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'Si me denuncias te deportan': la amenaza que paraliza a inmigrantes víctimas de abusos

560 organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que las medidas migratorias de Donald Trump están dando lugar a un escenario de impunidad ante los abusos sexuales en el lugar de trabajo y a los agresores domésticos.
9 Mar 2017 – 1:41 AM EST

El endurecimiento de las políticas contra la inmigración del gobierno de Donald Trump podría darle herramientas a quienes cometer abusos sexuales en el lugar de trabajo o a los agresores domésticos, e incrementar así las vulnerabilidades de quienes carecen de documentos en regla en Estados Unidos.

Es lo que han advertido este miércoles más de 560 organizaciones de defensa de los derechos humanos preocupadas por el peligro al que se exponen las víctimas inmigrantes de violencia sexual y de género, que ahora no denuncian sus agresiones por miedo a la deportación.

"Perpetradores de agresiones sexuales, incluidos aquellos que cometen abuso sexual en el lugar de trabajo, y agresores domésticos, amenazan a los inmigrantes vulnerables con que la búsqueda de asistencia en los tribunales provocará su deportación", anotan las organizaciones.

En una misiva al secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, y al director del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), Thomas Homan, hasta 563 organizaciones expresaron su oposición a las medidas migratorias tomadas por el Gobierno el pasado mes de febrero.


Las organizaciones denunciaron el contenido de los memorandos que rubricó el presidente Trump, que a su juicio ponen en peligro a las familias inmigrantes, además de los vetos migratorios contra países de mayoría musulmana.

Estas medidas, apuntan las organizaciones, " crean un temor sin precedentes para las familias y comunidades inmigrantes".

Las acciones ejecutivas y la orientación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) "socavan gravemente las protecciones críticas" creadas por la Ley Contra la Violencia a la Mujer (VAWA, en inglés), que generó las visas tipo U y T en el año 2000, para "aumentar la seguridad de las víctimas de violencia doméstica" y alentar a las víctimas inmigrantes y testigos a denunciar esos delitos.

"Estas órdenes ejecutivas y notas de implementación envían un mensaje peligroso a las comunidades inmigrantes, que acudir a buscar ayuda probablemente conduzca a la deportación", apunta el texto.

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