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Denuncian que nueva regla de apelaciones amenaza con convertir la Corte de Inmigración en una instancia de "condena"

La nueva norma anunciada por el Departamento de Justicia le resta poder a los jueces de inmigración y concede al director de la Corte de Inmigración, un cargo polìtico, poderes extraordinarios para cambiar fallos y ordenar la expulsión inmediata de extranjeros
31 Ago 2020 – 02:49 PM EDT
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Una nueva regla anunciada la semana pasada por el Departamento de Justicia (DOJ) ha vuelto a mostrar un plan que en 2018 barajó el entonces fiscal general Jeff Sessions, que en resumen buscó limitar el poder de los jueces de inmigración para acelerar las deportaciones.

En ese entonces Sessions firmó una orden provisional que estableció el estándar de “buena causa” para que los jueces pospongan o cancelen un proceso de deportación. La medida puso en peligro miles de casos cuyos titulares llevan años viviendo en el país.

Un año más tarde, una corte de apelaciones devolvió a los jueces de inmigración de cuatro estados el poder para cerrar administrativamente casos de deportación. Y también a los integrantes de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA).

Sessions era de la opinión que en los juicios de deportación nada debía interponerse en el objetivo del proceso, es decir la expulsión del extranjero sometido a las leyes de inmigración. Los abogados alegaron que el gobierno estaba socavando el debido proceso al no contemplar el alcance y efectividad de una defensa.

El siguiente paso

En agosto del año pasado el DOJ pidió a la Autoridad Federal de Relaciones Laborales (FLRA) que descertifique al Sindicato Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ), una maniobra que tenía como objetivo “silenciar a una organización cuyos miembros a veces han sido abiertamente críticos de la agenda de aplicación de la ley de inmigración del gobierno”, reportó en ese momento el diario The New York Times.

Un año más tarde, la FLRA le propinó un duro golpe a las aspiraciones del gobierno al determinar que los jueces de inmigración tienen plenos derechos laborales, decisión que les permite permanecer sindicalizados y ejercer conforme dicta el debido proceso migratorio y no obedecer órdenes del fiscal general.

“El intento del DOJ no tiene mérito”, dijo la NAIJ tras conocer la decisión.

El gobierno, no conforme con el dictamen, publicó entonces un nuevo reglamento que, de entrar en vigor, podría convertirse en una nueva herramienta de la política de ‘tolerancia cero’ para acelerar la deportación de inmigrantes.

En resumen, la propuesta enmienda regulaciones emitidas por Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) “con respecto al manejo de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA)” otorgándole al director de la Corte de Inmigración “poderes extraordinarios de adjudicación” sobre apelaciones y lo autoriza a revertir fallos. “Y otra serie de modificaciones que dañan el debido proceso”, dice Rebeca Sánchez-Roig, una abogada de inmigración que ejerce en Miami (Florida) y durante más de 15 años ejerció como Fiscal de Inmigración del DOJ.

“Malas noticias”

“Todas las noticias son malas con esta propuesta”, advierte Sánchez-Roig. Se ser aprobada la norma final, “reformaría los procesos de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) y eliminaría las garantías del debido proceso con el objetivo de acelerar las deportaciones; o sea deportaciones a chorro” (cohete).

La nueva iniciativa otorga al director de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, Corte de Inmigración) “un designado político, poder extraordinario de adjudicación sobre las apelaciones y lo autoriza a revertir, por sí solo, las decisiones del BIA si lo solicita un juez de inmigración”, explica la abogada.

“El resultado de esta propuesta de regulación, que tiene 88 páginas, es deprimente. Le concede amplios poderes a un burócrata, a un político seleccionado por el gobierno coloca entre sus manos poder e independencia para tomar decisiones rápidas, vertiginosas en sacrificio del debido proceso”, añade.

Los abogados advierten que el nuevo reglamento, además de desmantelar el proceso de apelaciones, restringirá formalmente cuándo los jueces de inmigración y los miembros de BIA pueden pausar temporalmente procedimientos de menor prioridad.

Es decir, que los jueces utilicen su poder para ordenar el cierre administrativo de un caso, algo que en 29018 intentó Sessions pero las cortes lo rechazaron.

Poder clave

La capacidad de cerrar un caso “se trata de una autoridad fundamental y necesaria para que los jueces puedan administrar eficazmente sus procesos”, dice Sánchez.

“En este momento dos tribunales federales han rechazado los análisis de Sessions y han revocado sus decisiones”, añade.

Aunque Sessions fue despedido en 2018, varias de sus decisiones siguen vigentes y otras permanecen en litigio en los tribunales de justicia.

Además de imitar el poder de los jueces de inmigración, la nueva regla también pone estrictos límites de tiempo sobre la duración de las apelaciones en los tribunales de inmigración decididos por el BIA, acorta los plazos de presentación y
limita la capacidad de los miembros del BIA para revisar nueva evidencia en un proceso de apelación o audiencia para reabrir un caso.

“También refuerza la autoridad otorgada a la BIA, incluso permitiendo que esta instancia dicte o emita órdenes de deportación o de salida voluntaria en lugar de devolverle los casos a los jueces de inmigración para sean ellos quienes tom en las decisiones”, precisa Sánchez-Roig.

Incluso, como medida de presión, la regla propone un límite de 335 días para el proceso de apelación, plazo que los abogados consideran como una presión extra para acelerar las deportaciones.

En la actualidad las cortes de inmigración tienen acumulados más de 1.2 millones de casos y en promedio cada expediente demora unos 3.9 años en ser resuelto.

Si se agota el plazo señalado, será el director de la EOIR quien decidirá el caso, indica el nuevo reglamento.

Sánchez dijo que la norma publicada por el gobierno se trata de un “robo de poder” a los jueces de inmigración.

La regla tiene un plazo de opinión del público de 30 días que vencen el 25 de septiembre.

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