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Inmigrantes indocumentados

Revelan detalles de denuncia contra cárcel de ICE por abusos sexuales a mujeres migrantes

Un grupo integrado por tres mujeres indocumentadas, cuyas identidades están siendo protregidas, alega que un enfermero las agredió sexualmente. Y que los encargados del centro de detención encubren los hechos y las amenazan con replesalias por haber denunciado los abusos.
Publicado 27 Jul 2022 – 11:58 AM EDT | Actualizado 28 Jul 2022 – 08:07 PM EDT
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Una nueva denuncia en contra de un centro de detención de ICE, en Georgia, revela agresiones sexuales contra mujeres inmigrantes mientras buscaban atención médica.

La queja, entablada a mediados de julio por tres mujeres, fue dada a conocer por el Southern Poverty Law Center (SPLC). Otras dos internas del mismo centro de detención ya habían presentado reclamos similares previamente.

La denuncia fue hecha por inmigrantes que fueron detenidas por ICE en el Centro de Detención Stewart, en Lumpkin, Georgia. Los abusos tuvieron lugar desde julio de 2021 hasta enero de 2022, dijo el SPLC.

La organización agrega que la queja “incluye informes de mujeres que dicen que un enfermero las agredió sexualmente mientras buscaban atención médica en el centro”. Y que el presunto agresor es un empleado de CoreCivic, empresa privada que opera la prisión privada para inmigrantes en Lumpkin.

ICE dijo en un comunicado que dos de los casos permanecen bajo investigación.

En diciembre de 2020 más de 40 mujeres detenidas en el centro de detención de ICE Irwin, también en Georgia, denunciaron agresiones similares que llevaron al cierre de la cárcel.

Qué dicen los alegatos

De acuerdo con denuncia, mientras estaban detenidas, “dos de las mujeres encarceladas notificaron a los funcionarios de Stewart sobre el comportamiento de un enfermero. Ambas presentaron múltiples informes y fueron amenazadas repetidamente con represalias, acciones legales, tiempo en prisión y detención prolongada”, explica.

La denuncia, que alega abuso y encubrimiento, agrega que los guardias del centro de detención “también retuvieron la comida de una mujer para desalentar la participación durante las investigaciones internas”.

“A los sobrevivientes, nuestra comunidad está aquí para decirles: ‘Los vemos, los escuchamos. Nadie merece estos abusos. Nos preocupamos por ti, te valoramos y nos preocupamos por ti’”, dijo Amilcar Valencia, director de El Refugio, una organización de ayuda a inmigrantes, la semana pasada durante una conferencia de prensa.

“También estamos aquí para decir, ¡ni uno más!”, señaló Johanna García, coordinadora de defensa de El Refugio. "¿Cuántos cuerpos negros y morenos más tienen que sacrificarse para hacer el cambio?", agregó.

La denuncia

En la denuncia, una mujer identificada como Viviana Doe (la identidad de la inmigrante fue protegida) afirmó que “estoy furiosa de saber que este hombre sigue trabajando en Stewart después de haber abusado de mí y de tantas niñas, incluso cuando todo el personal de Stewart sabía lo que pasó”.

La mujer agregó que “me asusta mucho ver al personal de Stewart encubrir para permitir el abuso de tantas mujeres, y que el empleado que me acosó sexualmente todavía esté allí, expuesto a cientos de mujeres”.

El SPLC dijo que la denuncia fue presentada en varias oficinas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por una colaboración de Black Alliance for Just Immigration, El Refugio, Georgia Detention Watch, Georgia Human Rights Clinic, Georgia Latino Alliance for Human Rights (GLAHR), Owings MacNorlin LLC, Project South y SPLC.

“Estas valientes mujeres asumieron un gran riesgo al compartir estos relatos inquietantes, que desafortunadamente no son incidentes aislados”, dijo Monica Whatley, coordinadora de proyectos de la Iniciativa de Libertad de Inmigrantes del Sureste de SPLC.

La organización brinda representación legal directa y gratuita a inmigrantes detenidos bajo custodia del gobierno.

Las denuncias “confirman lo que los organizadores comunitarios, los defensores de los derechos humanos y los inmigrantes detenidos han advertido durante años: los centros de detención de ICE son fundamentalmente inhumanos, corruptos y plagados de abusos y encubrimientos”, dijo Whatley.

Acciones disciplinarias

Además de la demanda, las mujeres inmigrantes también presentaron quejas de licencia contra el enfermero ante la Junta de Licencias de Georgia. El objetivo es buscar acciones disciplinarias por violaciones de las reglas y leyes que rigen su práctica.

Las organizaciones de defensa de los inmigrantes que respaldan la demanda también presentaron una solicitud de la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act, FOIA) para obtener registros relacionados con la atención médica de las personas bajo custodia en la cárcel de ICE en Stewart, Georgia.

“No puedo dormir pensando en tantas mujeres siendo abusadas por este enfermero, y no entiendo cómo permiten que ese hombre siga trabajando en el Centro de Detención de Stewart, después de que todo el personal sabe que es un agresor sexual”, dijo otra mujer inmigrante detenida en Stewart, identificada como María Doe.

“¿Por qué siguen encubriendo sus acciones? ¿Con qué propósito? ¿Cuántas mujeres más deben ser víctimas de este centro corrupto?”, preguntó. “Lo único que quiero es que se haga justicia y que este hombre no abuse nunca más de las mujeres. Deben dejar de violar los derechos humanos de todas las mujeres en Stewart. ¡Basta ya de torturarnos!”, indicó.

El SLPC dijo que las acusaciones contra el enfermero forman parte de una serie de quejas sobre abuso médico y mala conducta imprudente en Stewart y otros centros de detención de ICE.

Preguntas sin respuestas

No hay evidencia que sugiera que las investigaciones en curso de ICE estén relacionadas con el enfermero denunciado, dijo el sitio digital Incercept. Agregó que los estándares nacionales de detención de ICE, que se aplican a los contratistas privados, indican que cuando se sospecha que un miembro del personal ha cometido agresión sexual, “será removido de todas las funciones que requieran contacto con los detenidos en espera del resultado de la investigación”.

Sin embargo, el enfermero denunciado continuó brindando atención médica a las mujeres en Stewart hasta el 2 de julio, según el Southern Poverty Law Center, que revisó los registros médicos para esa fecha.

Por su arte, no existen denuncias públicas de mala conducta relacionadas con los registros médicos de fecha 2 de julio.

CoreCivic ni ICE han respondido a preguntas de seguimiento sobre si el enfermero había sido puesto en licencia durante las investigaciones en curso por parte del DHS o de ICE, dijo The Intercept. ICE no suele responder preguntas sobre casos en litigio.

Según registros públicos, hubo al menos 11 denuncias de agresión sexual contra el personal de Stewart desde mayo de 2021 hasta mayo de 2022.

El SPLC dijo que Stewart ha estado durante mucho tiempo en el centro de múltiples investigaciones en torno al trato abusivo a los inmigrantes detenidos y actualmente está siendo investigado por la Oficina del Inspector General del DHS.

La denuncia del 2020

En septiembre de 2020 un grupo de mujeres migrantes detenidas en el centro de detención Irwin de ICE en Georgia, y que era operado por una empresa privada, fueron objeto de un patrón de agresiones sexuales y represalias por parte de los guardias por denunciar agresiones repetidas contra las personas allí detenidas.

Los abusos fueron denunciados por primera vez en septiembre de 2020. Tres meses después, en diciembre, una demanda colectiva, a nombre de catorce mujeres y otras en situación similar –poco más de 40 en total– evidenció las denuncias relacionadas con diversos abusos médicos cometidos en el centro, entre ellos histerectomías y otras prácticas ginecológicas que, alegaron, les dejó huellas imborrables tanto físicas como psicológicas.

Los presuntos procedimientos de extirpación de úteros o de trompas de Falopio en inmigrantes detenidas en la cárcel de ICXE en el condado Irwin, no fueron las únicas negligencias contenidas en una denuncia de 28 páginas entregada por un grupo de organizaciones a la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (IG-DHS).

El informe, presentado por la organización Project South junto a otros cuatro grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, incluyó serias acusaciones de negligencia médica, negativa del personal del centro de detención a realizar pruebas de COVID-19 a detenidos expuestos a la enfermedad, destrucción de solicitudes para atención médica y hasta fabricación de registros médicos.

Las irregularidades halladas en el centro, operado por LaSalle Corrections de Luisiana, fueron corroboradas por la enfermera Dawn Wooten, quien además se convirtió en una denunciante protegida y fue representada por el Proyecto de Responsabilidad del Gobierno y el Project South.

La queja también incluyó relatos de inmigrantes quienes denunciaron malos tratos, amenazas y la utilización de protocolos extremos que aumentan los riesgos de contagios por coronavirus.

Cierran la cárcel de Irwin

En mayo del año pasado el DHS anunció que el cierre del centro de detención de Ice en Irwin, Georgia, junto con otro en North Dartmouth, Massachusetts, el primero por denuncias de abusos sexuales y el segundo por denuncias de condiciones inhumana.

“Dado su extensivamente documentado historial de infracciones a los derechos humanos, Irwin debió cerrarse hace mucho tiempo”, comentó Azadeh Shahshahani, directora legal y de defensa del Proyecto Sur cuando el gobierno anunció el cierre de la cárcel.

El secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, dijo en esa ocasión que cualquier individuo que Estados Unidos considere que debe permanecer detenido, será trasladado a otra instalación (que no sea Irwin o North Dartmouth.

“No toleraremos el maltrato de individuos detenidos por delitos civiles de inmigración ni condiciones de detención deficientes”, indicó.

El jefe de la seguridad nacional de Estados Unidos, además, dijo que dejar de usar las instalaciones es parte de una campaña para impulsar “mejoras duraderas’ en un sistema de detención que, según afirman desde hace mucho los defensores de los derechos de los inmigrantes, retiene durante demasiado tiempo y en condiciones inadecuadas a personas por delitos civiles de inmigración, dijo The Associated Press.

Al 25 de julio ICE tenía una población de detenidos de 24,198 internos en centros ubicados en todo el país. El Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse, Nueva York, dice que al menos un 73% de los internos carecen de antecedentes criminales graves que los convierta en una amenaza a la seguridad pública o nacional de Estados Unidos.

En junio la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) dijo que la mayoría de los inmigrantes detenidos en cárceles de ICE no tienen acceso a un abogado, situación que los lleva a “enfrentar mayores riesgos de detención prolongada y deportación ilegal”.


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