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Inmigrantes indocumentados

Un 50% más: la decisión de reabrir casos de deportación eleva a más de un millón los expedientes en las cortes

A los 697,777 casos de inmigración sin resolver en los tribunales al 31 de marzo, hay que sumar más de 350,000 casos que habían sido cerrados administrativamente, pero que el gobierno ordenó reabrir.
21 May 2018 – 04:22 PM EDT
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La decisión del fiscal general, Jeff Sessions, anunciada la semana pasada de prohibir a los jueces archivar casos de deportaciones de inmigrantes sin antecedentes criminales y buscar nuevas fechas de sus casos en los tribunales, provocó un problema cuyas consecuencias no se conocerán de inmediato.

Sessions dijo que el “cierre administrativo”, un procedimiento discrecional que se hace desde 1980, carece de base legal, un argumento que de inmediato fue criticado por abogados y jueces.

Y junto con la preocupación respecto a la cancelación de este importante beneficio, se suma el grave atasco que, a partir de ahora, enfrentan las cortes de inmigración.

Un reporte de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), al que tuvo acceso Univision Noticias, revela que al 31 de marzo de este año los tribunales de inmigración tenían 697,777 casos acumulados.

De los casos de deportación cerrados administrativamente y que Sessions ordenó reabrir, el EOIR dijo que al 31 de marzo había 352,159, cerca de un 50% más. Es decir, a partir de ahora los tribunales acumulan una nueva cifra histórica: 1.049,936 casos.

Futuro incierto

“Hay más casos en los tribunales migratorios y Sessions ha contratado a más jueces y está acelerando los expedientes, sobre todo en la frontera. Pero por ahora no conocemos si está está funcionando. Hay que esperar a que pase el tiempo para procesar”, explica Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona y colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias.

“Es difícil evaluar en estos momentos”, agrega. “Ellos (el gobierno) están tratando de hacer todo más rápido, presionando. Pero no hay, por el momento, maneras de conocer el resultado de estas medidas”, subraya.

“Los casos que deben ser reabiertos serán aquellos a quienes les llegue una notificación del Departamento de Justicia”, añade Hernández. “Si es el caso, deberá ir con su abogado y tener en cuenta que los casos volverán a ser vistos desde el momento en que fueron cancelados administrativamente por los jueces de inmigración”, afirma.

Problema grave

Las cifras de casos acumulados en los tribunales migratorios son más graves de lo previsto. “La situación creada por Sessions con su negativa antiinmigrante es una decisión seria”, advierte Rebeca Sánchez-Roig, una abogada de inmigración que ejerce en Miami, Florida, y durante más de 15 años fungió como fiscal de inmigración en el Departamento de Justicia (DOJ).

“Él (Sessions) ha querido crear un ambiente de deportaciones rápidas sin preocuparse sobre cómo afectará el debido proceso o los derechos de los inmigrantes con su medida”, agrega. “No obstante, todos los casos no serán, ni podrán ser reabiertos. El sistema judicial no podrá soportar la ola de casos que resultarán de la decisión”.

Sánchez-Roig señala además que el mismo Sessions “reconoce que la reapertura de todos estos casos de forma inmediata probablemente abrumará a los tribunales y socavará la administración eficiente de la ley de inmigración”.

Es más, “Sessions mismo sabe que muchos casos no serán reabiertos dados los problemas logísticos que implican la decisión” anunciada la semana pasada, apunta.

Imposible de manejar

La exfiscal de inmigración advierte además que la logística de este proceso “abrumará a los tribunales, un sistema judicial que no está configurado, ni preparado para absorber de la noche a la mañana otros 352,936 casos. Ciertamente no podrán manejar más casos de los que ya tienen atascados”.

“No va a importar cuántos jueces más sean contratados o tribunales agregados al sistema para procesar casos, porque el número de expedientes siempre es un objetivo en movimiento. En otras palabras, cada día se añadirán nuevos casos al sistema de la corte de inmigración”, indica. “Y además, al mismo tiempo que aumente el número de casos que maneje un juez, aumentarán también los errores judiciales”.

Sánchez dijo que la decisión de Sessions golpea un sistema judicial “atrasado y atascado”, y teme que al final se “crearán mayores problemas de los que el fiscal general está resolviendo”.

Debido proceso

La decisión de Sessions de retirarle la capacidad a los jueces de cancelar un caso de deportación “afecta al debido proceso”, insiste Sánchez. “Se está tratando de manipular al tribunal creando un sistema donde los jueces ya no tienen independencia, y el gobierno piensas que puede salirse con la suya derogando los derechos de los inmigrantes. Con ello se está buscando ser demandado”.

Advierte que, a pesar de que el gobierno pretende aumentar el número de jueces, “eso no mejorará la situación. Además, no se trata sólo de jueces de inmigración. Si contrata nuevos jueces, también necesitará contratar personal y localizar o construir edificios, salas de audiencia, oficinas, equipos de trabajo, software, aplicaciones de computadoras, etcétera, para cada empleado. Eso requiere tiempo y dinero, y no es tan fácil. Estos procesos se demoran en el gobierno y pueden tomar años”.

Sánchez-Roig indicó además que “la independencia del poder judicial es extremadamente importante”. Y que cuando esta se ve amenazada “por el abuso de un funcionario para obtener resultado político, más apelaciones y pleitos serán generados, resultando en un proceso judicial más demorado”.

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