La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles se apresta a asignar $14 millones de dólares que servirán como compensación económica a unos 18,500 inmigrantes que fueron detenidos ilegalmente, muchos de los cuales fueron deportados después que autoridades del Departamento del Alguacil los entregaron a las autoridades del Control de inmigración y Aduanas ( ICE) .
Los Ángeles compensará económicamente a cerca de 18,500 inmigrantes detenidos y deportados ilegalmente
Fue una práctica común entre 2010 y 2014 que los alguaciles le 'vendieran' a ICE información sobre los inmigrantes detenidos, a quienes se les denegaba el derecho a pagar una fianza. Tras una demanda colectiva ahora muchos de ellos tendrán derecho a una compensación económica.

En 2018, un juez federal dictaminó la inconstitucionalidad de las solicitudes de retención de inmigrantes por parte de los alguaciles, a petición de ICE, ocurridas entre 2010 y 2014, sobre la base de que denegaba de manera ilegal el pago de una fianza a las personas para recuperar su libertad.
El fallo del juez federal de distrito de Estados Unidos, André Birotte Jr., otorgó derecho a los demandantes representados por abogados de la Fundación Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del sur de California y otros grupos de derechos civiles, a recibir una compensación monetaria por los daños sufridos.

La demanda
La demanda fue presentada desde 2012 durante el mandato del exalguacil Lery Baca, y cuando el fallo fue revelado, el entonces alguacil Jim McDonnell declaró que la demanda obedecía “a prácticas pasadas”.
“El Departamento no detiene a ningún preso más allá de su fecha de liberación normal, independientemente de si hay o no una orden de retención válida de ICE”, dijo en aquel tiempo, Nicole Nishida, exportavoz del LASD. “Esta ha sido la práctica estándar desde 2014”.
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En el presente, el nuevo jefe del alguacil, Alex Villanueva, quien reemplazó en 2018 a McDonnell, cumplió su compromiso de retirar al personal de ICE de las cárceles del condado y no entregar a los inmigrantes para la deportación.
¨"Yo también acabé con la práctica del condado que vendía la información de los presos a las autoridades de inmigración; ellos recibieron $122 millones entre 2005 y 2018 por 'vender' a los inmigrantes", dijo Villanueva a Univision Noticias. "Tan solo en 2018 recibieron $13.7 millones por esa práctica".
Incierto el número de deportados
“Creo que unas 18,500 personas en total fueron afectadas”, declaró a Univision Noticias la abogada de ACLU del sur de California, Jennie Pasquarella. “Desafortunadamente no tenemos manera de saber cuántos de ellos fueron deportados a México, Centroamérica y otros países”.
La abogada señaló que, con el dinero “se podrá recuperar parte de todos los daños sufridos por los inmigrantes, a causa de la cooperación que ha brindado el condado de Los Ángeles a ICE”, dijo. “Yo espero que, con este acuerdo, el condado de Los Ángeles ya no siga violando los derechos civiles de las personas con este tipo de políticas en el futuro”.
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A quiénes beneficia
La ACLU dijo en su página digital que las personas favorecidas con el fallo deben demostrar que fueron detenidos (tras una orden o ‘detainer’ emitida por la Oficina de Inmigración y Aduanas -ICE-) por la oficina del Alguacil de los Ángeles entre octubre de 2010 y junio de 2014.
“Si es así, tal vez sea un miembro del grupo (afectado que participa en la demanda) y, en última instancia, tenga derecho a una compensación monetaria por detención ilegal”, agrega.
El grupo de derechos civiles indica que, si el inmigrante fue detenido dentro de esas fechas por el Alguacil de Los Ángeles, “ debe registrarse lo antes posible para que podamos determinar si es un miembro de la clase y asegurarnos de que se le notifique si el Departamento del Alguacil le debe dinero”.
La moratoria
En abril, en respuesta a la pandemia del coronavirus, el alguacil Villanueva implementó una moratoria sobre las transferencias de los reclusos a ICE.
Desde entonces, esa prohibición ya es permanente. Los reclusos serán transferidos exclusivamente si de por medio hay una orden judicial, pero no cuando haya solo una orden civil de detención que provenga de las autoridades de inmigración.
La decisión de 2018 emitida en Roy contra el condado de Los Ángeles y Gonzalez v. ICE responsabilizó al departamento del alguacil por violar la Cuarta Enmienda respecto a los derechos de los reclusos sin causa probable de delito alguno, incluidos algunos que estuvieron detenidos varios días después de que deberían haber sido liberados.
En la comisión de esas prácticas, el Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles también fue acusado de encarcelar ilegalmente a personas a quienes no se les permitió pagar una fianza para recuperar su libertad y pelear desde afuera sus casos.
Detenido tres meses sin derecho a fianza
La Junta de Supervisores considerará el pago en la demanda de Roy, entablaba desde octubre de 2012 por el cineasta británico Duncan Roy, quien alegó haber sido encarcelado por casi tres meses sin que le ofrecieran la oportunidad de pagar una fianza. El pago deberá ser aprobado en uno o dos meses por el juez André Birotte Jr.
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“Ya se habían tardado demasiado en dar una resolución a esa mancha en el comportamiento de las fuerzas del orden, en especial los alguaciles de Los Angeles”, dijo a Univision Noticias, Juan José Gutiérrez, director ejecutivo de la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes. “Los alguaciles retenían de forma injustificada a las personas y las entregaban a inmigración alegando que eran delincuentes peligrosos, pero luego se descubrió que los deportados eran personas inocentes que no habían cometido delitos graves”.
Salvador Sanabria, presidente de la organización defensora de inmigrantes El Rescate, dijo a Univision Noticias que el acuerdo “es una reivindicación para aquellos que fueron afectados por esa política de colaboración entre el condado de Los Ángeles y los centros de detención de ICE”.
Alex Pons, portavoz de la oficina del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la oficina del ICE en Los Ángeles no estuvo disponible para un comentario.
Los inmigrantes que fueron deportados entre 2010 y 2014 desde la cárcel del condado de Los Ángeles podrán reclamar una compensación económica por daños, registrándose con la ACLU.








