Inmigración

"Por cada padre que no sea localizado un niño quedará huérfano": juez advierte las consecuencias de fallar en la reunificación

La ACLU demandó en junio para detener la política de 'tolerancia cero' en la frontera. Tras la orden del juez federal Dana Sabraw de reunificar las familias separadas, el gobierno no ha cumplido todos los plazos y todavía no explica su plan para hacerlo. Esto tendrá graves consecuencias y el magistrado que lleva el caso lo califica de "inaceptable".
3 Ago 2018 – 8:30 AM EDT

Esta semana se venció el plazo para que el gobierno de Donald Trump entregara a una corte federal del sur de California una lista con los nombres de unos 600 menores separados de sus padres en la frontera. Igual que con el plazo de la reunificación de todas las familias, este tampoco se cumplió.

El juez federal Dana Sabraw también exigió a la administración entregar un plan detallado acerca de cómo iba a hacer para reunificar a los niños que faltan. Esto no ha ocurrido y hasta ahora sigue sin ser detallado.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) demandó en junio al gobierno para que detuviera la política de 'tolerancia cero' en la frontera. En respuesta, la corte presidida por Sabraw dio un plazo de entre 14 y 30 días para reunificar a la totalidad de las familias separadas.

El magistrado tuvo este viernes una audiencia telefónica con los abogados de ambas partes, en la que calificó de "inaceptable" que el gobierno solo haya logrado contactar a una docena de padres deportados o liberados sin sus hijos.

Fue precisamente por esa razón que la corte exigió un plan a la administración Trump, en el que explicara cómo volvería a reunir a estas familias, teniendo en cuenta que algunos de los padres fueron deportados tras haberles arrebatado a sus hijos, quienes ahora están solos en centros para menores en diferentes estados.

Gobierno le tira la pelota a ACLU

El gobierno federal le encargó esta semana la responsabilidad de la reunificación a la ACLU, solicitándole que utilice sus "considerables recursos" para hallar a los padres en sus países de origen, en especial Guatemala, El Salvador y Honduras.

La petición se encuentra contenida en un documento enviado por el Departamento de Justicia (DOJ) que fue presentado ante la corte. El escrito indica que el Departamento de Estado (DOS) ha iniciado conversaciones con gobiernos extranjeros para cooperar en esos esfuerzos.

El ultimátum del gobierno para entregar la lista de los padres separados de sus hijos venció este 1 de agosto. En total, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reconoció haber separado a 2,551 niños y adolescentes entre el 5 de mayo y el 9 de junio, entre ellos 103 menores de cinco años. Unos 580 todavía no han sido reunificados.

ACLU presentó también una demanda a nombre de padres que fueron divididos de sus familias en la que exhortó al gobierno a dar "pasos significativos y rápidos" para localizar a los adultos por sí solo.

"La parte acusadora ha dejado en claro que hará todo lo que pueda para ayudar a localizar a los padres deportados, pero hace énfasis en que a fin de cuentas el gobierno debe llevar la carga de encontrar a los padres", afirmó la ACLU en un documento. "No sólo fueron las prácticas inconstitucionales del gobierno las que generaron la crisis, sino que el gobierno de Estados Unidos tiene muchos más recursos" de los que dispone la organización de derechos civiles.

Un nuevo plazo

En la audiencia celebrada este viernes en San Diego, el juez Sabraw pidió que el gobierno designe a un "supervisor" y que explique de una vez por todas cómo va a ubicar a los padres deportados o liberados de más de 500 menores bajo su custodia.

"Por cada padre que no sea localizado un niño quedará permanentemente huérfano y eso es 100% responsabilidad de la administración", aseveró el magistrado durante la vista judicial telefónica.

Sabraw refirió que es obligación del gobierno reunificar a todas las familias que separó en la frontera, aunque estuvo de acuerdo con que ACLU colabore con sus recursos para agilizar este proceso.

Para ello, sugirió que esta organización de derechos civiles designe un comité para ayudar en la localización de los 410 padres que ya no se encuentran en el país, a lo que los abogados replicaron que ya cuentan con un equipo de trabajo que lo hace en colaboración con asociaciones civiles y consulados de países de Centroamérica.

ACLU estima que el 95 % de los padres deportados se encuentran en Honduras y Guatemala.

Los abogados de esta organización insistieron en el pedido de que el gobierno entregue información más detallada sobre estos progenitores para así poder dar con el paradero de más padres, a lo que el juez pidió que estos datos se presenten a más tardar el próximo viernes.

"Cada día que el gobierno se guarda esta información es un día más de sufrimiento para estas familias", aseveró el abogado de ACLU Lee Gelernt, en declaraciones posteriores a la audiencia.

Sabraw adelantó que una vez que la administración detalle esta información se establecerá también un nuevo plazo para reunir a estas familias.

Gelernt destacó la firmeza mostrada por el magistrado y subrayó que se rehúse "a permitir que el gobierno se deslinde por este desorden que creó".


Información deficiente

Al 26 de julio, un total de 431 niños cuyos padres se encuentran fuera de Estados Unidos, permanecen bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

ACLU dijo que se requiere "cierto grado de trabajo detectivesco" para rastrear la información de contacto para los padres deportados, algunos de los cuales podrían estar ocultándose de los fiscales.


La tarea de la reunificación es larga por no existir un protocolo adecuado y rápido que facilite la interacción de las distintas agencias encargadas de este trabajo, según se desprende de entrevistas hechas por Univision Noticias a voluntarios de organizaciones que trabajan en estos procesos y brindan asistencia a los menores privados de libertad.

En algunos casos, la demora en las verificaciones de identidad de familiares dentro de Estados Unidos llevan a encierros prolongados, más allá del plazo fijado por el tribunal presidido por Sabraw.

ACLU también indicó que el gobierno proporcionó los domicilios en los países de origen en las bases de datos de las autoridades migratorias estadounidenses, pero sin información útil para unos 120 padres.

Otros domicilios tenían una utilidad limitada: por ejemplo, algunos decían "calle sin nombre" y había seis direcciones vinculadas con un niño hondureño, todas en la ciudad mexicana de San Luis Potosí.

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