La Corte Suprema de Justicia anunció este lunes que considerará en el próximo período de sesiones 2021-2022 si dos casos de inmigrantes indocumentados detenidos por más de seis meses tienen derecho a una audiencia de fianza.
Corte Suprema considerará si indocumentados detenidos más de 6 meses tienen derecho a una audiencia de fianza
La Corte Suprema de Justicia anunció este lunes que considerará en el próximo período de sesiones 2021-2022 si dos casos de inmigrantes indocumentados detenidos por más de seis meses tienen derecho a una audiencia de fianza. Ambos no ciudadanos afirmaron tener un temor creíble de persecución en su país de origen.

En ambos casos, los inmigrantes identificados como Esteban González y Antonio Arteaga-Martínez, ingresaron ilegalmente a Estados Unidos, fueron detenidos, puestos en proceso de deportación y afirmaron tener un temor creíble de persecución en su país de origen: México.
La decisión del máximo tribunal de justicia ocurre cas dos meses después que los magistrados decidieran, en un fallo 6-3, que los inmigrantes deportados que regresan indocumentados al país no podrán pedir una fianza y deben permanecer detenidos mientras se revisan sus casos, y podrán ser deportados de manera expedita (expedited removal).
La sentencia determinó que los no ciudadanos deportados que enfrentan nuevamente la deportación pueden ser detenidos indefinidamente.
The Supreme Court just added two immigration cases to next term's docket. Both involve whether certain noncitizens in immigration detention for 6+ months are entitled to a bond hearing. The court also ordered briefing on an important jurisdictional question in one of the cases. https://t.co/iekpdY2V8D pic.twitter.com/4akLE79NSo
— SCOTUSblog (@SCOTUSblog) August 23, 2021
Fallo anterior
En junio el juez Samuel Alito, quien escribió la opinión de la corte en el caso Johnson v. Guzmán Sánchez, opinó que tiene sentido el no permitir que las personas que han sido busquen la libertad bajo fianza.
Alito indicó además que los indocumentados que regresaron al país ilegalmente después de ser deportados, “han demostrado su voluntad de violar los términos de una orden de deportación y, por lo tanto, pueden ser menos probable que cumpla con la orden restablecida".
“Concluimos (…) que los esos extranjeros no tienen derecho a una audiencia de fianza mientras persiguen la retención de deportación”, escribió.
Abogados consultados por Univision Noticias señalaron que el regreso indocumentado al país tras haber sido expulsado constituye una falta grave.
“Les cae encima la Ley del Castigo”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida). "Si la persona vuelve a entrar a Estados Unidos sin previamente haber sido autorizado por inmigración, tendrá un castigo de por vida".
"La única excepción es que permanezca físicamente fuera del país por 10 años y luego se le otorgue un perdón para poder regesar", indicó.
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Los casos
González, de acuerdo con documentos judiciales, se trata de un ciudadano mexicano quien fue deportado y luego volvió a ingresar al país ilegalmente. Las autoridades de inmigración hallaron que el inmigrante tenía un temor razonable de persecución en su país de origen, pero fue detenido.
Tras pedir a un juez de inmigración en California que revisara su orden de expulsión, el tribunal falló en su contra.
Por su parte, Arteaga-Martínez, también originario de México, había admitido que entró ilegalmente a Estadios Unidos “en cuatro ocasiones", según la fiscalía.
La Corte Suprema dijo que revisaría ambos casos para determinar si un extranjero con una orden de deportación luego de haber sido deportado con anterioridad tiene derecho a salir en libertad bajo fianza mientras su caso es resuelto por el tribunal.
Revisión paralela
La Corte Suprema también tendrá revisará si la ley federal permite a los tribunales jurisdicciones conceder medidas cautelares a los miembros de una clase en un litigio colectivo.
El temor o miedo creíbl se refiere a personas que no son ciudadanas de Estados Unidos y temen ser deportados a sus países de origen, donde pueden ser torturadas o perseguidas y sus vidas corren peligro.
En febrero de 2018 la Corte Suprema estableció que los inmigrantes detenidos, ya sean indocumentados o residentes legales acusados de delitos mayores, no tienen derecho a solicitar su libertad bajo fianza luego de seis meses detenidos, ni una audiencia de fianza cada seis meses (si continúan presos) tal como establece la Constitución para los estadounidenses.
Esta medida afecta también a los solicitantes de asilo que aguardan la resolución de sus casos privados de libertad.
El máximo tribunal de Justicia respondió así a un caso de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, en la que un residente, identificado como Alejandro Rodríguez fue detenido para ser deportado acusado de posesión de drogas y uso de un vehículo robado (joyriding). Rodríguez estuvo detenido durante tres años, sin fianza, hasta que pudo salir y finalmente ganó su caso.


















