasada el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) activó la aplicación móvil CBP One, donde los extranjeros en busca de asilo deben registrarse antes de presentarse en la frontera y averiguar si califican para algunos de los programas legales disponibles, entre ellos el asilo, y pedir una cita en un puerto de entrada.

A su vez, en el caso de inmigrantes originarios de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, solo pueden ingresar si previamente un patrocinador en Estados Unidos los pide y el gobierno autoriza el viaje.

El Departamento de Justicia (DOJ), a su vez, señala que el tráfico de personas se encuentra tipificado en el 1907. TITLE 8, U.S.C. 1324(A) Offenses, título que define varios delitos distintos relacionados con los extranjeros. Y en 1996 el congreso tipificó como delito la contratación a sabiendas de inmigrantes indocumentados.

En cuanto a las sanciones, el Código indica que la sanción máxima legal básica por violar 8 U.S.C. § 1324 (a) (1) (i) y (v) (I) (contrabando de extranjeros y conspiración) es una multa bajo el título 18, encarcelamiento por no más de 10 años, o ambos.

Si el tráfico de personas involucra lesiones corporales graves o que ponga en peligro la vida, o si resulta en la muerte de cualquier persona, el acusado puede ser castigado con cadena perpetua o pena de muerte, advierte.


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