Cambian reglamento: Menores inmigrantes embarazadas bajo custodia federal podrán acceder a un aborto

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) de Estados Unidos difundió este martes un reglamento en el que establece que no se podrá interferir en el acceso de las menores inmigrantes bajo su custodia a un procedimiento de aborto.

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Derivado de un litigio de tres años con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) de Estados Unidos difundió este martes un nuevo reglamento en el acredita que no se puede interferir en el acceso de las menores inmigrantes bajo su custodia a un procedimiento de aborto.

La ACLU se dijo satisfecha de esta resolución, luego de una orden judicial emitida por un tribunal que provocó este cambió de política de la ORR y de la administración Trump, que se había negado a otorgar este acceso.

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El organismo señaló que si la menor inmigrante no acompañada obtiene una disposición judicial para que un médico pueda practicarle un aborto no “emprenderá acciones” para interrumpir este proceso, de acuerdo con EFE.


El Departamento de Justicia también acordó pagar 336,710 dólares a la ACLU para cubrir sus honorarios legales en el caso.

Este nuevo reglamento también indica que ningún miembro del personal de la ORR puede revelar si una menor está embarazada o busca someterse a un aborto, con excepción de las situaciones de emergencia.

“Después de tres años de batallar en los tribunales junto a mujeres valientes, nos alivia que el gobierno finalmente abandonara sus intentos de impedir que las jóvenes bajo su custodia accedan al aborto”, dijo Brigitte Amiri, subdirectora del Proyecto de Libertad Reproductiva de la ACLU, a través de un comunicado, aunque aclaró que la salud y seguridad de estas menores “todavía están muy en juego".


A pesar de la apertura, el reglamento aclara que si un médico “busca el consentimiento de la ORR o del personal de su proveedor de atención para realizar un aborto”, la política sigue siendo que ni esa entidad “ni el proveedor de atención pueden dar su consentimiento".

Este caso comenzó en octubre de 2017, cuando la ACLU presentó una demanda de emergencia en nombre de una joven de 17 años que estaba detenida en un refugio en el sur de Texas con 15 semanas de embarazo tras haber estado, durante más de un mes, tratando de practicarse un aborto, encontrándose con la negativa del personal debido a la pasada política de la agencia, según Buzzfeed News.


Los abogados señalaban que la joven -que se enteró de su embarazo después de ser ingresada- se quedaba sin tiempo para poder someterse a aborto, debido que Texas prohíbe este procedimiento luego de las 20 semanas de gestación y que la obligaron a recibir asesoría en un “centro de crisis de embarazo” de índole religiosa.

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Al final, la jueza de distrito estadounidense Tanya Chutkan ordenó que se le permitiera a Doe abortar. Esto provocó que varias adolescentes presentaran demandas similares, lo que generó una demanda colectiva en nombre de todos ellos en marzo de 2018.

La chica, citada en el mismo comunicado de la ACLU, aseveró sentirse “muy contenta de saber que lo que me pasó a mí nunca le pasará a nadie más”.

El aborto es legal en Estados Unidos desde 1973, cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional cualquier interferencia del estado en la decisión de la mujer sobre su embarazo. A pesar de esto, movimientos ultraconservadores y miembros del partido Republicano han intentado restringir o directamente prohibir este derecho en los últimos años.