Por qué los indocumentados tropiezan cada vez con más obstáculos para acceder a la atención médica en EEUU

"¿Puede hablarme de la atención oncológica a los indocumentados?", le pregunté a Henry durante una entrevista. Era un médico que trabajaba como voluntario en una clínica comunitaria destinada exclusivamente a inmigrantes indocumentados con bajos ingresos.

En este artículo utilizo seudónimos para proteger la identidad de los inmigrantes.

"Es mala", dijo Henry. "No hay atención oncológica para los indocumentados. Simplemente no existe en su mayor parte. Se mueren de cáncer. Y punto".

"¿Y adónde van a ser tratados?", pregunté.

"No lo hacen", responde solemnemente. "O vuelven a sus países de origen o simplemente viven con ello hasta que mueren. Eso es lo que ocurre".

Como sociólogo médico y experto en disparidades en la atención sanitaria entre no ciudadanos y ciudadanos, mi investigación explora las muchas formas en que chocan la atención sanitaria y la inmigración.

Aunque la mayoría de los inmigrantes tienen algún tipo de documento legal, como pasaportes, visados y carnés de identidad, en este artículo utilizo el término "indocumentados" para referirme a aquellos cuyos documentos han caducado, no son válidos o no existen. Creo que el término es útil porque capta una mayor sensación de inseguridad e inestabilidad a la que muchos inmigrantes se enfrentan en su vida cotidiana.

Según estimaciones del Migration Policy Institute, en Estados Unidos viven más de 11 millones de inmigrantes indocumentados, muchos de los cuales no tienen derecho a cobertura sanitaria. Aunque algunos estados están trabajando para hacer frente a esta situación, los inmigrantes indocumentados siguen siendo una de las mayores poblaciones sin seguro médico del país.

Para los inmigrantes indocumentados con bajos ingresos, navegar por el sistema sanitario estadounidense conlleva una serie de riesgos, retos y consecuencias que a menudo les hacen enfermar más. Mi investigación pretende arrojar luz sobre estas experiencias.

Prefieren no ir a un hospital por temor a que descubran su situación migratoria

En un artículo publicado en 2020 en la revista Journal of Health and Social Behavior, las sociólogas Andrea Gómez Cervantes y Cecilia Menjívar contaron la historia de una mexicana indocumentada de 30 años, a la que llamaron Amelia, que tenía miedo de llevar a su marido al hospital para que le atendieran. Durante una entrevista con las investigadoras, Amelia dijo que temía que el hospital comprobara su situación migratoria.

"Decidimos que, cuando enfermamos, es mejor no ir [al hospital]", dijo Amelia a los investigadores. "Nos curamos solos, nos curamos en casa, o íbamos a la tienda mexicana preguntando por medicinas que conocíamos de México o de aquí en las tiendas".

Una política de inmigración restrictiva y un ferviente ambiente antiinmigración crean lo que los estudiosos de la inmigración denominan "efectos amedrentadores" para los inmigrantes indocumentados. Hace que espacios seguros como hospitales y clínicas se sientan inseguros. Por temor a que los profesionales de la salud les delaten por su situación legal, muchos inmigrantes deciden renunciar por completo a recibir atención médica.

Según el National Immigration Law Center, la mayoría de los profesionales de la salud no están obligados a preguntar por la situación legal de sus pacientes. Legalmente, se supone que las instituciones sanitarias y de inmigración funcionan por separado, pero esto podría cambiar.

Por ejemplo, a principios de mayo de 2023, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó el proyecto de ley 1718 del Senado, que, entre otras cosas, obliga a los hospitales a preguntar a sus pacientes por su situación migratoria... Aunque los inmigrantes tendrán la opción de "negarse a contestar", es probable que las preguntas sobre el estatus legal sean suficientes para disuadir a muchos de buscar atención médica. Aún está por determinar si otros estados seguirán su ejemplo.

Sin documento de identidad se les niega la atención médica a los inmigrantes

Adrián, un mexicano indocumentado, necesitaba ver a un médico para que le programara una operación de hernia. Entregó su documento de identidad -una tarjeta de identificación consular expedida por el gobierno mexicano- y su tarjeta del seguro al personal de facturación, que le respondió con una sonrisa y le indicó la sala de espera: "Le llamarán enseguida".

La operación de Adrián estaba programada para esa misma tarde.

Ese mismo día, Rodney, un hondureño indocumentado, llegó a otra clínica, también necesitado de una operación de hernia. Sin embargo, había dos cosas que diferenciaban a Rodney de Adrián. La primera era que el dolor de Rodney era mucho más intenso. Los pequeños movimientos le provocaban fuertes dolores en el abdomen y, si se esforzaba demasiado, podía estrangularse los intestinos, lo que le cortaría el flujo sanguíneo y le causaría la muerte. La segunda diferencia era que Rodney no llevaba identificación.

"Lo siento", dijo el empleado. "Sin identificación, no puedo registrarle".

Desanimado, Rodney salió de la clínica con una mano apretada contra el estómago. El dolor continuó y empezó el juego de la espera.

Al igual que otros inmigrantes indocumentados de bajos ingresos sin carné de identidad, Rodney no podía acceder legalmente a un médico de atención primaria ni obtener una derivación para solucionar quirúrgicamente su hernia. Esto significaba que Rodney no tenía más remedio que esperar a que su hernia se convirtiera en una situación potencialmente mortal, momento en el que tendría derecho a recibir atención de emergencia en virtud de la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo Activo de 1986.

El caso de Rodney fue uno de los muchos que surgieron en mi estudio sobre cómo los inmigrantes indocumentados con bajos ingresos navegan por el sistema sanitario actual. La comprobación de la documentación es una práctica rutinaria en los centros médicos. Para los profesionales de la salud, los documentos de identidad son necesarios para las solicitudes de reembolso médico.

Cuando los inmigrantes indocumentados no pueden presentar un documento de identidad, a menudo se les deniega la asistencia y comienzan una trayectoria de sufrimiento exacerbado. Para algunos, esto significa que sus necesidades de cuidados a largo plazo quedan relegadas a residencias privadas de cuidados personales sin acreditación médica. Para otros, esto significa un juego de espera involuntaria en el que, para muchos, la muerte parece la única salida posible.

Con el sistema actual, la atención de urgencia solo es posible para los inmigrantes indocumentados con bajos ingresos y sin documento de identidad cuando sus cuerpos fallan. Para Rodney, la atención solo era posible si dejaba que su hernia empeorara. En otro caso de mi estudio, Pedro, un mexicano indocumentado con una anomalía en el tracto urinario, tuvo que esperar a que sus riñones dejaran de funcionar por completo para poder acudir a urgencias.

"Estoy cansado", me dijo Pedro. "Esperando todo el tiempo. Y ahora, estoy esperando a morir".

Los profesionales de la salud juran "no hacer daño", pero cuando se trata de la atención sanitaria a inmigrantes, el sistema está configurado de tal forma que legalmente les impide "hacer el bien".

La 'deportación médica': cuando envían a inmigrantes enfermos a otros países

La jurista Lori Nessel comenzó su artículo en el Indiana Journal of Global Legal Studies con la historia de un trabajador de la construcción mexicano indocumentado de 20 años al que llamó Quelino. Tras caer accidentalmente al suelo desde más de 20 pies (6 metros) de altura, Quelino estuvo en coma durante tres días y se despertó con graves lesiones en la columna vertebral. El hospital trató a Quelino durante unos meses, pero no pudo solicitar el reembolso de los cuidados continuados debido a su situación legal.

Justo antes de Navidad, y sin obtener el consentimiento de Quelino ni notificarlo al consulado mexicano, el hospital embarcó a Quelino en un avión privado con destino a un hospital mexicano mal equipado para atenderle. Tras un año de sufrimiento en este hospital, Quelino murió.

Quelino experimentó lo que los estudiosos de la inmigración llaman 'deportación médica'. También conocida como 'repatriación médica', la deportación médica se refiere a la práctica de trasladar a la fuerza a pacientes indocumentados, sin seguro y con bajos ingresos a otros países, a menudo sin su consentimiento.

Aunque el término 'deportación' podría sugerir la participación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, los agentes de la Patrulla Fronteriza no participan en la deportación médica. Los hospitales facilitan la deportación médica sin ninguna supervisión gubernamental.

La Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo Activo de 1986 obliga a los hospitales a tratar a todo el mundo -ciudadanos y no ciudadanos- en casos de emergencia. Una vez estabilizados los pacientes, la ley también exige a los hospitales que trasladen o den el alta a los pacientes a centros médicos "apropiados". Los hospitales quieren hacer esto rápidamente porque no se les reembolsa la atención posterior a la emergencia. La atención continuada es cara, y el hecho de que los inmigrantes indocumentados no tengan derecho a cobertura sanitaria hace casi imposible que puedan cubrir los costes.

En consecuencia, los hospitales -reconociendo que es más barato trasladar a los inmigrantes indocumentados con bajos ingresos a otro país que seguir atendiéndolos en sus propias instalaciones- firman deportaciones médicas para ahorrar dinero. Esto les ocurre a cientos, si no miles, de inmigrantes, según la socióloga Lisa Sun-Hee Park, de la Universidad de California en Santa Bárbara.

Así es hoy la atención sanitaria a los inmigrantes.

* Anthony Jimenez es profesor asistente del Departamento de Sociología y Antropología del Rochester Institute of Technology.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el artículo original.